La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI – información detallada
sobre el estado del trámite de licenciamiento ambiental del Proyecto de Restauración
de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.
El requerimiento se enmarca en el seguimiento preventivo que
realiza el ente de control desde 2020, y surge tras la decisión de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – de negar la cesión del
instrumento ambiental existente y ordenar la elaboración de un
Estudio de Impacto Ambiental como requisito para la ejecución del proyecto.
Adicionalmente, pidió información sobre si, como consecuencia del
proceso de licenciamiento, se ha activado el Procedimiento de Información
del Evento Eximente de Responsabilidad, y si la decisión de la ANLA ha
implicado la asunción de alguno de los riesgos contractuales por parte del
concesionario o de la ANI. Así mismo, solicitó copia actualizada del Plan de
Trámites Ambientales, incluyendo las modificaciones derivadas de la obligación
de tramitar una licencia ambiental.
Finalmente, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero
Energéticos y Agrarios recordó a la ANI su deber legal de garantizar la
publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de
todos los documentos contractuales generados por las partes
intervinientes en el proyecto, conforme al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
Hasta la fecha, solo se ha evidenciado la publicación del Otrosí No. 1
posterior al acta de inicio.
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