Entre los organismos investigados aparecen
autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá,
Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería,
Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.
Con nuestro titular traducimos la situación denunciada por el propio Gobierno
Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de
Transporte, donde se abrió una investigación administrativa contra 37
organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos relacionados
con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de
tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.
Estos organismos de tránsito, han servido abiertamente para el
enriquecimiento de grupos mafiosos políticos, desde donde se contribuyen a la
financiación de muchas campañas. Las secretarías de transito se niegan siempre
a contestar los derechos de petición de los afectados, e incluso a otorgar el
paz y salvo de quienes pagan esas fotomultas, como el caso del municipio de
Arjona en Bolívar.
Las actuaciones adelantadas por la Superintendencia evidenciaron
posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios
establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de
Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de
desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito
indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.
DECLARACIONES DE LA MINISTRA DEL TRANSPORTE AL
RESPECTO
Durante la investigación se identificó que:
- 12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con
concepto de desempeño.
- 7 organismos operaron con conceptos expedidos a terceros.
- 18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber
iniciado la operación de los sistemas.
Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de
ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio,
Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y
Villa del Rosario, entre otros.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que esta actuación marca
un precedente histórico en defensa de los ciudadanos y la legalidad.
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden
convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se
cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que
paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los
derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra.
La Superintendencia de Transporte identificó además que los organismos
investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos
sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos
colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a
devolver estos recursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de
lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en
la Ley 2251 de 2022.
EL ABOGADO LITIGANTE HECTOR PEREZ, ENTREGA DETALLES
DE LA DEFENSA CONTRA ESTOS ABUSOS Y QUE HACER
Los organismos con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la
investigación son:
- Cali: 2,7 millones de comparendos.
- Medellín: más de 717 mil comparendos.
- Bogotá: cerca de 294 mil comparendos.
- Barranquilla: más de 131 mil comparendos.
Adicionalmente, 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados
quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de
tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de
ciudadanos.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló
que estas actuaciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el
respeto al debido proceso.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra
posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana.
Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos
técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, afirmó el
superintendente.
El Gobierno Nacional reiteró que continuará adelantando las actuaciones
administrativas necesarias para garantizar que los organismos de tránsito y los
sistemas de fotodetección operen bajo el estricto cumplimiento de la ley y con
total transparencia frente a los ciudadanos.
Dos casos conocidos y que
llaman la atención en el Norte de Bolívar porque pertenecen a la misma
organización, son:
Secretaria Municipal de
Transporte y Transito de Arjona, desde 27/02/19
Secretaria de Tránsito y
Transporte Municipal de Turbaco, desde 26/03/19
EL DEBIDO PROCESO
El debido
proceso en las fotomultas exige que las autoridades garanticen la defensa, la
presunción de inocencia y la responsabilidad individual del ciudadano. Para que
una sanción sea legal, la autoridad debe notificar al propietario del vehículo
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la validación del comparendo, y
demostrar quién iba conduciendo.
Para ejercer tus garantías constitucionales, ten en
cuenta los siguientes elementos clave:
- No existe responsabilidad solidaria: Gracias a
la Sentencia C-038 de la Corte
Constitucional, no se te puede obligar a pagar una multa solo por ser el
dueño del vehículo si tú no ibas manejando. El comparendo es de carácter
personal.
- Tiempos
de notificación: La entidad de tránsito cuenta con un plazo máximo de 3 días
hábiles para notificar la infracción por correo certificado. Si pasa este
tiempo o las guías de correo son devueltas, la autoridad debe hacer un
proceso de notificación por aviso o prensa. Si no cumplen con estos
requisitos, el cobro puede invalidarse.
- Derecho
a impugnar: Si no estás de acuerdo con la
sanción o no eras quien conducía, tienes el derecho de solicitar una
audiencia de impugnación. Dependiendo de tu ciudad, puedes agendar esta
cita a través de plataformas oficiales como la Ventanilla
Única de Servicios para el caso de Bogotá o el portal de la
Secretaría de Movilidad local.
El recientemente fallecido es ministro y exvicepresidente GERMAN VARGAS
LLERAS, aprovechando sus influencias se hizo a tres concesiones de fotomultas que
generan 6.300 millones de pesos al mes, con la complicidad del mismo estado del
momento.
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