“La real realidad es aquella situación que no
desaparece
cuando dejas de creer en ella” Philip K. Dick
La crisis
del gas natural que hoy enfrenta Colombia no fue un accidente ni una sorpresa.
Era una contingencia anunciada. Durante más de dos décadas, la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME) y otros organismos técnicos advirtieron
que, sin nuevas reservas, mayor actividad exploratoria y la expansión de la infraestructura
de transporte e importación, el país terminaría enfrentando un déficit de
oferta. Las advertencias estaban sobre la mesa. Lo que faltó fue voluntad para
actuar.
La UPME proyectó que el país
entraría en una situación de déficit estructural de gas natural alrededor de
2023, si no se incorporaban nuevas fuentes de
producción o de importación. La crisis del gas
natural en Colombia no fue un hecho imprevisible. En efecto, el Plan Indicativo de
Abastecimiento de Gas Natural 2015-2029, publicado por la UPME en 2015,
proyectó que hacia 2023 la oferta nacional sería insuficiente para
atender la demanda, por lo que sería necesario contar con
infraestructura de importación de gas por la costa Pacífica, además de la
planta de regasificación del Caribe. Esa proyección fue reiterada y
refinada en los posteriores Planes de Abastecimiento de Gas Natural,
que identificaron la necesidad de nuevas fuentes de oferta, ampliación de la
infraestructura y, eventualmente, mayores importaciones de gas natural licuado
(GNL).
Es más, el Estudio
Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2038 confirma
que los problemas de abastecimiento observados durante 2023 respondían a un
margen muy estrecho entre oferta y demanda y advierte que, sin nueva producción
e infraestructura, los riesgos de desabastecimiento persistirán e incluso se
intensificarán hacia finales de la década.
La peor
respuesta frente a un riesgo anunciado es el negacionismo. Cuando la evidencia
técnica es sustituida por discursos políticos o convicciones ideológicas, el
Estado pierde la capacidad de anticiparse a los problemas. En el sector
energético el tiempo es un recurso escaso: entre el descubrimiento de un
yacimiento y su entrada en producción pueden transcurrir entre cinco y diez
años. Cada decisión aplazada se convierte en un problema para el futuro.
Durante la
administración del presidente Gustavo Petro, su política energética errada y
errática estuvo marcada por la incertidumbre, sobre todo después de su
desatentada decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos, enviando señales contradictorias a los inversionistas.
Esta incertidumbre llevó a muchas empresas a retornar y a recurrir nuevamente
al consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo, al GLP e incluso al
carbón. De allí que el consumo de gas en la industria se ha reducido en un 30%,
lo cual representa un retroceso de la Transición energética, de la cual el gas
se considera por parte de la Agencia internacional de energía (AIE) como el
combustible – puente de la misma.
Al propio
tiempo, los entonces ministros de Minas y Energía, Irene Vélez y Andrés
Camacho, para justificarla, le restaron importancia a las advertencias sobre el
deterioro del balance entre oferta y demanda de gas, insistiendo en distintas
oportunidades en que el país no enfrentaba un problema estructural de
abastecimiento o que este obedecía principalmente a distorsiones del mercado.
Mientras la
Ministra Irene Vélez afirmaba a pie juntillas, basada en un Informe apócrifo de
la ANH, que Colombia tenía asegurado el abastecimiento de gas natural hasta
el 2042, su sucesor Andrés Camacho adujo en 2023, cuando las empresas
comercializadoras lo delataron, que en Colombia no había déficit ni escasez
de gas natural, que en su lugar se estaba dando era un acaparamiento del mismo
por parte de algunas empresas y como era obvio de toda obviedad si no había
déficit no había necesidad de importar gas para cubrir la demanda esencial. De
este modo se perdieron prácticamente tres años para tomar las decisiones
requeridas para el montaje de otras plantas regasificadoras y así poder ampliar
la capacidad de importar gas.
Mientras el
debate político giraba alrededor de narrativas, la realidad seguía su curso. La
producción nacional disminuyó, las reservas continuaron reduciéndose y la
demanda mantuvo su crecimiento. El resultado fue el estrechamiento del margen
de seguridad del sistema, el incremento de las importaciones de gas natural
licuado y mayores costos para los usuarios, la industria y el sector eléctrico.
De allí que
sólo se cuenta con una sola planta regasificadora (la SPEC en Cartagena), que
viene operando al límite de su capacidad, en momentos en los que para enfrentar
el Super Niño el parque térmico de generación debe operar a full para suplir la
energía que dejan de generar las hídricas para elevar el nivel agregado de sus
embalses hasta el 80% se enfrenta ese cuello de botella, abocando al país a un
riesgo inminente de racionamiento del suministro de gas en simultánea con el de
energía. Y todo se debe a la imprevisión y a la improvisación de las
autoridades, lo cual explica que sólo ahora, tardíamente se están dando los
pasos conducentes para contar con otras opciones mediante la instalación de
nuevas plantas regasificadoras, pero ninguna de ellas estará lista antes de fin
de este año.
La
improvisación es costosa; el negacionismo, mucho más. Un gobierno puede
equivocarse en sus decisiones, pero resulta particularmente grave cuando
desestima las alertas de sus propias instituciones técnicas. La planeación
energética no admite voluntarismos. Las moléculas de gas no aparecen por decreto
ni responden a discursos. Requieren exploración, inversión, infraestructura y
reglas de juego estables.
La
seguridad energética constituye un asunto de Estado, no de gobierno. Su
preservación exige continuidad en las políticas públicas, respeto por la
evidencia técnica y decisiones oportunas. Ignorar las señales de alerta no
elimina los riesgos; simplemente traslada sus costos a los ciudadanos y a la
economía. Huelga decir que la afectación mayor recae en la economía informal
debido a su mayor vulnerabilidad.
La
principal enseñanza de esta crisis es que la realidad termina imponiéndose
sobre cualquier relato. El negacionismo puede aplazar las decisiones, pero
nunca evita las consecuencias. En materia energética, desconocer la realidad
suele ser la forma más costosa de gobernar.
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