martes, 26 de mayo de 2026

TRIBUNAL ADMINISTTRATIVO MANTIENE INTERVENCIÓN DE COOSALUD

 

El Tribunal Administrativo de Bolívar en su sala plena mantuvo en firme la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud en contra de la EPS COOSALUD luego de revocar la suspensión temporal que dejaba sin efecto el proceso administrativo de la misma, y que había sido emitida individualmente por el Magistrado  Luís Miguel Villalobos Álvarez.

En el mismo sentido, le pidieron a los representantes legales de la EPS proceder "de forma inmediata" con la restitución de la administración integral de la empresa promotora del servicio de salud.

"El fallo también ordena a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar medidas técnicas, administrativas y financieras “eficaces, oportunas e integrales” para superar las falencias estructurales identificadas por la Procuraduría General de la Nación y garantizar los fines de la intervención", explicó la entidad.

La entidad anunció que en las próximas horas se designará a un nuevo agente interventor para garantizar el cumplimiento de la medida de control, la continuidad en la prestación de los derechos de más de tres millones de pacientes.

Sobre la decisión del ente judicial, el presidente Gustavo Petro comentó que "se demostró que el juez de Bolívar le devolvió Coosalud a quienes la desfalcaron" y agregó que debe ser investigado por la autoridad competente.

"Los jueces que fueron capaces de embargar recursos de salud de la nueva EPS deben ser investigados por la misma autoridad", agregó el jefe de estado.

COOSALUD EPS tiene más de 3,3 millones de afiliados, principalmente en Valle del Cauca (496.616), Antioquia (467.360), Norte de Santander (379.211), Bolívar (364.808), Atlántico (339.478), Santander (334.984) y Magdalena (296.949).

 














PERSISTE DESACATO EN ALCALDIA, IPCC, FONDO MIXTO Y CORPOTURISMO

 

Como todavía no responden cuanto y como se gastaron $40 mil millones en las pasadas fiestas del 11 de noviembre, un juzgado abrió nuevo incidente de desacato

 

 

Nuevamente el Juzgado 14 Civil Municipal abrió incidente de desacato contra el alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz, la directora del IPCC Shirly Tuñón Vásquez, Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta de la Corporación de Turismo y Marcela Nossa Valbuena, Representante legal del Fondo Mixto de Cultura de Cartagena, entidad esta utilizada para tercerizar contrataciones y pagos millonarios de las pasadas fiestas.

 

Con este procedimiento el Juez quiere verificar si efectivamente se ha superado la vulneración de los derechos fundamentales protegidos al Sr. Jairo Tobinson, respondiendo completa y detalladamente la información de los gastos de las fiestas de Independencia del año anterior.

 

Según el mismo juzgado, se tiene en cuenta que ciertamente el IPCC y la Corporación de Turismo, presentaron unos informes, pero de estos no se puede acreditar el cumplimiento total de lo ordenado en el fallo de tutela, por lo que hace falta la respuesta del Fondo Mixto de Cultura.

 

Con la poca información que ha aportado la administración distrital no se tienen los elementos suficientes para determinar dicho cumplimiento, especialmente hace falta la relación discriminada del costo de los artistas que brindaron espectáculos en el marco de las fiestas novembrinas.

 

El juez requiere del alcalde Dumek Turbay Paz, que haga cumplir y abran el correspondiente proceso disciplinario a sus inferiores jerárquicos, para que den cuenta de la razón por la cual no han cumplido el fallo de tutela, o presenten sus argumentos de defensa para él tomar una decisión.

 

Igual a esta y otras situaciones similares, está tácito que la actual administración distrital se niega a entregar informaciones mediante derechos de petición y a dar explicaciones sobre cómo se gastan miles de millones de pesos en diferentes proyectos y actividades. Sin embargo, es habitual mover todo el aparato judicial contra sus opositores o contradictores para que hagan retractaciones.

 














ESTOS SON LOS BARRIOS SIN AGUA HOY EN CARTAGENA

 


En el desarrollo de los trabajos que adelanta Aguas de Cartagena, y su estrategia para la optimización del servicio, relacionamos a continuación los barrios impactados hoy por la suspensión del agua en sus sectores, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde:
























EJERCITO, POLICIA Y DEA INCAUTARON DOS TONELADAS DE COCAINA

 


Informaciones entregadas en un reporte del Ejército Colombiano, señalan la incautación de casi dos toneladas de cocaína y la destrucción de un laboratorio con muchos insumos para el procesamiento del alcaloide.

La operación fue realizada previo a labores de inteligencia por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJÍN, de la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA.

La operación militar, que permitió el hallazgo de esta droga, se efectuó en la vereda Trejos, del Mar de Mosquera, Nariño. En el lugar, las tropas localizaron un laboratorio para la producción de sustancias ilícitas con capacidad de producción mensual de dos toneladas de cocaína.

 

En este complejo cocalero, compuesto por 6 estructuras, fueron incautados 1710 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi 700 galones de cocaína en suspensión, además de equipos y maquinaria necesarios en la producción de estupefacientes. 

Mediante información de inteligencia militar e investigación judicial, se logró establecer que este laboratorio pertenecería a una organización criminal independiente con alcance transnacional, la cual articulaba esquemas de servicios outsourcing ilegal con el grupo armado organizado residual, GAO-r, Bloque Jacobo Arenas. 

El estupefaciente producido era transportado vía terrestre desde Ricaurte y San Lorenzo, en Nariño, hasta Esmeraldas, en Ecuador. Posteriormente, era enviado a los Estados Unidos atravesando aguas internacionales cercanas a Guatemala, Honduras y México

Con esta acción militar se impacta directamente las economías lícitas del GAO-r, en aproximadamente 220 millones de pesos (cerca de 60.000 USD). Así mismo, se evitó la circulación de cerca de 2 millones de dosis de cocaína.