Por AMYLKAR ACOSTA MEDINA - Miembro de Número de la ACCE - www.amylkaracosta.net
“Quienes sufren en una crisis son
quienes no jugaron ningún rol en crearla”
Joseph
Stiglitz
La seguridad energética
constituye uno de los pilares fundamentales para la estabilidad económica, la
competitividad empresarial y el bienestar social de cualquier nación. En el
caso colombiano, diversos indicadores sugieren la creciente probabilidad de
enfrentar, en un horizonte relativamente cercano, restricciones tanto en el
suministro de energía eléctrica como de gas natural. El fantasma del apagón nos
vuelve a rondar.
Según el
reporte de XM, el pico de demanda de energía que se está registrando, debido a
la elevadas temperaturas, es de 261.9 GWHD, que contrasta con la Oferta de
energía firme (OEF), que solo alcanzaría a cubrir hasta el 90%. Tanto más en
cuanto con la demanda de energía está disparada, según el más reciente reporte,
el del mes de mayo, la demanda creció en promedio a nivel nacional el 8.8% y en
la región Caribe en particular el 13.3% (¡!). La conclusión es preocupante,
porque en condiciones de hidrología crítica, bajo aporte a los embalses, como
los que se esperan con el Super Niño y sin llegar el nivel de estos al 80%
solicitado por XM, le daría la razón al Ministro Palma cuando habló de la
inminencia del racionamiento!
Lo propio
está sucediendo con el gas natural. Como es bien sabido desde diciembre de 2024
se están importando volúmenes crecientes del mismo para cubrir el déficit que
acusa la producción doméstica, que se ha reducido hasta los 789 MMPCD en
contraste con la demanda de 1.000 MMCD y así garantizar el cubrimiento de la
demanda esencial. A estas alturas los volúmenes de gas importado participan con
el 32% de la oferta y se prevé que hacia el 2029 llegue hasta el 56% y sólo
hacia el 2030 se aspira que se atenúe con la entrada del gas de SIRUS.
En los últimos años se han
acumulado factores de riesgo que afectan simultáneamente ambos sistemas. En el sector eléctrico, la
creciente estrechez entre oferta y demanda obedece a la combinación de varios
elementos: el retraso en la entrada en operación de proyectos de generación y
transmisión, las dificultades asociadas al licenciamiento ambiental y a los
procesos de consulta previa, la mayor incertidumbre climática derivada del
cambio climático y el crecimiento sostenido de la demanda. Esta situación
reduce los márgenes de confiabilidad del sistema y aumenta la exposición a
eventos hidrológicos extremos, como el Super Niño que ya se consolida.
Por su parte, el mercado
de gas natural enfrenta una tendencia estructural de la caída de las reservas y
de la producción nacional como consecuencia de la declinación natural de los
campos maduros y de la insuficiente incorporación de nuevas reservas. Ello ha
conducido a una creciente dependencia de las importaciones para atender la
demanda interna, particularmente en períodos de alta exigencia del sistema.
Esta circunstancia no solo incrementa los costos de abastecimiento, sino que
también expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales.
La simultaneidad de estos
riesgos reviste especial gravedad debido a la estrecha interdependencia
existente entre ambos sectores. Una eventual falta de disponibilidad de gas
natural comprometería la capacidad de generación de las plantas termoeléctricas
llamadas a respaldar el sistema durante episodios de baja hidrología. Y a ello
estamos abocados debido a las limitaciones en la capacidad de importar los crecientes
volúmenes requeridos, ya que la única regasificadora con la que se cuenta está
operando al límite de su capacidad.
De allí la urgencia de que
el Gobierno Nacional se ponga al día con el giro de los más de $2 billones que
le adeuda a las empresas comercializadoras de energía por concepto de los
subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 causados. Como también
la imperiosa necesidad de que la Superintendencia salga de su marasmo, de su
negligencia y falta de diligencia para solventar, inyectarle liquidez y
facilitarle el flujo de caja a la intervenida Air-e, en lugar anuncios
pirotécnicos como el del Presidente Gustavo Petro de su liquidación.
De darse esta sería un
salto al vacío y resultaría peor el remedio que la enfermedad, toda vez que se
le estaría poniendo conejo a sus acreedores, especialmente a las empresas
generadoras ya que así como la intervención con fines de administración en
septiembre de 2024 tuvo un efecto suspensivo sobre sus obligaciones que
sobrepasaban los $500.000 millones, esta vez se repetiría, con el agravante de
que esta vez la deuda acumulada desde que la Superintendencia tomó posesión de
la misma es cinco veces mayor, $2.5 billones. La mora y el incumplimiento de su
pago podría llevar al efecto dominó que anticipó XM y al apagón financiero de
toda la cadena, como lo advirtieron los organismos de control, la Procuraduría
y la Contraloría, poniendo en entredicho la continuidad en la prestación del
servicio.
Tercero, promover
programas intensivos de gestión eficiente de la demanda, tanto de energía
eléctrica como de gas natural, especialmente en los segmentos de mayor consumo.
Cuarto, facilitar la
incorporación de nueva oferta de gas natural mediante la reanudación y
agilización de nuevos proyectos exploratorios y de desarrollo de reservas, sin
descartar la utilización de la técnica del fracking 6.0, así como la
optimización de la infraestructura existente de transporte y almacenamiento.
Quinto, fortalecer la
capacidad de importación de gas y la flexibilidad operativa del sistema, con el
fin de reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones o déficits temporales
de producción nacional. Sexto, consolidar mecanismos permanentes de
coordinación entre las autoridades energéticas, los organismos reguladores, los
operadores de los sistemas y los agentes del mercado para identificar
tempranamente riesgos de abastecimiento y adoptar medidas preventivas.
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