POR FIN LLEGARÁ EL AGUA POTABLE A ROCHA Y PUERTO BADEL

 

El gobernador de Bolívar, YAMIL ARANA PADAUÍ, continúa cumpliendo su compromiso con el bienestar de las comunidades rurales del departamento al dar inicio a las obras de construcción de los nuevos acueductos para los corregimientos de Rocha y Puerto Badel, en el municipio de Arjona, un proyecto que garantizará el acceso a agua potable para más de 11 mil personas en esta subregión del Canal del Dique.

 

La iniciativa, liderada por la administración departamental a través de Aguas de Bolívar, contempla una inversión histórica de $21.934 millones, destinada a transformar la calidad de vida de estas poblaciones que por décadas han esperado soluciones definitivas en materia de agua potable.

 

Durante la socialización inicial con las comunidades, se dieron a conocer los alcances técnicos del proyecto, que incluyen la construcción de nuevas plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, 17.758 kilómetros de redes de distribución y 1.475 acometidas domiciliarias, entre otras obras fundamentales para cerrar brechas sociales y dignificar a estas comunidades originarias del departamento.

 

Con este paso, el gobernador YAMIL ARANA PADAUÍ ratifica su palabra y cumple los compromisos adquiridos con estas comunidades en junio de 2024, tras un consejo de gobierno ampliado en el que participaron la Gobernación de Bolívar, las alcaldías de Cartagena y Arjona, Aguas de Cartagena y líderes sociales y comunales de Rocha y Puerto Badel.

 

La gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente, destacó que en Puerto Badel y Rocha se ponen en marcha los acueductos 22 y 23 del plan de inversiones “Somos Agua – Somos Vida”, una estrategia liderada por el gobernador Yamil Arana para fortalecer el acceso al agua potable y el saneamiento básico en el departamento.

 

“Esta es una deuda histórica que tenía el departamento con estas comunidades. Gracias a la gestión del gobernador y al trabajo articulado con diferentes entidades, hoy logramos materializar el sueño de acceder con calidad, cobertura y eficiencia al servicio de agua potable”, expresó la gerente.

 

Romero Valiente también subrayó que esta obra hace parte de la apuesta estratégica del gobernador para disminuir el rezago histórico en los indicadores de agua potable en la ruralidad bolivarense. Por su parte, el alcalde de Arjona, Gustavo Pérez Giraldo, destacó el impacto social de la obra y agradeció el respaldo del mandatario departamental.

 

“Resultaba insólito que dos comunidades que abastecen de agua a Cartagena no contaran con este servicio. Hoy solo nos queda agradecer al gobernador Yamil Arana por hacer realidad este proyecto y por su compromiso con la gente de Arjona”, afirmó el alcalde.

 

Desde las comunidades, los líderes sociales también manifestaron su gratitud por la materialización de este anhelado proyecto. Yunis Meza Acevedo, líder social de Puerto Badel, aseguró que esta obra representa una transformación para las familias del territorio.

 

“Este es un sueño que hoy se materializa gracias a la voluntad de Dios y al compromiso del gobernador de Bolívar y del alcalde de Arjona por cumplirle a nuestras comunidades”, manifestó.

 

De igual forma, Janeth Castro Salas, representante legal del Consejo Afrocolombiano de Rocha, destacó el significado histórico de esta fecha para su comunidad.

 

“Hoy es un día histórico para nuestro pueblo. El sueño del primer pueblo palenque del Caribe colombiano de acceder al agua potable se cumple gracias al trabajo conjunto y al liderazgo del gobernador Yamil Arana”, enfatizó.

UNICARTAGENA INVESTIGA LA FEMINIZACIÓN DEL CUIDADO Y SU IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

 

·  En Cartagena, el 95 % de los cuidadores de personas con discapacidad en la ciudad son mujeres y solo el 4,55 % corresponde a hombres.

 

·  Los hallazgos arrojan que el 83,33 % de los cuidadores no tiene ingresos propios, solo el 2,27 % cuenta con empleo formal, el 44,7 % se encuentra buscando empleo.

Una investigación realizada por estudiantes del Programa de Economía de La Universidad de Cartagena revela que el 95 % de los cuidadores de personas con discapacidad en la ciudad son mujeres, evidenciando que el trabajo de cuidado no remunerado limita su acceso al empleo, reduce sus ingresos y profundiza desigualdades sociales.

 

El estudio “Análisis económico, social y laboral de los cuidadores de personas con discapacidad en la ciudad de Cartagena de Indias” profundiza en las condiciones económicas, sociales y laborales de esta población, una realidad poco visibilizada en la ciudad.

 

Según los autores, Luis Sánchez Sánchez y Valeria Sarmiento Martínez, su trabajo constituye la primera caracterización sistematizada a nivel local de este grupo poblacional, en un contexto donde no existen registros oficiales consolidados ni estadísticas distritales detalladas sobre su situación.

 

El cuidado en Cartagena tiene rostro de mujer

 

Uno de los resultados más relevantes es la confirmación de la feminización del cuidado en Cartagena, donde el 95,45 % de los cuidadores son mujeres, y solo el 4,55 % corresponde a hombres. Esto significa que de 289 cuidadores en la ciudad, aproximadamente 276 mujeres asumen esta labor, frente a apenas 13 hombres.

 

El dato no solo confirma una tendencia nacional, sino que evidencia cómo el trabajo de cuidado no remunerado sigue recayendo casi exclusivamente sobre las mujeres, reforzando brechas estructurales de género en términos de autonomía económica, inserción laboral y desarrollo profesional.

Dewin Pérez, docente tutor de la investigación enfatizó en que “lo que está representando el trabajo doméstico para las mujeres es que no pueden hacer una vida propia, están ligadas al cuidado, no pueden estar en el mercado de trabajo, no pueden dedicar tiempo para su desarrollo personal, parecería que la vida de una mujer se reduce y se limita exclusivamente al tema del cuidado”, en este escenario el trabajo de cuidado no remunerado se convierte en un factor que profundiza brechas de género y reproduce desigualdades económicas.

 

Impacto económico y laboral, una carga que profundiza desigualdades

 

Aunque el cuidado implica dedicación permanente, responsabilidades médicas y acompañamiento emocional, esta actividad no suele ser reconocida dentro de la economía formal. Para los investigadores, este vacío institucional produce lo que denominan un “costo invisible del cuidado”, refiriéndose a “todo lo que una persona deja de ganar, deja de desarrollar, sacrifica o renuncia por hacer una labor”.

 

El docente destacó que “el trabajo de cuidado pesa alrededor del 20 % de toda la producción nacional. […] Cuando nos quedamos con la región Caribe, el trabajo doméstico y de cuidado pesa el 27 % de la producción total de la región Caribe. Eso es más que todo lo que produce nuestra región en el comercio o en la industria.” 

 

Los hallazgos arrojan que el 83,33 % de los cuidadores no tiene ingresos propios, solo el 2,27 % cuenta con empleo formal, el 44,7 % se encuentra buscando empleo y el  93,18 % afirma que trabajaría si contara con apoyo para el cuidado.

 

Además, el 58,33 % cuida desde el nacimiento del familiar con discapacidad. Así las cosas, la sobrecarga física y emocional se suma a la precariedad económica, configurando un escenario de alta vulnerabilidad social, incrementando la dependencia económica de manera desproporcionada sobre las mujeres.

Impacto territorial y desarrollo local

Cuando una persona en edad productiva se ve obligada a abandonar el mercado laboral para asumir tareas de cuidado, se reduce la participación económica, esto tiene implicaciones en la productividad, la generación de ingresos y la dinámica económica local.

 

En una ciudad como Cartagena, que a principios de 2025  registró una tasa de informalidad laboral del 49,0% esta situación se vuelve aún más crítica. El estudio señala que una parte significativa de los cuidadores estaría dispuesta a trabajar si contara con redes de apoyo para el cuidado, lo que evidencia un potencial laboral desaprovechado.

 

Según Valeria Sarmiento, una de las investigadoras, “el cuidado no remunerado es un pilar del funcionamiento social, representa el 20 % del PIB nacional, pero no se reconoce en la economía formal. […] Si este cuidado es ausente, paralizaría los sistemas educativos, familiares, sociales de la comunidad e incluso los sistemas sanitarios”.

 

Desde la perspectiva del desarrollo local, reconocer el trabajo de cuidado como una actividad socialmente necesaria y económicamente relevante se convierte en un paso clave para diseñar políticas públicas más inclusivas.

 

Política pública para fortalecer el sistema de cuidado

La investigación plantea una serie de recomendaciones para avanzar hacia políticas públicas más inclusivas. Estas propuestas incluyen el reconocimiento del cuidado como actividad económica y social incluyendo el trabajo de cuidado dentro de las estadísticas oficiales e incorporarlo en las agendas de desarrollo.

 

Otra de las propuestas es el desarrollo de programas de apoyo económico para cuidadores, como estrategia para reducir la vulnerabilidad económica de los hogares; así como el fortalecimiento de redes institucionales de apoyo al cuidado como centros de cuidado diurno y programas comunitarios de acompañamiento.

La lista contempla el desarrollo de estrategias de inserción laboral para cuidadores, esto podría incluir modalidades de empleo flexible, oportunidades de teletrabajo, programas de capacitación laboral y estímulos para empresas que promuevan la contratación de personas que desempeñan labores de cuidado.

 

Los investigadores también proponen la mejora de los sistemas de registro y caracterización de la población, la incorporación del enfoque de género en las políticas de cuidado y  la construcción de un sistema territorial de cuidado que articule servicios de salud, programas sociales, oportunidades laborales y apoyo comunitario. 

 

Investigación con impacto social y enfoque de género

El estudio aporta un valor adicional dado que existen pocos registros oficiales en Cartagena, reafirmando el compromiso institucional de la Universidad de Cartagena con la producción de conocimiento pertinente para el territorio y la generación de insumos para la formulación de políticas públicas.

Además, el trabajo dialoga con las iniciativas que la institución viene impulsando en materia de equidad de género, al evidenciar cómo la distribución desigual de las tareas de cuidado continúa siendo un factor estructural de inequidad.

 

Así el estudio contribuye a fortalecer el debate sobre corresponsabilidad social y la construcción de sistemas de cuidado más justos, demostrando cómo la producción investigativa estudiantil también aporta evidencia concreta sobre problemáticas persistentes en el territorio.

MÁS DE 29 MIL EMPRESARIOS NO HAN RENOVADO SU MATRÍCULA MERCANTIL

 

Mañana vence el plazo para renovar, no esperes el último momento

 

Faltando un día para el cierre del plazo legal en la renovación de la matrícula mercantil, la Cámara de Comercio de Cartagena ha informado que más de 29 mil empresarios y comerciantes de su jurisdicción aún no han realizado este trámite obligatorio, por lo que hace un llamado a anticipar la renovación y evitar congestiones durante los últimos días del mes.

 

La entidad recordó que la renovación mercantil debe realizarse antes del 31 de marzo, un proceso que permite mantener activa la empresa en el Registro Mercantil, fortalecer la confianza comercial y acceder a oportunidades como créditos, contratación, convocatorias y alianzas estratégicas que impulsan la movilidad empresarial y la competitividad del territorio.

 

“Renovar la matrícula mercantil es una decisión que fortalece la formalidad, la reputación empresarial y abre puertas a nuevas oportunidades de crecimiento. Invitamos a los empresarios a no dejar este trámite para el último momento y aprovechar los canales habilitados para hacerlo de forma ágil”, señaló Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

 

Para facilitar el proceso, la Cámara de Comercio de Cartagena ha dispuesto su aplicativo de renovación virtual o en línea disponible en www.cccartagena.org.co  que permite realizar la renovación de manera rápida y segura desde cualquier lugar, también ofrece atención presencial en sus sedes, acompañamiento en el territorio a través del CISE móvil y gestores en barrios.

 

La invitación es a renovar de forma virtual ingresando a www.cccartagena.org.co/tramites-en-linea , donde el proceso puede realizarse en pocos minutos mediante medios de pago electrónicos.

 

La entidad reitera que este año el cierre del plazo coincide con la Semana Santa, por lo que recomendó a los empresarios anticipar el trámite y evitar dejarlo para los últimos días. Renovar a tiempo permite seguir fortaleciendo el tejido empresarial y continuar activando el poder empresarial que impulsa el desarrollo económico de Cartagena y Bolívar.

CON MAS DE 40 SERVICIOS ACTIVADA RUTA EMPRESARIAL DE LA CCC

Cartagena activa su ruta empresarial 2026 con más de 40 servicios para impulsar el crecimiento de las empresas

La Cámara de Comercio de Cartagena presentó su oferta institucional con herramientas para fortalecer la productividad, la formalización y la competitividad empresarial.

 

Con una apuesta por fortalecer el tejido empresarial y acelerar la movilidad de las empresas en la región, la Cámara de Comercio de Cartagena presentó este viernes su portafolio de servicios empresariales 2026, integrado por más de 40 soluciones orientadas al desarrollo estratégico de emprendimientos y empresas de todos los tamaños.

 

El lanzamiento, realizado en la Universidad del Sinú sede Santillana, reunió a cerca de 300 empresarios y actores del ecosistema, quienes conocieron de primera mano las herramientas diseñadas para mejorar la gestión, aumentar la productividad y responder a los desafíos de un entorno económico cada vez más dinámico.

 

Durante la jornada, los asistentes accedieron a una vitrina de servicios que incluyó soluciones como la renovación de la matrícula mercantil, programas de gerencia empresarial y espacios especializados en experiencia del servicio, entre ellos el Diagnóstico Único Empresarial. El evento también contó con la participación de aliados estratégicos como Nequi.

 

En este contexto, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez, destacó que la ciudad atraviesa un momento de crecimiento empresarial, con 17 proyectos de inversión consolidados por más de US$421 millones y la generación de más de 1.400 empleos, además de más de 130 oportunidades adicionales en gestión. Señaló también que hoy el tejido empresarial supera las 9.000 nuevas empresas, impulsadas principalmente por sectores como comercio, servicios, turismo, industria y logística, en un entorno que exige a las empresas avanzar en su formalización, fortalecimiento y capacidad de competir.

 

La agenda incluyó la intervención del speaker Manuel Navas Campuzano, quien abordó los retos del crecimiento empresarial y la necesidad de evolucionar en la toma de decisiones para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado.

 

En este contexto, Carlos Payares, director de Desarrollo Estratégico Empresarial de la Cámara de Comercio de Cartagena, señaló: “Necesitamos emprendedores que crean, empresas que crezcan y entidades que apuesten. Nosotros ya estamos apostando por ustedes”.

 

En el marco del evento, la entidad también reconoció a microempresarios que realizaron su renovación de manera anticipada, mediante la entrega de incentivos orientados a fortalecer sus capacidades y operación.

 

Con este lanzamiento, la Cámara de Comercio de Cartagena refuerza su llamado a los empresarios a renovar su matrícula mercantil antes del 31 de marzo, a través de su plataforma virtual, de forma ágil y segura.

 

Opinión - LOS SUBSIDIOS EN ENTREDICHO

 

Por AMYLKAR ACOSTA MEDINA - www.amylkaracosta.net- Miembro de Número de la ACCE

 

A propósito de los subsidios conviene dejar establecido que los mismos quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura” de los usuarios más vulnerables, en este caso de los estratos 1, 2 y 3. Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y redistribución del ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996. Ello responde a uno de los principios que rigen la prestación del servicio de energía: eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad (artículo 87 de la Ley 142 de 1994).

 

Es importante destacar que dicho subsidio tiene por objeto garantizar el acceso efecto de los más vulnerables al servicio público domiciliario, como lo consagra el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), vinculante para Colombia.

 

Es conveniente precisar que los receptores y beneficiarios de los subsidios son los usuarios y no las empresas, como lo insinuó en su momento el ex ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, ellas lo aplican en las facturas y el Gobierno Nacional se obliga a reintegrarles el valor de los mismos y es lo que no ha venido haciendo hace más de un año. Por enésima vez se pronunciaron los gremios del sector, secundados por los organismos de control alertando sobre el riesgo de un apagón financiero que puede ponerlas en aprieto, comprometiendo la prestación del servicio. Y no es para menos, ya que la deuda contraída con las empresas comercializadoras por parte del Estado, sólo por concepto de subsidios, es del orden de los $3.5 billones!

 

El Ministro de Hacienda se ha mostrado renuente a girarles a las empresas comercializadoras lo adeudado y no es propiamente por falta de recursos sino por falta de voluntad política, ya que hacerlo no ha estado entre las prioridades del Gobierno, el cual, no obstante sus afugias fiscales, sí ha arbitrado recursos para asignárselos, según se ha revelado, a juntas de Acción comunal, cabildos indígenas y resguardos. Y estamos hablando de una suma de $31 billones, diez veces la deuda insoluta de los subsidios. En este caso, en un claro desacato a un fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 (PND), que facultaba al Gobierno para contratar en forma directa, como lo hizo en este caso suscribiendo 80.736 contratos, ¡con “asociaciones público – populares!

 

El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Minas y Energía Edwin Palma, en lugar de ponerse al día con las empresas comercializadoras y conjurar su crisis financiera, al anunciar con bombos y platillos el Programa Colombia Solar, ha dicho que “pasamos de subsidiar el consumo a promover la autogeneración de energía en los hogares”, instalándole paneles solares en sus techos. Según quedó establecido en la Resolución 40159 del 16 de marzo de este año, el usuario de los estratos 1, 2 y 3 que cobija la Ley 142 de 1994 sólo “mantendrá el derecho a los subsidios si llegado el caso el Programa Colombia Solar no cubre hasta el 100% del consumo básico de subsistencia”.

 

De lo contrario se le despoja de ese derecho que está amparado en la Ley.

Según lo divulgado por el Ministerio de Minas y Energía, a través de su Boletín oficial, “se introduce la autogeneración de energía solar como una alternativa para cubrir el consumo básico de los hogares – tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en las Zonas no Interconectadas (ZNI) -, reduciendo la dependencia de los subsidios tradicionales”. Esta opción, aunque loable y bien intencionada, ya que propende por el beneficio de los usuarios y aliviar la presión sobre el FSSRI, tiene sus retos técnicos que podrían limitar su alcance y sus reparos, especialmente sobre su pertinencia y su legalidad.

 

Es claro que el Gobierno Nacional no tiene la competencia para eliminar o reemplazar unilateralmente este subsidio mediante decreto o acto administrativo, ya que se trata de una política definida por Ley. Cualquier modificación estructural del subsidio requiere reforma legal aprobada por el Congreso. Con este paso en falso que ha dado el Gobierno los subsidios al consumo de energía quedan en entredicho. Así de claro!

 

En todo caso, aunque a nuestro juicio la puesta en marcha el programa Colombia Solar no releva al Gobierno Nacional de su responsabilidad  de cubrir el valor de los subsidios, al margen de la legalidad o la ilegalidad de su proceder, la primera prioridad para el gobierno entrante, porque para el actual no lo fue, es el pago con premura, sin tardanza a las empresas comercializadoras de la deuda acumulada por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, al tiempo que se asegure la apropiación de la partida necesaria y suficiente, que actualmente no lo es, en la actual vigencia presupuestal y para la del próximo año.