Por
AMYLKAR ACOSTA MEDINA www.amylkaracosta.net-
Miembro Numero ACCE
Como se
recordará, Air-e fue intervenida en septiembre del año pasado, a solicitud de
la propia empresa, motivada en su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de
caja. El objetivo, entonces, de la intervención era darle a Air-e la
solvencia, liquidez y flujo de caja requeridas, que le permitiera operar y
prestar el servicio de energía a sus 1.2 millones de usuarios en las
condiciones de eficiencia, calidad, continuidad y equidad establecidas en la
Ley eléctrica (143 de 1994).
Pero ello no se
ha dado. El solo hecho de que en 9 meses hayan desfilado por la Gerencia de Air
- e 4 agentes interventores nombrados por la Superintendencia es una pésima
señal, porque no se garantiza ni estabilidad ni continuidad en la gestión
administrativa.
La deuda de Air-
e con las generadoras de energía, desde la intervención, al corte de mayo, por
energía contratada es de $2.5 billones. El Ministerio de Hacienda, gracias a la
presión ejercida por los organismos de control (CGR y PGN), accedió a girar
recientemente $1.5 billones para abonarle a las empresas comercializadoras lo
correspondiente a la deuda de los subsidios al consumo de energía de los
estratos 1,2 y 3 con corte a diciembre 31 del año anterior.
De esa suma le
ingresaron solo $233.100 millones a Air - e. Huelga decir que sigue
pendiente la deuda por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo a la fecha
es de $3.3 billones!
Tanto el
Ministro de Minas y Energía Edwin Palma y ex agente interventor como la saliente Agente interventora Diana
Bustamante le urgieron al Superintendente Yanod Márquez la inyección de
recursos para evitar que la empresa colapse. “un 'salvavidas financiero'
para poder cumplir con las obligaciones con las generadoras y proveedores”, le
pidió Bustamante e insistió en que “esperamos la urgente intervención de la
Superservicios para que se garanticen los dineros que se requieren para las
generadoras y proveedores. Por un lado, está la energía que requerimos para
distribuir y por otro los materiales para la operación de la empresa”.
Por su parte el
Ministro Palma le planteó, a comienzos del mes de mayo, que “sin un respaldo
económico podría haber un apagón. Según el documento, si el fondo empresarial
de la Superintendencia no respalda financieramente a Air-e, la operación de la
compañía se volvería inviable, lo que podría provocar un apagón en Atlántico,
Magdalena y La Guajira.
También señala
que las medidas administrativas actuales no son suficientes”, por lo que
solicita a la Superintendencia tomar “los correctivos necesarios que permitan
el cumplimiento por parte de Air-e de sus obligaciones”, especialmente con los
generadores de energía, a quienes la empresa ya les debe 1,3 billones de pesos.
La respuesta del
Superintendente ha sido que el Fondo empresarial, que es el mecanismo que sirve
de conducto para darle solvencia, liquidez y caja a las empresas intervenidas,
estaba desfinanciado. Según él “la mayor responsabilidad mía no es conseguirle
plata a Air-e, eso no es cierto”. Y añadió: “este gobierno no tiene recursos y
si los dueños de la empresa tampoco tienen recursos estamos en problemas
bastante serios, porque a la superintendencia nadie le ha asignado unos
recursos, tampoco le han asignado una forma de conseguirlos ni garantías”.
Y fue más lejos
al advertir que a marzo de 2025, el Fondo Empresarial contaba con $416.500
millones, pero su saldo disponible es de apenas $167.000 millones. Estos
recursos deben cubrir deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas
intervenidas y pasivos por $2,2 billones de tres compañías en liquidación,
incluida Electricaribe. Dicho de otra manera, la Superintendencia se declara
insolvente y ante la imposibilidad de inyectarle a Air- e los recursos que
requiere. Su propuesta para salir de este embrollo es “la creación de una
nueva renta parafiscal es una de las medidas que viene analizando para
contar con recursos a través del Fondo empresarial para hacer frente al proceso
de intervención de la empresa air-e”. Es de anotar que la creación de esta
“nueva renta parafiscal” es competencia del Congreso de la República y su
aprobación en las actuales circunstancias políticas la vemos muy remota.
Y lo más
preocupante es que lo peor está por venir, porque a la amenaza en ciernes del
anunciado por los organismos de control de un apagón financiero, que puede dar
lugar a un efecto dominó que comprometa a toda la cadena, se viene a sumar
ahora el riesgo inminente operativo por falta de mantenimiento preventivo de
los equipos, las redes y los transformadores.
¡Razón para
pensar que estamos ante la posibilidad de que estos apagones se vuelvan
recurrentes en los tres departamentos en los que Air-e presta el servicio,
Atlántico, Magdalena y La Guajira!
Y, lo que es
peor, la perspectiva para este año en lo atinente a los subsidios es mucho más
sombría habida cuenta que en el Presupuesto general de la Nación decretado por
el Presidente Petro (Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024) sólo se apropió
en el rubro de subsidios de energía el monto correspondiente al primer
trimestre, dicho de otra manera, dicha partida es insuficiente para cubrir
los subsidios de los restantes tres trimestres.
En síntesis, la Superintendencia
de servicios públicos en lugar de ser parte de la solución se ha convertido en
el problema. Y lo más grave es que la situación por la que atraviesa Air - e es
solo la punta del iceberg y puede llegar a convertirse en la primera ficha en caer
de un efecto dominó que nos conduzca a una crisis sistémica, que arrastre
consigo a los demás eslabones de la cadena, ahora en la cuerda floja, mucho más
difícil de sortear!
