La
Policía Metropolitana de Cartagena, en cabeza de su comandante el brigadier
general Gelver Yesid Peña Araque, estaría incurriendo abiertamente en un FRAUDE
A RESOLUCIÓN JUDICIAL, al omitir o desestimar la captura y traslado a un
sitio de reclusión a la contratista de la alcaldía FANY DINORA PACHÓN
RODRIGUEZ, a quien el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Cartagena declaró nuevamente en desacato y le
impuso 10 días de arresto y una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(20 MILLONES DE PESOS), por incumplir una orden de tutela que le
exigía rectificar públicamente señalamientos contra el ingeniero Álvaro González Álvarez.
La decisión, firmada en diciembre de
2025 por el juez Wilson David Marimón Casseres, concluyó que la accionada
incurrió en incumplimiento total y reiterado de
una orden judicial que data de 2024.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
El conflicto comenzó con publicaciones
realizadas desde la cuenta @FanyPachon en
la red social X (antes Twitter), donde se señaló a González Álvarez como “despojador de tierras” y
responsable de apropiación irregular de lotes en el sector Serena del Mar. Y
posteriormente también realizó otra publicación retando al juez, con la
siguiente frase: “Será que
alguien le dice a alias EL IMPLACABLE que mientras yo respire no existirá la
mínima pronunciación mía. Puede chillar revolcarse, convulsionar y empapelar al
planeta hasta que le de la gana porque no haré nada de lo que el desea. MUERTA
PRIMERO MALPARIDO”.
El ingeniero acudió a una acción de
tutela alegando vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la
honra. En segunda instancia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena
revocó la decisión inicial y ordenó en un plazo
de 48 horas:
- Rectificar las afirmaciones.
- Eliminar los contenidos publicados.
- Publicar una retractación en un medio de comunicación nacional.
- Reconocer expresamente que no existían pruebas que sustentaran las
acusaciones.
- Ofrecer disculpas públicas.
La orden específica: publicar en diario
El Tiempo
Mediante auto del 28 de junio de
2024, el juzgado moduló el cumplimiento y estableció una medida concreta: la
rectificación debía publicarse en el diario nacional El Tiempo, incluyendo:
- Nombre completo de la accionada.
- Reconocimiento expreso de que González Álvarez no era “despojador
de tierras”.
- Aceptación de que no existían pruebas.
- Texto previamente aprobado por el despacho.
Sin embargo, según el juez, nunca se acreditó el cumplimiento integral.
PRIMER ARRESTO… Y NUEVO DESACATO
En octubre de 2025, Pachón fue
capturada y permaneció tres días privada de la
libertad en la estación de Policía de Nuevo Bosque, tras una
primera sanción por desacato. Posteriormente solicitó cambiar el medio de publicación,
proponiendo el periódico regional El Universal en lugar de un diario nacional,
argumentando que el alcance de sus publicaciones era principalmente local.
El 25 de noviembre de 2025, el
juzgado negó la solicitud. Fue categórico: La modulación de un fallo de
tutela es excepcional y no puede hacerse por conveniencia. El
juez consideró que la red social X tiene alcance nacional y que reducir la
publicación a un medio regional disminuiría el efecto reparador ordenado.
SEGUNDO INCIDENTE: 10 DÍAS DE ARRESTO Y
MULTA MILLONARIA
Ante el incumplimiento persistente,
el 18 de noviembre de 2025 se abrió un nuevo incidente de desacato. El despacho
verificó que:
1.
La
orden era clara.
2.
El
plazo era perentorio.
3.
El
medio de publicación estaba definido.
4.
No existía
prueba de cumplimiento.
Conclusión: renuencia y responsabilidad subjetiva comprobada.
La sanción:
- 10 DÍAS DE ARRESTO
- MULTA DE 10 SALARIOS MÍNIMOS
- Pago a la cuenta “DTN – Multas y Cauciones – Consejo Superior de la
Judicatura”
Y una advertencia clave: la sanción no la exonera de cumplir la orden. Aunque
pague y cumpla arresto, la rectificación sigue siendo obligatoria. Si el
superior confirma el desacato y persiste el incumplimiento, Pachón se expone a más
incidentes de desacato hasta que el fallo sea cumplido.
El juzgado dejó claro que:
- Las órdenes de tutela no son negociables.
- No pueden ajustarse por conveniencia.
- La reparación debe ser proporcional al impacto de la vulneración.
- El desacato tiene consecuencias reales: arresto, multas y posibles
cargos penales.
CONSECUENCIAS PENALES
El caso escaló aún más. González Álvarez denunció penalmente a Pachón Rodríguez por la conducta punible de fraude
a resolución judicial. La denuncia quedó en manos de la Fiscalía 59 Seccional
Cartagena que solicitó audiencia de imputación de cargos programada para este
mes de marzo de 2026.
Este caso se convierte en un precedente
local sobre:
- El alcance jurídico de las publicaciones en redes sociales.
- La obligación de rectificar cuando se afectan derechos
fundamentales.
- El poder coercitivo del juez constitucional para garantizar el
cumplimiento.
En Cartagena, la justicia envía un mensaje
directo: lo que se publica en redes puede terminar en los estrados
judiciales… y en arresto.
POSIBLE TRAFICO DE INFLUENCIAS
Se ha conocido el pasado fin de semana, que la
susodicha mujer, ejerce como CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR,
de cuya dependencia depende la Policía Metropolitana y aprovecha sus relaciones
con el titular de esa dependencia Bruno Hernández para evitar ser capturada,
transitando libremente por la ciudad y burlándose de la justicia.
No es coincidencia que actualmente dos de los funcionarios
más cercanos de Dumek Turbay alcalde de
Cartagena se encuentren libres por las calles haciendo de las suyas sin que la
justicia tome cartas en el asunto es conocido que alias RASQUIÑA tiene
una denuncias en la fiscalía por los delitos de injuria por vía de hecho cuando
le falta el respeto al exalcalde DAU de quien no se sabe nada en este
momento y ahora la señora FANNY PACHÓN quién actúa de manera impune, y
camine de manera libre por las calles de Cartagena sin que se cumpla una
sentencia judicial.
