Por AMYLKAR
ACOSTA MEDINA - www.amylkaracosta.net
El riesgo de
un racionamiento simultáneo de energía eléctrica y de gas natural en Colombia
es real, no es alarmismo y quienes lo hemos venido advirtiendo no somos
catastrofistas, como se nos ha endilgado por parte de los escépticos,
especialmente desde el Gobierno Nacional. Su materialización dependerá de las
condiciones hidrológicas, de la disponibilidad de combustibles para la
generación térmica y de la rapidez con que se adopten medidas de contingencia.Y
de contera, nos sorprende en medio de la crisis energética, inducida por
lo demás por parte del mismo Gobierno, la más pavorosa en los últimos 30
años, lo que torna al Sistema interconectado nacional (SIN) más vulnerable,
amén de su baja resiliencia frente al Cambio climático por depender en un 58%
de toda la capacidad instalada de generación de la generación hídrica.
El cuadro actual es patético: la
demanda de energía crece a un ritmo endiablado del 5.75%, alcanzando una demanda
máxima histórica de 261.86 GWHD y con tendencia a seguir creciendo debido
al aumento del consumo atribuido a las altas temperaturas y a la creciente
movilidad eléctrica, al punto que la demanda supera en este momento en 1971
GWH/año la Oferta de energía firme. Es más, según XM, que es la empresa que
opera el Sistema interconectado nacional (SIN) y administra el mercado
mayorista, actualmente en horas pico, que es cuando la demanda de
energía es mayor, la capacidad instalada sólo está en capacidad de cubrir
hasta el 90% de la demanda, es decir, se presenta un descalce del 10%.
Ello explica, entre otras cosas,
que al corte del 3 de julio, XM reportó 36 restricciones energéticas por estado
de emergencia y 48 por estado de alerta. Es más, entre abril y julio
se impartieron por parte de X M 165 instrucciones de desconexiones, las
que se denominan Esquema de deslastre
automático de carga (EDAC) por baja
frecuencia, que no es nada distinto que la desconexión de circuitos debido a sobrecargas
ya sea en las líneas de transmisión nacional, regional, las subestaciones
eléctricas y/o líneas de distribución. Con este procedimiento lo que se busca
es proteger la estabilidad del SIN y evitar un corte masivo del fluido
eléctrico.
El caso más crítico es el de la
región Caribe, en la que desde 2023 se viene presentando un agotamiento de
las redes de transmisión que transportan la energía desde el interior del
país y en consecuencia se registra lo que se denomina demanda no atendida,
que es un término eufemístico, pero que en la práctica es un racionamiento
en la prestación del servicio. De hecho, en un Comunicado reciente de XM se
informó que 5.69 GWH “podrán no ser atendidos debido a la saturación del STR
y debilidad es en la configuración de la red, que hoy dificultan una
operación segura”.
A ello se viene a añadir la
crisis que afronta el SIN por cuenta de la abultada deuda que tiene contraída
la empresa Air-e, que le presta el servicio de energía a los
departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. En efecto, de los $4
billones que adeuda $1.5 billones corresponde a la energía que le despachan las
térmicas, poniendo a estas en calzas prietas, afectando su flujo de caja para
la compra del gas que requieren para operar, amenazando con un efecto dominó
que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. Es de advertir que
el caso Air-e es sólo la punta del iceberg, porque el riesgo de un apagón
financiero, que es como lo han denominado la Contraloría General y la
Procuraduría, está en ciernes hace rato.
En cuanto al gas natural,
la situación es igualmente delicada: la producción nacional ha venido
disminuyendo debido al agotamiento natural de campos maduros y la declinación
de los mismos. El porcentaje de gas importado desde diciembre de 2024 a esta
fecha se ha incrementado desde el 20% al 33% (¡!) y se estima que para el año
entrante este porcentaje se elevará hasta el 40%, por lo menos. Huelga decir
que la mayor utilización de plantas térmicas durante el Niño incrementa
significativamente la demanda de gas para generación eléctrica, compitiendo con
la demanda residencial e industrial. Estamos, entonces, ante un estrés
energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un
racionamiento en simultánea de energía y gas natural.
Lo más grave es que debido al
negacionismo del gobierno de la escasez y el déficit de gas desde el 2023,
advertido desde 2021 por parte de la Unidad de planeación minero-energético
(UPME), en un estudio técnico para la adopción del Plan de abastecimiento de
gas natural 2023 – 2038, se dilató prácticamente tres años la toma de la
decisión por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de
regulación de energía y gas (CREG) para dar las señales de política y la
regulación para la instalación de nuevas plantas de regasificación con el fin
de expandir la capacidad de importación de gas y la contratación del mismo por
parte de las empresas comercializadoras.
La única regasificadora con la
que se cuenta (la SPEC, en Barú, Cartagena) está operando al límite de su
capacidad (465 MMPCD), convirtiéndose este en un cuello de botella y de los
proyectos de nuevas plantas regasificadoras el más avanzado es el de ECOPETROL
en el Pacífico y este sólo entrará a operar finalizando este año y su capacidad
es muy limitada, de sólo 60 MMPCD. Estamos, entonces, ante un estrés
energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un
racionamiento en simultánea de energía y gas natural.
Según cálculos recientes, una
sola hora de racionamiento le costaría a la economía del país entre $175.000
millones y $204.000 millones y si el racionamiento se prolonga podría restar
entre 1.5% y 1.7% del PIB. Y lo que es peor, el sector informal de la
economía, que supera el 58%, llevaría la peor parte, por su alto grado de
vulnerabilidad y por sus mayores dificultades para mitigar los cortes. Bien
dijo el Nobel de economía Joseph Stiglitz que “quienes sufren más en una
crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”. ¡Ello no es JUSTO!
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