Opinión - LAS CONSECUENCIAS DEL NEGACIONISMO

 

Por AMYLKAR ACOSTA MEDINA - www.amylkaracosta.net

 

“La real realidad es aquella situación que no

                                                                                                                                             desaparece cuando dejas de creer en ella”                                                                                                                                                                                        Philip K. Dick

 

 

La crisis del gas natural que hoy enfrenta Colombia no fue un accidente ni una sorpresa. Era una contingencia anunciada. Durante más de dos décadas, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y otros organismos técnicos advirtieron que, sin nuevas reservas, mayor actividad exploratoria y la expansión de la infraestructura de transporte e importación, el país terminaría enfrentando un déficit de oferta. Las advertencias estaban sobre la mesa. Lo que faltó fue voluntad para actuar.

 

La UPME proyectó que el país entraría en una situación de déficit estructural de gas natural alrededor de 2023, si no se incorporaban nuevas fuentes de producción o de importación. La crisis del gas natural en Colombia no fue un hecho imprevisible. En efecto, el Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural 2015-2029, publicado por la UPME en 2015, proyectó que hacia 2023 la oferta nacional sería insuficiente para atender la demanda, por lo que sería necesario contar con infraestructura de importación de gas por la costa Pacífica, además de la planta de regasificación del Caribe.  Esa proyección fue reiterada y refinada en los posteriores Planes de Abastecimiento de Gas Natural, que identificaron la necesidad de nuevas fuentes de oferta, ampliación de la infraestructura y, eventualmente, mayores importaciones de gas natural licuado (GNL).  

 

Es más, el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2038 confirma que los problemas de abastecimiento observados durante 2023 respondían a un margen muy estrecho entre oferta y demanda y advierte que, sin nueva producción e infraestructura, los riesgos de desabastecimiento persistirán e incluso se intensificarán hacia finales de la década.  

 

La peor respuesta frente a un riesgo anunciado es el negacionismo. Cuando la evidencia técnica es sustituida por discursos políticos o convicciones ideológicas, el Estado pierde la capacidad de anticiparse a los problemas. En el sector energético el tiempo es un recurso escaso: entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción pueden transcurrir entre cinco y diez años. Cada decisión aplazada se convierte en un problema para el futuro.

 

Durante la administración del presidente Gustavo Petro, su política energética errada y errática estuvo marcada por la incertidumbre, sobre todo después de su desatentada decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, enviando señales contradictorias a los inversionistas. Esta incertidumbre llevó a muchas empresas a retornar y a recurrir nuevamente al consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo, al GLP e incluso al carbón. De allí que el consumo de gas en la industria se ha reducido en un 30%, lo cual representa un retroceso de la Transición energética, de la cual el gas se considera por parte de la Agencia internacional de energía (AIE) como el combustible – puente de la misma.

 

Al propio tiempo, los entonces ministros de Minas y Energía, Irene Vélez y Andrés Camacho, para justificarla, le restaron importancia a las advertencias sobre el deterioro del balance entre oferta y demanda de gas, insistiendo en distintas oportunidades en que el país no enfrentaba un problema estructural de abastecimiento o que este obedecía principalmente a distorsiones del mercado.

 

Mientras la Ministra Irene Vélez afirmaba a pie juntillas, basada en un Informe apócrifo de la ANH, que Colombia tenía asegurado el abastecimiento de gas natural hasta el 2042, su sucesor Andrés Camacho adujo en 2023, cuando las empresas comercializadoras lo delataron, que en Colombia no había déficit ni escasez de gas natural, que en su lugar se estaba dando era un acaparamiento del mismo por parte de algunas empresas y como era obvio de toda obviedad si no había déficit no había necesidad de importar gas para cubrir la demanda esencial. De este modo se perdieron prácticamente tres años para tomar las decisiones requeridas para el montaje de otras plantas regasificadoras y así poder ampliar la capacidad de importar gas.

 

Mientras el debate político giraba alrededor de narrativas, la realidad seguía su curso. La producción nacional disminuyó, las reservas continuaron reduciéndose y la demanda mantuvo su crecimiento. El resultado fue el estrechamiento del margen de seguridad del sistema, el incremento de las importaciones de gas natural licuado y mayores costos para los usuarios, la industria y el sector eléctrico.

 

De allí que sólo se cuenta con una sola planta regasificadora (la SPEC en Cartagena), que viene operando al límite de su capacidad, en momentos en los que para enfrentar el Super Niño el parque térmico de generación debe operar a full para suplir la energía que dejan de generar las hídricas para elevar el nivel agregado de sus embalses hasta el 80% se enfrenta ese cuello de botella, abocando al país a un riesgo inminente de racionamiento del suministro de gas en simultánea con el de energía. Y todo se debe a la imprevisión y a la improvisación de las autoridades, lo cual explica que sólo ahora, tardíamente se están dando los pasos conducentes para contar con otras opciones mediante la instalación de nuevas plantas regasificadoras, pero ninguna de ellas estará lista antes de fin de este año.

La improvisación es costosa; el negacionismo, mucho más. Un gobierno puede equivocarse en sus decisiones, pero resulta particularmente grave cuando desestima las alertas de sus propias instituciones técnicas. La planeación energética no admite voluntarismos. Las moléculas de gas no aparecen por decreto ni responden a discursos. Requieren exploración, inversión, infraestructura y reglas de juego estables.

 

La seguridad energética constituye un asunto de Estado, no de gobierno. Su preservación exige continuidad en las políticas públicas, respeto por la evidencia técnica y decisiones oportunas. Ignorar las señales de alerta no elimina los riesgos; simplemente traslada sus costos a los ciudadanos y a la economía. Huelga decir que la afectación mayor recae en la economía informal debido a su mayor vulnerabilidad.

 

La principal enseñanza de esta crisis es que la realidad termina imponiéndose sobre cualquier relato. El negacionismo puede aplazar las decisiones, pero nunca evita las consecuencias. En materia energética, desconocer la realidad suele ser la forma más costosa de gobernar.