La convocatoria
impulsada por la ministra (E) de Medio ambiente y desarrollo
sostenible Irene Vélez, bajo el sugestivo lema de “la transición más
allá de los combustibles fósiles”, plantea una discusión necesaria, pero
mal encuadrada. No porque la Transición energética carezca de urgencia —todo lo
contrario—, sino porque se presenta como una disyuntiva excluyente: o
fósiles o futuro. Y la realidad, terca como siempre, se mueve en zonas
grises y tiene sus viceversas.
Empiezo por decir que el
mundo atraviesa por un punto de inflexión en la manera de entender e
interpretar la Transición energética. Lo que durante años se concibió como una
ruta lineal hacia la descarbonización, hoy se redefine bajo el peso de nuevas
realidades geopolíticas, económicas y tecnológicas. La Transición ya no es
únicamente una carrera por reducir emisiones, sino un delicado equilibrio entre
sostenibilidad, seguridad y soberanía energética.
La disrupción causada
por eventos como la guerra en Ucrania puso en evidencia la vulnerabilidad de
los sistemas energéticos altamente dependientes de fuentes externas. Europa,
por ejemplo, comprendió que la dependencia del gas ruso no solo era un problema
ambiental, sino un riesgo estratégico. A partir de entonces, el abastecimiento
seguro de energía dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una
prioridad de Estado.
En este nuevo contexto,
la seguridad energética —entendida como la garantía de suministro
continuo, confiable y a precios razonables— ha recobrado centralidad. Países
que antes apostaban por el desmonte acelerado de los combustibles fósiles ahora
revisan sus cronogramas, reactivan proyectos de exploración o prolongan la vida
útil de sus activos energéticos tradicionales. No se trata de un retroceso,
sino de una adaptación pragmática frente a un entorno incierto.
Al mismo tiempo, la soberanía
energética ha ganado protagonismo. Las naciones buscan reducir su
exposición a mercados volátiles y a decisiones externas, fortaleciendo su
capacidad interna de generación. Esto incluye desde el impulso a las energías
renovables hasta el aprovechamiento de recursos propios, sean estos
hidrocarburos, potencial hidroeléctrico o minerales estratégicos para la
Transición.
Este viraje no implica
abandonar los compromisos climáticos, sino reconocer que su cumplimiento
depende de sistemas energéticos resilientes. Los principios hay que
modularlos con el pragmatismo. Sin seguridad ni soberanía, la transición
pierde viabilidad política y social. La verdadera transformación energética
será aquella que logre armonizar estos tres pilares: sostenibilidad ambiental,
seguridad del suministro y autonomía estratégica.
En suma, el mundo no
está renunciando a la transición energética; la está madurando. La está
llevando del terreno de las aspiraciones al de las realidades, donde las
decisiones no solo se miden en toneladas de CO₂ evitadas, sino en su capacidad
de sostener economías, garantizar bienestar y preservar la estabilidad de las
naciones. No hay que perder de vista que no se puede llegar a la tarde sin pasar
por el medio día.
Colombia no enfrenta una
elección binaria, sino un desafío de sincronización. Pretender un salto abrupto
hacia una economía post-fósil, sin las condiciones técnicas, fiscales y
sociales adecuadas, equivale a desmontar el puente antes de haber cruzado el
río. La Transición energética no es un acto de fe; es un proceso de ingeniería
económica, institucional y tecnológica que exige tiempos, inversiones y, sobre
todo, realismo.
El país sigue
dependiendo de los hidrocarburos no solo como fuente de energía, sino como
columna vertebral de sus finanzas públicas y su balanza externa. El petróleo y
el gas aportan una fracción significativa de las exportaciones, de los ingresos
fiscales y de la estabilidad macroeconómica. Desconocer esta realidad en nombre
de un horizonte deseable, pero aún distante, puede resultar más costoso que
virtuoso.
La verdadera discusión
no es si Colombia debe ir más allá de los combustibles fósiles —eso es
inevitable—, sino cómo y a qué ritmo hacerlo sin sacrificar crecimiento,
empleo y estabilidad. La electrificación del transporte, la expansión de
las energías renovables, el fortalecimiento de las redes de transmisión y la
promoción de la eficiencia energética son piezas claves, pero requieren
financiamiento, planeación y continuidad en las políticas públicas.
Contrariamente a lo
planteado por el Presidente Gustavo Petro en los prolegómenos de tan
publicitado como cuestionado evento, pensando con el deseo, en el sentido que
“el petróleo y el gas ya no se van a vender en el mundo” y por lo tanto hay que
abandonarlo cuanto antes, porque, según él, además “si exportamos petróleo, gas
y carbón matamos a la humanidad”, el mundo sigue consumiéndolos y la demanda
tanto por petróleo como de carbón viene de récord en récord. Las cifras no
mienten, en el caso del petróleo la demanda, por primera vez superó la barrera
de los 100 millones de barriles/día y el año anterior registró los 104
millones, otro tanto ocurre con el carbón, cuya demanda pasó de los 8.700
millones de toneladas en 2023 a las 8.845 millones de toneladas en 2025!
Por lo demás, Colombia
que depende, como depende, del petróleo y del carbón, ya que son los dos
principales renglones de exportación y como tales los mayores generadores de
divisas, son además las dos principales fuentes de ingreso tanto para la Nación,
que recauda el impuesto de renta y recibe de manos de ECOPETROL ingentes
recursos por concepto de dividendos, como de las entidades territoriales, que
tienen en el Sistema general de regalías (SGR) que paga la industria extractiva
su principal fuente de financiación de sus proyectos y programas de inversión.
Además, la Transición energética demanda recursos que sólo ellos pueden
proporcionar, Colombia debería imitar a Brasil, que ha creado un Fondo para
financiar la Transición energética, el cual se nutre de las utilidades que le
reporta su industria petrolera.
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