La denuncia contra la contratista
de la Alcaldía de Cartagena, también se amplía a los delitos de extorsión y
abuso de autoridad
El
pasado 16 de febrero fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación una
denuncia penal contra Fany Dinora Pachón Rodríguez, contratista de la
Alcaldía de Cartagena y/o Secretaría del Interior, por la presunta comisión de
múltiples delitos que incluyen constreñimiento ilegal, extorsión, amenazas,
violación a la intimidad personal, abuso de autoridad y acoso sexual.
La
denuncia, que se suma a las ocho (8) que ya tiene en curso por diferentes
delitos, entre esos los de injuria, calumnia e interceptación de datos y
violación a la intimidad, presentada por el abogado Humberto de Jesús
Mercado Meza, describe un entramado de conductas que, según el escrito, no
se tratarían de hechos aislados, sino de un patrón sistemático de abuso de
poder. Los hechos habrían ocurrido en diferentes momentos y lugares,
principalmente en Cartagena y Bogotá, lo que dificulta precisar una fecha única
de comisión.
UN
ENTRAMADO DE DELITOS CON IMPACTO INSTITUCIONAL
El
documento sostiene que las acciones atribuidas a Pachón Rodríguez afectan
simultáneamente la libertad, el patrimonio, la seguridad, la intimidad y la
legalidad administrativa, lo que refuerza la gravedad del caso y exige una
investigación integral. La articulación de los delitos denunciados, según el
abogado, compromete no solo derechos individuales, sino también la confianza
ciudadana en las instituciones.
Uno
de los apartes más delicados de la denuncia señala que la funcionaria habría
utilizado sus influencias en la Secretaría del Interior
instrumentalizando al actual secretario Bruno Hernández con miras a conseguir
sus objetivos jurídicos entre los cuales están impulsar de forma prioritaria
las denuncias que tiene en contra del mencionado abogado.
Así
mismo, a través de dicha entidad distrital, obtener autorizaciones de
seminarios y eventos oficiales, en los que se facilitaba la presencia del
denunciante con gastos de viaje y hospedaje cubiertos. Este punto, de
comprobarse, podría configurar un uso indebido de recursos públicos y un
agravante en el presunto abuso de autoridad.
HECHOS
RELATADOS EN LA DENUNCIA
El
denunciante asegura haber sido objeto de amenazas, presiones y actos de
constreñimiento, incluyendo episodios en los que se le habrían tomado
fotografías sin consentimiento y situaciones en las que, según su relato, fue drogado
y despojado de información personal contenida en su teléfono móvil.
La
denuncia describe además un esquema de hostigamiento y manipulación, que
habría incluido seguimientos a familiares y exigencias bajo amenaza de difundir
información privada.
IMPLICACIONES
LEGALES
De
acuerdo con el Código Penal colombiano, las conductas denunciadas podrían
configurar delitos graves que, en concurso, agravan la responsabilidad penal de
la funcionaria. La Fiscalía deberá determinar si existe mérito para abrir una
investigación formal y establecer la veracidad de los hechos narrados.
UN
CASO QUE PONE EN JUEGO LA CONFIANZA INSTITUCIONAL
Más
allá de las acusaciones personales, el caso plantea interrogantes sobre el uso
de cargos públicos para fines particulares y la posible vulneración de la
legalidad administrativa. De confirmarse los hechos, se trataría de un caso que
trasciende lo individual y afecta directamente la credibilidad de la
administración pública en Cartagena.
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