EL CARTEL MAS PELIGROSO DE COLOMBIA

 

Olvídese de Pablo Escobar. Olvídese del Clan del Golfo. El cartel más sofisticado, más impune y más letal que ha operado en Colombia no trafica cocaína: trafica sentencias. No usa sicarios con pistolas: usa magistrados con togas. Y lo más aterrador es que durante años operó desde el corazón mismo de la justicia colombiana, en los pasillos de mármol de la Corte Suprema, con maletines de dinero que entraban por la puerta de atrás mientras la ciega con balanza decoraba la fachada. Así lo detalla en un interesante articulo el portal de noticias CORRUPCION AL DIA.

La condena de 12 años de prisión contra JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y arquitecto del tristemente célebre Cartel de la Toga, es mucho más que una sentencia. Es la radiografía de un sistema que se pudrió desde adentro, con una precisión quirúrgica que ningún narcotraficante hubiera podido planear mejor. Y mientras usted pagaba sus impuestos, mientras los hospitales se caían a pedazos y las escuelas rurales se quedaban sin cuadernos, estos señores de la justicia cotizaban procesos judiciales como si fueran acciones en la bolsa.

Según la Fiscalía General de la Nación, han formado parte del cartel de la toga el entonces fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Leónidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, más conocido como Yayo, y Leonardo Pinilla, también conocido como "El Porcino"– se encargaron de alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en la CSJ utilizando información privilegiada de la Corte Suprema, la más alta institución de justicia en Colombia.^[

CÓMO SE VENDE LA JUSTICIA AL PESO

Agrega CORRUPCION AL DIA, en su artículo que el Ciclo Secreto de la corrupción judicial colombiana no es un accidente de la historia ni el desvío moral de un individuo perturbado. Es un sistema. Un engranaje finamente calibrado donde cada pieza sabe exactamente su función: el magistrado que recibe el maletín, el abogado litigante que hace de intermediario, el político imputado que paga por su libertad, y el sistema que mira hacia otro lado.

Según el fallo condenatorio, Bustos utilizó la presidencia de la corporación más alta de la justicia ordinaria colombiana para algo que ningún egresado de derecho aprende en los libros: cobrar por los resultados de las investigaciones. Políticos investigados, contratos millonarios de por medio, y una red de favores que convertía la toga en el disfraz perfecto para la impunidad. Lo que la ciencia política llama «captura del Estado» aquí tomó su forma más obscena: los propios captores eran quienes debían cuidar la jaula.

Y aquí opera el sesgo cognitivo que más le conviene a la corrupción: el sesgo del statu quo. Durante años, los colombianos asumimos que «así son las cosas«, que la justicia era lenta y torpe pero no corrupta en su cúpula, que los magistrados eran intocables por principio, no por complicidad. El Cartel de la Toga apostó a nuestra resignación, y durante demasiado tiempo, ganó la apuesta.

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS no actuó solo. Nunca actúan solos. El expediente del Cartel de la Toga es, en esencia, un directorio de la élite jurídica y política colombiana operando en modo depredador. Abogados de grandes firmas convertidos en corredores de sobornos. Políticos acorralados por la justicia que encontraron en la corrupción judicial su tabla de salvación. Y un expresidente de la Corte que, según la sala de primera instancia, lideró esta red con la misma naturalidad con que presidía audiencias solemnes.

Lo que revela la «Red Subterránea» que subyace a este caso es la existencia de lo que analistas de ciencia política denominan el Estado Profundo colombiano: una capa de intereses económicos, jurídicos y políticos que opera independientemente de quién gane las elecciones, que sobrevive a los gobiernos de turno, y que convierte la institucionalidad en un escudo para sus propios negocios. Cuando Bustos presidía la Corte Suprema, no representaba a la justicia colombiana. Representaba a quienes podían pagarla.

El dato que más debería indignarle: Bustos no está en Colombia. Se cree que se encuentra en Canadá. Qué conveniente. Doce años de sentencia, orden de captura internacional, circular roja de la Interpol, y el señor magistrado disfrutando de un exilio dorado mientras los procesos que vendió siguen haciendo daño. Porque eso es lo que no se dice en los titulares: las víctimas del Cartel de la Toga no son abstractas. Son los procesados inocentes que no pudieron pagar, los culpables que quedaron libres porque sí pudieron, y una sociedad entera que aprendió que la justicia tiene precio.

El hecho inocultable de que varios de los miembros del CARTEL DE LA TOGA tuvieran raices en Cartagena, explica como aquí los gobernantes o dictadores de turno, no reciben la acción de la justicia, ´porque tienen con que pagar a los jueces y fiscales necesarios segun su caso, para que les precluyan o archiven los procesos. Y en optros cazops lanzan a la justicia como perros rabiosos sobre los opositores y comntradictores.