La minería
atraviesa una profunda transformación en el mundo. Paradójicamente, cuando los
minerales se han convertido en insumos indispensables para la transición
energética, la digitalización y las nuevas tecnologías, hay quienes pretenden
remar en dirección contraria, a contracorriente, con la radicación por segunda
vez del proyecto de la “Nueva ley minera”, que más bien puede catalogarse como
ley anti-minera. Se aduce que uno de sus ejes centrales es el “fortalecimiento
de la soberanía del Estado sobre los recursos del subsuelo”, que está amparada
en el artículo 332 de la Carta, como si ella estuviera en entredicho por la
actividad minera y no por el copamiento y el control territorial en muchas
regiones del país por parte de los grupos armados organizados (GAO).
Llama
poderosamente la atención que en la exposición de motivos se menciona 27 veces
la palabra “reconversión productiva” y 22 veces la “diversificación”. Ambas
expresiones tienen como carga de profundidad el marchitamiento prematuro de la
actividad extractiva con la monserga del “extractivismo”, como estigma de la
misma.
Se propone
también “consolidar el conocimiento geológico como un bien público”, cuando
siempre lo ha sido. Como es bien sabido la minería está declarada de utilidad
pública e interés social en el artículo 13 de la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas vigente), de lo cual se sigue que el Estado reconoce la minería como una
actividad estratégica para el desarrollo económico y social del país, sin que
ello signifique una prevalencia absoluta sobre otros derechos, bienes e
intereses consagrados en la Constitución Política, como lo son la autonomía
territorial, la protección del medioambiente, así como los derechos
fundamentales y colectivos. De aprobarse este proyecto la minería dejaría de
serlo con todas sus consecuencias.
La
actividad minera en Colombia enfrenta una verdadera carrera de obstáculos, que
se tornarán mayores si se llega a aprobar este proyecto. A los riesgos propios
de una industria intensiva en capital, sometida a la incertidumbre geológica y
que requiere inversiones de largo plazo, se viene a sumar una creciente maraña
de restricciones regulatorias, ambientales, tributarias, territoriales y
administrativas que termina comprometiendo su competitividad. Se destacan entre
ellas el Decreto 044 de 2024, expedido por el presidente Gustavo Petro “por el
cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos
naturales” hasta por cinco años prorrogables, excluyendo en ellas de manera
discrecional la actividad minera por parte del Gobierno nacional, sin contar
para ello con las entidades territoriales, lo cual transgrede el principio de
la autonomía territorial consagrado en los artículos 1º y 287 de la
Constitución Política.
Es el caso
también de la creación a su antojo por parte del Gobierno Nacional, a través de
resoluciones del Ministerio de Agricultura de las Áreas de Protección para la
Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de
Alimentos (ZPPA), amparado en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (PND). En
ellas, como es obvio se excluye toda actividad extractiva, llevándose de calle
los derechos adquiridos con arreglo a la ley, que deben ser protegidos.
Y de
contera, la Agencia Nacional de Minería (ANM) podría definir por sí y ante sí,
con amplia discrecionalidad, cuáles serían las zonas “aptas” para la actividad
minera. Tanto esta facultad, como el Decreto presidencial y la resolución
ministerial de marras, van en contravía de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la cual, después de muchas idas y venidas, muchas vueltas y
revueltas, emitió una sentencia de unificación (SU-095 de 2018) determinando
que las autoridades territoriales no pueden prohibir la explotación del
subsuelo, pero tampoco pueden las autoridades nacionales, unilateralmente,
autorizar proyectos mineros ignorando las competencias municipales sobre el
ordenamiento territorial, los usos del suelo y la protección ambiental. Se
impone, entonces, la necesaria concertación y el acuerdo entre unas y otras,
dentro del espíritu de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad previstos en la Constitución Política (artículo 288).
Otra talanquera
que se le impuso a la actividad minera fue el establecimiento de un remedo de
“distritos mineros”, con fundamento en el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023
(PND), delimitados, al igual que las APPA y las ZPPA unilateralmente por parte
del Gobierno central. Este esperpento jurídico en lugar de ordenar y estimular
una minería responsable terminó convirtiéndose en una fuente más de
incertidumbre e inseguridad jurídica, superponiéndose a títulos y solicitudes en curso de los
mismos. Por fortuna, la decisión del Gobierno De la Espriella es de suprimirlos
y con tal fin ya ha sido publicada la Resolución para comentarios que se
propone su derogatoria.
Mientras
otros países revisan sus legislaciones para atraer capital, estimular la
exploración, ofrecer seguridad jurídica y explotar sus recursos minerales, este
proyecto presentado por el Gobierno parece orientado justamente hacia lo
contrario: ahuyentar la inversión y provocar el marchitamiento prematuro
de una actividad que Colombia necesita, so pretexto de defender el
medioambiente.
Y digo so
pretexto de defender el medioambiente y un supuesto “cambio de modelo”,
porque plantear la discusión, con una gran carga ideológica, como una
disyuntiva entre minería y medioambiente es un falso dilema. Colombia necesita
proteger sus ecosistemas, desde luego, pero también necesita producir. La
minería moderna debe ser ambientalmente responsable, socialmente sostenible y
rigurosamente regulada. Una cosa es exigir que la actividad minera cumpla los
más altos estándares y otra muy distinta hacerla prácticamente inviable. Tal
como está planteado es un verdadero despropósito.
El riesgo
de este proyecto consiste precisamente en profundizar una paradoja: mientras el
mundo compite por atraer capital para explorar y producir los minerales
indispensables para la transición energética, Colombia estaría levantando
nuevas barreras para aprovechar los suyos.
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