YAMIL ARANA SIGUE COMO EL GOBERNADOR MEJOR CALIFICADO DEL CARIBE

 

El gobernador de Bolívar, YAMIL ARANA PADAUÍ, se mantiene en el primer lugar entre los mandatarios departamentales del Caribe con mayor favorabilidad, según los resultados de la medición realizada por la firma consultora Toro Digital.

 

En el estudio de medición, Arana registró una favorabilidad del 71 %, la más alta entre los gobernadores incluidos en el listado. El mandatario bolivarense aparece por encima de Erasmo Elías Zuleta, gobernador de Córdoba, con 66 % de favorabilidad; Jairo Alfonso Aguilar, de La Guajira, con 60 %; Elvia Milena Sanjuán, del Cesar, con 52 %; y María Margarita Guerra, del Magdalena, con 46 %; El listado también incluye a Lucy Inés García, gobernadora de Sucre, con 39 %, y Eduardo Verano, del Atlántico, con 37 %.

 

Un gobernador que mantiene su presencia en el territorio

 

La medición se conoce mientras Yamil Arana continúa desarrollando su agenda de gobierno directamente en los municipios y comunidades de Bolívar, con recorridos, reuniones y seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

 

El mandatario ha mantenido una administración con presencia en el territorio, enfocada en avanzar en proyectos y acciones relacionados con infraestructura, educación, deporte, salud, servicios públicos y desarrollo social.

 

Desde el Gobierno de Bolívar se ha insistido en la importancia de escuchar directamente a las comunidades, verificar el avance de las obras y responder a las necesidades de los municipios, como parte de una gestión que busca mantener una relación cercana con la ciudadanía.

 

Así, mientras continúa su agenda territorial y el cumplimiento de compromisos con los bolivarenses, Yamil Arana conserva el primer lugar en favorabilidad entre los gobernadores del Caribe, según la medición de Toro Digital.

CUANDO LOS AMIGOS SE VAN

 

Es tanto lo que se ha escrito ayer y hoy sobre la partida en su viaje a la eternidad de Harrison Hernández y Nabil Báladi, que ya no encuentro palabras buenas y bonitas para este artículo.

 

Y, es que no se trata de escribir elogios y frases de cajón sobre estos dos amigos que tomaron la delantera en la carrera de la vida hacia la eternidad. Hay una frase sobrada que dice “ningún muerto es malo”. Pero, en este caso Harrison Hernández y Nabil Báladi, de verdad fueron dos personas fabulosas que por su trato y jovialidad se dieron a querer de la gente.

 

Se fueron dos excelentes personas dos insuperables profesionales del periodismo y dos amigos entrañables que se hicieron merecedores del cariño de las personas.

 

Con Nabil me vi la última vez en su oficina hace un año, cuando él se preparaba para una jornada de radioterapia y yo estaba a las puertas de una cirugía para la extirpación de un tumor renal, mientras él me daba ánimos para lo que venía.

 

Con Harrison, compartimos hace un año también, un viaje para conocer las nuevas instalaciones de la Universidad de Cartagena en la depresión momposina y Magangué.

A los dos solo les puedo desear que el Gran Arquitecto del Universo los lleve de la mano a esos parajes desconocidos. 

Opinión - A PROPÓSITO DEL CARGO POR CONFIABILIDAD

 

Por AMYLKAR ACOSTA MEDINA - www.amylkaracosta.net

 

 

El debate en torno al Cargo por confiabilidad no debe reducirse a cuánto cuesta el mecanismo, sino lo que garantiza en términos de confiabilidad y firmeza, cómo se remunera y qué señales ofrece para invertir en la capacidad que Colombia necesitará.

Lo primero es lo primero: Colombia necesita energía suficiente, firme y disponible en condiciones de hidrología crítica. Ese objetivo debe orientar cualquier ajuste o reforma del Cargo por confiabilidad. La discusión sobre su costo, su distribución entre tecnologías y sus efectos sobre las tarifas es legítima y necesaria; pero perdería el rumbo si terminara debilitando el respaldo que evita que una sequía se convierta en racionamiento.

La Comisión de regulación de energía y gas (CREG), que nació con la Ley eléctrica (143 de 1994), de la cual fui ponente, en ejercicio de su facultad regulatoria diseñó y estableció el cargo por confiabilidad en 2006, mediante la Resolución 071, en reemplazo del Cargo por capacidad que se había establecido originalmente, a través de la Resolución de la CREG 001 de 1996 y la 116 del mismo año que reglamentaba su cálculo.

Según la firma XM, filial de ISA, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), el Cargo por confiabilidad “es un esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de generación eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a través de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador”.

El Cargo por confiabilidad, entonces, es una especie de seguro,  por el cual se le reconoce a la empresa generadora una remuneración a cambio de su compromiso de garantizar una oferta de energía en firme (OEF), tornándose exigible su cumplimiento durante cada una de las horas en las que el precio en Bolsa de la energía supere el denominado precio de escasez. Basado en ello, la empresa que recibe dicha asignación se obliga, además de invertir en la planta respectiva, asumir su mantenimiento, de tal manera que pueda garantizar su disponibilidad para cuando sea requerida para respaldar al Sistema. Actualmente esa remuneración es de $84 el KWH, aproximadamente y representa 8 puntos porcentuales, aproximadamente de los 39 puntos porcentuales, que son el peso específico del cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R).

En todo caso la asignación del Cargo por confiabilidad se hace mediante subastas y las empresas a las que se les hizo la asignación tienen ese derecho adquirido hasta 2027 y 2028, de tal suerte que antes de procederse a introducirle algún cambio o su eventual eliminación hay que andar con pies de plomo, de tal suerte que cualquiera que sea la determinación que se tome no ponga en riesgo la confiabilidad y firmeza del SIN y que no impida la expansión de la capacidad de generación que el Sistema pide a gritos. Hay que ser muy cuidadoso en ello. 

El Gobierno Petro cuestionó el mecanismo del Cargo por confiabilidad y lo puso en el centro del debate. En agosto de 2025, ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma afirmó que los usuarios habían pagado $92 billones por este concepto desde 2006 y presentó seis líneas de reforma, tendientes a “modernizar el esquema” del mismo,. Entre ellas figuran priorizar nuevas energías limpias, diferenciar la remuneración según la tecnología y la antigüedad de las plantas, concentrar el pago en recursos capaces de responder durante la escasez, limitar el tiempo de participación, introducir los ajustes de manera gradual y separar de la fórmula tarifaria la variable asociada a la confiabilidad.

El planteamiento responde a inquietudes reales. No parece razonable que una planta ampliamente amortizada reciba, sin evaluación adicional, el mismo tratamiento que una instalación nueva que debe recuperar una inversión considerable. Tampoco lo sería remunerar como respaldo un recurso que, en el momento crítico, no puede entregar la energía comprometida. La transparencia también es indispensable: si el cargo representa cerca del 10 % del costo unitario del servicio, el usuario debe poder identificar qué paga y qué obtiene a cambio.

Sin embargo, el debate tarifario no puede agotarse en la cifra acumulada. Presentar el total pagado durante casi dos décadas sin relacionarlo con la capacidad respaldada, las obligaciones asumidas, los periodos de escasez atendidos y las inversiones inducidas ofrece una imagen parcial y parcializada. La pregunta pertinente no es solo cuánto ha costado el cargo, sino si el diseño actual compra la confiabilidad adecuada al menor costo posible y con una asignación equilibrada de riesgos.

Además, es pertinente establecer cuál ha sido la contrapartida de esa remuneración. En efecto, durante ese mismo lapso de tiempo (2006 – 2026) la inversión de los privados por cuenta del Cargo por confiabilidad fue del orden de los $113 billones, cifra superior a la que asumieron los usuarios. Ello, además, hizo posible la ampliación de la capacidad instalada en 11.078 MW, más del 50% de la capacidad instalada total.  Por lo demás, para el año 2025 los ingresos de los generadores por concepto del Cargo por confiabilidad sólo representó el 21.5%, suma esta que considero razonable.

Lo primero, entonces, es asegurar que el país no se apague. A partir de ese principio, sí corresponde revisar cuánto se paga, a quién, durante cuánto tiempo y a cambio de qué desempeño. Una reforma seria no debe escoger entre tarifas justas y seguridad energética, este es un falso dilema: debe diseñar un mecanismo que haga compatibles ambas. En todo caso preservando los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994: la suficiencia financiera de las empresas y la eficiencia de costos de la prestación del servicio de energía. Ese es el verdadero desafío del cargo por confiabilidad.

 

 

 

AFINIA SOLICITA GARANTIAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN CALAMAR

 

 Afinia, filial del Grupo EPM, hizo un llamado urgente a las autoridades de Calamar para que se garanticen las condiciones de seguridad y movilidad de sus trabajadores, quienes han enfrentado retenciones y restricciones durante el desarrollo de actividades técnicas en el municipio.

 

Esta situación impide que los equipos puedan ejecutar oportunamente trabajos necesarios para mantener y modernizar la infraestructura eléctrica, en sectores donde se han identificado condiciones que representan un riesgo para la comunidad y la continuidad del servicio.

 

El pasado 27 de julio, Afinia realizó la reposición de un transformador que había sido afectado por una quema y que ya había sido sustituido durante 2025. Las verificaciones posteriores evidenciaron que la infraestructura continúa sometida a condiciones de alta demanda que podrían generar nuevas afectaciones.

 

Durante las inspecciones también fueron identificadas conexiones irregulares, 10 usuarios sin contrato y un establecimiento hotelero de aproximadamente 40 habitaciones con sistemas de aire acondicionado, condiciones que incrementan la demanda sobre la infraestructura existente.

A esta situación se suma la difícil realidad de la cartera y pérdidas de energía en el municipio.

 

Durante julio, 709 usuarios registraron cartera vencida por $3.255 millones. En ese mismo periodo, el recaudo apenas alcanzó $7,9 millones, equivalente al 12 % del valor puesto al cobro. Por su parte se identificaron pérdidas de 1.564.783 kWh/mes y su equivalente del 72,5%. Esta baja recuperación de cartera y altas pérdidas de energía, limita la sostenibilidad del servicio y evidencia la necesidad de que los usuarios cumplan oportunamente con sus obligaciones.

 

Afinia ha propuesto una modernización integral de las redes, que contempla nueva postería, instalación de transformadores acordes con la demanda, nuevas redes, cambio de equipos de medida y legalización de usuarios. La intervención sería realizada sin costo para los usuarios. Sin embargo, la comunidad no ha autorizado la ejecución de estos trabajos.

 

La empresa reitera su llamado a la Alcaldía de Calamar, las autoridades de Policía y los líderes comunitarios para que garanticen que los trabajadores puedan ingresar, permanecer y salir de los sectores donde deben desarrollar sus labores, sin ser retenidos ni obstaculizados.

 

Impedir que los equipos técnicos trabajen no soluciona las dificultades del servicio; por el contrario, aumenta el riesgo de nuevas fallas y afectaciones para la comunidad. Afinia está dispuesta a ejecutar las soluciones que requiere Calamar, pero necesita garantías para que sus trabajadores puedan hacerlo de manera segura. 

UNICARTAGENA Y FONDO PAZ CULMINARON PROYECTO “REPARACIÓN TRANSFORMADORA”

La Universidad de Cartagena, en el marco del proyecto Reparación Transformadora, una apuesta de Paz total, culminó la ejecución de tres de sus cuatro componentes: Taller de Resiliencia–Barrilete, Primeros Auxilios Psicológicos y Diplomado en Empoderamiento Jurídico.

Entre julio y agosto, estos procesos formativos registraron 390 participaciones de integrantes de comunidades, asociaciones, organizaciones sociales, colectivos juveniles, juntas de acción comunal e instituciones locales en diez municipios de cinco departamentos: Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia y Bolívar.

La formación se desarrolló desde un enfoque territorial y participativo, reconociendo las necesidades, trayectorias y capacidades de las comunidades vinculadas. De esta manera, la Universidad aporta al fortalecimiento de herramientas personales, colectivas e institucionales para la construcción de paz, la reparación transformadora y la garantía de derechos.

“Este proceso ratifica el compromiso de la Universidad Cartagena, qué, en alianza con el Gobierno nacional, trabaja en los territorios con una extensión universitaria que dialoga, aprende y construye junto a las comunidades. La reparación transformadora requiere fortalecer capacidades locales, redes de cuidado y el ejercicio informado de los derechos”, afirmó la Vicerrectora de Extensión y Proyección Social de la Universidad de Cartagena, Berta Lucia Arnedo Redondo. 

 

PRINCIPALES LOGROS DEL TRABAJO EN CAMPO

 

·         270 participaciones en nueve Talleres de Resiliencia–Barrilete, desarrollados en Orito y Mocoa (Putumayo); Belén de los Andaquíes, Florencia y San Vicente del Caguán (Caquetá); Bucarasica y El Zulia (Norte de Santander); Caucasia (Antioquia); y Carmen de Bolívar (Bolívar).

·         90 participaciones en en nueve jornadas de Primeros Auxilios Psicológicos, dirigidas a fortalecer capacidades comunitarias de escucha, contención inicial, identificación de necesidades y activación de redes de apoyo. Estas jornadas se realizaron en Orito y Mocoa; San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes y Florencia; Bucarasica, El Zulia y Sardinata; y Carmen de Bolívar.

·         30 participaciones en el en el Diplomado en Empoderamiento Jurídico, ejecutado en Orito y Mocoa, Putumayo, y en Caucasia, Antioquia. El diplomado contribuyó al conocimiento de derechos, mecanismos de participación y herramientas para la incidencia y la gestión comunitaria.

·         21 espacios formativos culminados en total: nueve talleres de resiliencia, nueve jornadas de primeros auxilios psicológicos y tres procesos de diplomado.

 

Todo lo anterior con la vinculación de una amplia diversidad de actores territoriales, entre ellos organizaciones de mujeres, asociaciones productivas y campesinas, colectivos juveniles, comunidades afrodescendientes, víctimas, juntas de acción comunal, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

La participación de la Universidad Cartagena desde su proceso de extensión universitaria, se expresa en una apuesta por llevar el conocimiento al territorio y, al mismo tiempo, reconocer los saberes comunitarios como base para la transformación social, en alianza con las comunidades y el gobierno. En estos componentes, su aporte se orientó a:

·         Diseñar y desarrollar procesos pedagógicos pertinentes para las realidades locales.

·         Facilitar espacios seguros de diálogo, reflexión y aprendizaje colectivo.

·         Aportar herramientas para el cuidado psicosocial, la resiliencia y el fortalecimiento de redes comunitarias.

·         Promover la apropiación de conocimientos jurídicos para el ejercicio de derechos, la participación y la incidencia.

·         Articular el trabajo académico con las organizaciones sociales, comunidades e instituciones de los territorios priorizados.