Los magnicidios de Álvaro Gómez Hurtado y monseñor
Duarte
Por RAUL BUSTAMANTE DE LA VEGA – Abogado
Penalista Litigante - raulbusta@gmail.com
Aunque la
autoría material se atribuye a actores armados, las lagunas en la investigación
piden una auditoría independiente a la justicia especial para la paz (JEP).
En la
historia reciente de Colombia hay dos heridas que no han cicatrizado: el
magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y el asesinato de monseñor Duarte. Ambas
muertes, ocurridas en un país donde la política, el narcotráfico y la violencia
armada se entrelazaron durante décadas, siguen alimentando preguntas que la
justicia y la memoria publica aún no han respondido por completo. Mi propósito
aquí no es dictar sentencias; es presentar con rigor una hipótesis que, a mi
juicio, merece una investigación exhaustiva: las FARC habrían ejecutado
materialmente ambos crímenes, pero la orden o el encargo podrían haber sido
transmitidos desde actores del poder político —incluido el entorno de Ernesto
Samper— a través de intermediarios del Cartel de Cali hacia la cúpula guerrillera.
Esta hipótesis
combina tres elementos distintos y verificables: autoría material (la
capacidad operativa de las FÁRC en zonas urbanas), motivación política (intereses
de actores estatales o paraestatales por neutralizar voces incomodas) y mediación
criminal (la capacidad del Cartel de Cali para servir de puente entre poder
político y violencia armada). Cada uno de esos elementos existe por separado en
el archivo histórico colombiano; la pregunta es si, en algún caso, se
concatenaron hasta producir asesinatos selectivos.
Por qué esta
hipótesis no es una conspiración gratuita
Los años
noventa fueron un tiempo en que las fronteras entre lo público y lo clandestino
se volvieron permeables. El escándalo del Proceso 8.000 dejo constancia
de vínculos entre campañas políticas y dineros del narcotráfico; el DÁS operaba
entonces como un aparato de inteligencia con amplias facultades y, en
ocasiones, con prácticas opacas; las FÁRC mantenían redes urbanas capaces de
ejecutar operaciones precisas. En ese contexto, la idea de que un encargo
político pudiera ser externalizado a través de intermediarios criminales y
materializado por un actor armado no es, en abstracto, inverosímil: es una
hipótesis que exige pruebas, no una afirmación que deba descartarse por principio.
Además, la
propia dinámica de la impunidad alimenta la sospecha. Cuando las
investigaciones muestran dilaciones, perdidas de pruebas o decisiones
procesales que no se explican por la lógica de la investigación criminal, la
sociedad tiene derecho a preguntar si hubo omisiones deliberadas o
encubrimientos. La familia de Álvaro Gómez y otros actores han señalado, con
persistencia, vacíos y tropiezos en la pesquisa que merecen ser auditados.
Á favor de la hipótesis están tres hechos convergentes: primero,
la capacidad operativa de las FÁRC y su historial de atentados
selectivos; segundo, la existencia de vínculos documentados entre
ciertos políticos y el Cartel de Cali en la de cada de 1990; tercero, la posibilidad
práctica de que un cartel con recursos y contactos sirviera de
intermediario entre un encargo político y una organización armada. Leí dos en
conjunto, esos elementos configuran una línea de investigación penal plausible.
Las
confesiones y versiones de exmiembros de las FÁRC que atribuyen la ejecución
material a estructuras guerrilleras urbanas constituyen evidencia procesal
importante; pero no contienen, en lo público, una cadena documental que
demuestre que la transmisión del encargo no proviene de actores estatales a la
cúpula guerrilla a través de su socio principal en ese entonces el Cartel de
Cali.
Hay ecos en
el tiempo y en las investigaciones de personas que deseaban explicar la
coparticipación criminal mas allá de las FÁRC, pero entorpecieron las pruebas,
todavía hay miembros vivos del cartel que estarían dispuesto a explicar ambos
magnicidios y ni que decir de los archivos del DÁS y de la inteligencia
norteamericana de ese entonces, que tocaron el tema en interrogatorios a muchos
extraditados. Procesalmente debe la JEP, que ha perdido credibilidad de
imparcialidad, realizar urgentemente por el principio de celeridad procesal,
ruptura de la unidad procesal por razón de fuero, y el acto se materializa en
un auto de separación de la investigación y remisión por competencia, a la
fiscalía general de la nación.
Qué pruebas
harían creíble esta tesis
Para que la
hipótesis deje de ser una conjetura razonable y pase a ser una afirmación
sustentada, se requieren pruebas concretas y verificables: comunicaciones o
documentos que evidencien instrucciones o acuerdos; rastros financieros que
muestren pagos o triangulaciones entre actores polí ticos y mediadores;
testimonios de intermediarios del Cartel de Cali que confirmen haber recibido órdenes
de actores estatales; y registros de inteligencia del DÁS que documenten
contactos o instrucciones que no fueron puestos en conocimiento de la justicia
ordinaria. Sin esos elementos, la hipo tesis seguirá siendo una línea de
investigación legítima pero no probada.
El costo de
la verdad a medias
Aceptar una
versión sin someterla a escrutinio riguroso es tan peligroso como negar
sistemáticamente toda sospecha. La impunidad no solo priva a las víctimas de
justicia; corroe la confianza en las instituciones y alimenta narrativas que
polarizan y envenenan la vida pública. Si hubo omisiones deliberadas en la
investigación, deben ser investigadas; si hubo acuerdos entre criminales y
políticos, deben ser documentados y juzgados.
Un llamado a
la investigación independiente
Por eso
propongo un camino claro y exigente: una investigación independiente, con
acceso irrestricto a archivos del Estado, auditoría de la cadena de custodia de
pruebas, rastreo financiero internacional y protección efectiva para testigos.
Esa investigación debe ser capaz de seguir el dinero, reconstruir
comunicaciones y confrontar versiones. Debe incluir peritos forenses, contables
y expertos en inteligencia que no tengan conflicto de interés con los actores
implicados. Y debe culminar en decisiones judiciales o administrativas que, en
su caso, permitan sancionar responsabilidades y reparar a las víctimas.
Exigir que se
investigue no es sembrar sospechas: es pedir que la verdad, cuando exista, sea
construida con pruebas.
Colombia
merece una respuesta que no dependa de la memoria fragmentada ni de la
conveniencia polí tica. Merece instituciones que no teman mirar hacia adentro y
que permitan que la verdad, por incomoda que sea, salga a la luz. Solo así la
memoria de Álvaro Gómez, de monseñor Duarte y de todas las víctimas de aquella
época podrán encontrar, finalmente, un cierre que sea a la vez judicial y
moral.
Mientras
tanto a veces veo deambular en el paseo peatonal de Cartagena en Bocagrande al
señor ERNESTO SÁMPER, caminando lento y pesado, como si en vez de ir en un
plano está subiendo una montan a cuestas, al parecer ya el elefante no está a
sus espaldas, si no sobre el mismo.
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