La Contraloría
General de la República alertó sobre la grave situación administrativa y
financiera que hay en la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Petro, unas
cifras que son billonarias y que dejan en evidencia el difícil momento que
vive.
En el mes de julio
se realizó un operativo policial con el objetivo de recaudar información
técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de
información que administra la Superintendencia Nacional de Salud y ante la
carencia de estados financieros certificados y dictaminados.
Entre otras cosas,
se llevaron a cabo entrevistas, inspecciones, toma de evidencias
físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias
desde 2022 hasta el primer semestre de 2025.
Dentro de las
irregularidades encontradas hay incremento de anticipos, represamiento de
facturas sin auditar, aumento de cuentas por pagar, falencias en la
contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas
técnicas.
por su parte el Representante a la Cámara
Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, pusieron el foco en los gobiernos
pasados y en la permanencia del uribismo en la dirección de la entidad durante
más de una década
El congresista expresó que
los hallazgos presentados por la Contraloría no nacen con la intervención
ordenada por el actual Gobierno, encabezado por Gustavo Petro, sino que tienen
su origen en una serie de prácticas irregulares sostenidas durante años por
personas vinculadas al sector político que lideró el expresidente Álvaro Uribe
Vélez.
De acuerdo con la
Contraloría, se detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes
por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de
$3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155 %.
Además, hubo un
incremento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar, en el primer
semestre del presente año, “situación que compromete la liquidez institucional
y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial”.
“Con corte a junio
de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por
$5,7 billones correspondientes a la vigencia 2024, lo que evidencia que una
parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados”,
indicó la entidad.
Otro de los
hallazgos fue el reporte total de facturas pendientes por procesar entregado
por la EPS. Según el informe, se encontró que a la fecha existen 22.737.247 de registros por un valor de $22,1 billones.
Una vez se realizó
la verificación inicial, las autoridades lograron identificar 9.155.060
facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones.
Por lo mismo, al excluir los registros repetidos, existen facturas por valor de
$13.2 billones pendientes por procesar.
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