Por el tema de las fiestas
de navidad y fin de año, ha pasado desapercibido el nuevo escándalo que pone en
el ojo del huracán a la ciudad de Cartagena y a constructores inescrupulosos
inmobiliario sacude el norte de Cartagena, donde la Fiscalía 20 Seccional
intervino al bloquear más de 80 folios de matrículas cuyos registros oficiales
de propiedad correspondientes a terrenos ubicados en la zona adyacente al
Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
En este sector de alta
demanda, conocido como Cielo Mar, se proyectaban varios complejos residenciales
de lujo destinados a estratos 5 y 6. La intervención judicial puso en riesgo la
viabilidad de estos millonarios proyectos, ya que, según la Aeronáutica Civil
(Aerocivil), los predios son de propiedad del Estado y deberían destinarse a
bienes de uso público.
De acuerdo con las
revelaciones del diario El Tiempo, el bloque de matrículas
afecta a un cuadrante de más de 15 hectáreas, terreno que había sido
comercializado por grandes constructoras para el desarrollo de apartamentos
cuyo valor unitario oscila entre los 350 y 450 millones de pesos.
Este escándalo dejó a
cientos de compradores, tanto nacionales como extranjeros, en una situación de
total incertidumbre legal, y pone en entredicho la seguridad jurídica de la
industria inmobiliaria en la ciudad.
Según lo publican el portal Infobae
Colombia y El Tiempo, El proceso penal 27.749, abierto por el presunto delito
de fraude procesal, radica en la demanda presentada por la Aerocivil
para la restitución de los predios, cuya ubicación y características provocaron
un conflicto que afecta tanto a los inversionistas como a los futuros
propietarios.
La Aeronáutica Civil argumenta que estos
terrenos son parte del patrimonio público de la Nación, vinculados a la
operación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, y que, por lo tanto, no
deberían ser objeto de transacciones comerciales, de acuerdo con el diario en
mención.
En este mismo cuadrante de tierras, el Distrito de
Cartagena está llevando a cabo la construcción de su proyecto más ambicioso: el
Gran Malecón del Mar. Este complejo urbanístico, recreativo y turístico
se perfila como el motor de la revitalización del norte de la ciudad.
No obstante, la disputa por la titularidad de los terrenos
podría retrasar o incluso desestabilizar el avance de esta obra, clave para la
visión de futuro del Distrito.
La situación legal podría
afectar a más de 1.700 apartamentos que ya están en venta en distintos
megaproyectos inmobiliarios. Estos complejos
habitacionales, promovidos por empresas constructoras de renombre, eran vistos
como una excelente oportunidad de inversión. Se sabe que ya existen varias
denuncias penales por estafa y fraude ante la Fiscalía, sobre esos terrenos.
Sin embargo, el riesgo de
perder el dinero invertido se cierne sobre los compradores, quienes podrían
verse obligados a recurrir a los tribunales para recuperar sus derechos, si
finalmente se confirma que los terrenos pertenecen al Estado.
Además, se conoció que el
Tribunal Superior de Cartagena, ante la magnitud del caso, ya ordenó a la
Fiscalía emitir una decisión definitiva sobre la restitución de los terrenos.
Por lo que el alto tribunal
reafirmó la obligación del Estado de recuperar estos bienes de uso público y
evitar que sean comercializados ilegalmente. Con este panorama, tanto
los afectados como la Fiscalía deberán encontrar una solución rápida, dado el
tamaño del terreno en disputa y las implicaciones legales y económicas que
involucra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario