Una investigación periodística de profundidad,
adelantada por el portal de noticias CORRUPCIÓN AL DIA, reveló
recientemente que Cartagena de Indias. La ciudad amurallada, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, capital turística del Caribe colombiano, sede de
los más grandes puertos del país y, paradójicamente, uno de los territorios con
mayor desigualdad, pobreza y violencia de Colombia. Con más de un millón de
habitantes, el Distrito Turístico y Cultural, enfrenta desafíos estructurales
que ningún alcalde ha podido resolver en décadas: la crisis del
agua potable, la violencia homicida, la pobreza
que supera el 41%, la informalidad laboral que ronda el 55% y un sistema
educativo que no logra retener a sus estudiantes.
Dos años después,
con la ciudad en sus manos, este análisis forense desnuda la realidad de una
gestión que, entre el espejismo de las obras mediáticas y la opacidad
contractual, ha dejado a los cartageneros con más deudas, menos agua y la misma
inseguridad de siempre.
Panorama
General de Ingresos
El
Distrito de Cartagena manejó recursos por $4.178 billones en 2024 y $4.655
billones en 2025, para un total de $8.833 billones en los dos primeros años de
la administración Turbay. Estas son cifras de magnitud considerable que, bien
gestionadas, deberían haber transformado la ciudad. Afirma este informa con
hallazgos forenses de CORRUPCION AL DIA.
Hallazgo Forense #1:
La
dependencia del SGP (transferencias del gobierno central) aumentó del 28.0% al
30.1% entre 2024 y 2025. Esto contradice el objetivo del Plan de Desarrollo de
fortalecer los ingresos propios y reducir la dependencia del gobierno central.
Cartagena, siendo la ciudad más grande de la Costa Caribe con un potencial
tributario enorme, sigue sin explotar plenamente su base fiscal.
El
Esfuerzo Fiscal: Lo que el Distrito Genera por Sí Mismo
El Predial Unificado creció de
$399.037 millones a $451.249 millones (+13.1%), lo que refleja una gestión
activa de cobro. Sin embargo, en una ciudad con el potencial económico de
Cartagena (turismo, industria petroquímica, puerto), estos niveles de recaudo
son insuficientes. Para contexto, Medellín, con una población similar, recauda
más del doble en Predial.
El Impuesto de Industria y Comercio
(ICA) también creció, pasando de aproximadamente $904.763 millones a $1.036.776
millones. Pero la informalidad del 55% del mercado laboral cartagenero
significa que una enorme base tributaria sigue fuera del sistema. Este es el
hallazgo más grave del análisis forense. La diferencia entre lo que el Distrito
comprometió (contratos firmados) y lo que efectivamente pagó revela una crisis
de gestión administrativa sin precedentes:
Hallazgo Forense #2 (CRÍTICO):
En
2025, la administración Turbay comprometió $2.733 billones, pero solo pagó
$1.533 billones. La eficiencia de pago en inversión fue de apenas el 44.7%.
Esto significa que de cada $100 pesos comprometidos para obras e inversión
social, solo $44.7 llegaron efectivamente a las comunidades. Los $1.170.250
millones restantes quedaron en el limbo burocrático, generando cuentas por
pagar y reservas presupuestales que hipotecan el presupuesto de 2026.
Hallazgo
Forense #3:
A pesar de recibir $842.650 millones
en SGP para educación en 2025, el 31% de los hogares cartageneros reporta
barreras para acceder al sistema educativo. El PAE, con $6.227 millones,
registra la menor satisfacción ciudadana (46%). La pregunta que deben responder
los entes de control es: ¿A
dónde fueron estos recursos?
DEUDA
PÚBLICA: LA HIPOTECA DE LAS GENERACIONES FUTURAS
La
administración Turbay inició un agresivo proceso de endeudamiento en 2025.
Según los registros de la categoría FUT_DEUDA_PUBLICA del CUIPO, el Distrito
aprobó un portafolio de 12 créditos por un monto total de $1.534.956 millones
(aproximadamente $1.535 billones).
Hallazgo Forense
#4:
De 1.534
billones aprobados en créditos, sol9o se desembolsaron 102.461 millones o sea
apenas el 6.7%, al cierre de 2025. El saldo de la deuda al cierre del año
pasado fue de 154.698 millones. Ello indica que entre lo aprobado y lo
desembolsado señalaría que o los proyectos no estaban listos para ejecutarse,
lo que denota falta de planificación, o los bancos están condicionando los
desembolsos a unos requisitos que la alcaldía de Cartagena no ha cumplido.
Las
Vigencias Futuras: Comprometiendo el Presupuesto de Mañana
En 2024, el Concejo Distrital autorizó vigencias
futuras excepcionales para comprometer recursos de vigencias posteriores. Los
datos del formulario FUT_VIGENCIAS_FUTURAS revelan:
Vigencias Futuras 2024 (autorizadas, para ejecutar
en 2025-2027):
•Educación (Calidad y Cobertura): $403.485 millones (Acto Administrativo 154 del 30-Sep-2024),
distribuidos en 2025 ($129.708 M), 2026 ($128.113 M) y 2027 ($145.663 M).
•Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: $16.150 millones (AA 152 del 30-Sep-2024).
Vigencias Futuras 2025 (autorizadas, para ejecutar
en 2026-2027):
•Total Vigencias Futuras para Inversión: $289.927 millones (2026: $135.763 M; 2027: $145.663 M).
Vigencias Futuras
para Funcionamiento: $13.421 millones
(AA 191 del 20-Dic-2025).
•TOTAL VIGENCIAS
FUTURAS AUTORIZADAS 2025: $303.348 millones.
Hallazgo Forense # 5:
La combinación de 1534 billones en créditos
aprobados, más 303.348 millones en vigencias futuras autorizadas de rodillas el
año 2025 por el Concejo Distrital, representa un compromiso fiscal de casi
1.838 billones que las próximas administraciones deberán honrar. El distrito de
Cartagena está hipotecando el futuro de Cartagena, sin que los ciudadanos
actuales vean los beneficios prometidos en campaña.
Modelo Edurbe: Contratar Rápido, Ejecutar Mal
La
Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar) documentó en su informe de octubre de
2025 que la administración Turbay contrató con Edurbe (empresa industrial y
comercial del Distrito) más de $60 mil millones solo en 2024, superando en un
año lo contratado en todo el cuatrienio anterior (2020-2023, $39 mil millones).
La Opacidad Informativa: Publicar tarde para evitar las Veedurías
La Contratopedia
Caribe documentó al menos ocho patrones de opacidad en los primeros contratos
de la administración Turbay:
1.Publicación
tardía: El contrato con Dinacol SAS por $3.101 millones
para obras en la Avenida Santander fue firmado el 25 de marzo de 2024 pero
publicado en SECOP hasta el 18 de abril (24 días después), violando el plazo de
3 días hábiles del Decreto 1082 de 2015.
2.Pliegos sin
especificaciones técnicas: Los pliegos del
Polideportivo Chambacú ($47.564 millones) y la Villa Olímpica fueron publicados
sin diseños ni especificaciones técnicas, impidiendo la veeduría ciudadana
efectiva.
3.Contratos sin
estudios previos: Varios procesos
contractuales del primer semestre de 2024 carecían de estudios de mercado o
previos publicados en SECOP.
4.Urgencia
manifiesta sin argumentación suficiente:
La declaratoria de calamidad pública del 15 de febrero de 2024 fue usada para
contratar directamente obras que no tenían carácter de emergencia inmediata.
Otro caso Sui
géneris existente son los contratos u OPS a los mismos veedores ciudadanos y
muchos periodistas o a sus familiares, para evitar que publiquen estas
irregularidades.
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