La unidad de inteligencia financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda,
pidió a la Fiscalía General de la Nación
que investigue, por peculado, al presidente de la EPS COOSALUD, JAIME
GONZÁLEZ MONTAÑO, y a siete ejecutivos que han integrado su junta
directiva. La Procuraduría les abre un proceso disciplinario
La Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF) ha ratificado ayer su pedido a la Fiscalía de Colombia investigar a
directivos y antiguos integrantes de la junta directiva de la EPS Coosalud por
presuntos malos manejos de recursos destinados a la salud, posibles
conflictos de interés y una eventual integración vertical irregular entre
empresas vinculadas al mismo grupo económico.
La denuncia fue presentada por Wilmar
Mejía, el último director de la UIAF del Gobierno de Gustavo Petro, quien acusó
al presidente ejecutivo de la entidad promotora de salud, Jaime González
Montaño, y a siete ejecutivos, incluido Jaime Pastrana Arango, hermano del
exmandatario Andrés Pastrana, mencionando también a personas vinculadas a empresas
proveedoras, auditoras y asesoras de la compañía y advirtió de un supuesto
esquema mediante el cual recursos de la salud habrían respaldado negocios
privados.
Uno de los episodios centrales es un crédito de 221.000
MILLONES de pesos (72,5 millones de dólares) concedido a Coosalud Inversa,
una empresa del mismo conglomerado dedicada a las inversiones financieras, en
el que la EPS sirvió como fiadora. Según la documentación remitida a la
Fiscalía, la operación terminó con la ejecución de garantías por parte del
Banco GNB Sudameris después de que Inversa incumpliera sus obligaciones. La
entidad financiera se habría apropiado así de 206.000 millones de pesos de la
EPS, recursos destinados a financiar la atención de los afiliados.
La UIAF sostiene que
los directivos fueron advertidos sobre los riesgos jurídicos de la operación y,
aun así, aprobaron que la empresa promotora de salud, que maneja recursos
públicos destinados a financiar la salud de sus afiliados, respaldara la deuda.
Por esos hechos, plantea la posible existencia de un peculado por apropiación
en favor de terceros.
La
auditoría forense
Los hechos investigados son anteriores a la
intervención de la EPS, ordenada en noviembre de 2024 por la Superintendencia
Nacional de Salud. Ocho meses después, en julio de 2025, la interventora Gloria
Polanía contrató una auditoría forense, ejecutada por empresas privadas. Los
resultados de estas pesquisas hacen parte de la documentación allegada por la
UIAF para sustentar su denuncia.
Una de las conclusiones
de los auditores es que Coosalud EPS, Coosalud Cooperativa y Coosalud Inversa
habrían funcionado con una integración de hecho, con empleados y estructuras
contables compartidas. Jaime González aparece como representante legal de las
tres compañías. Esa concentración habría permitido intervenir en los flujos
financieros y comerciales de las empresas.
La UIAF también
llama la atención sobre la relación entre varias empresas proveedoras y
auditoras. Uno de los casos mencionados es el de Sergio Gil, quien figuraba
como representante legal de la IPS Expert Médica y, al mismo tiempo, de
Aplistaff, encargada de auditar las cuentas médicas que llegan a la EPS. La
autoridad financiera considera que esta situación podría constituir un
conflicto de interés.
JAIME GONZALEZ
MONTAÑO, funesto presidente de Coosalud, abandonó el país en un
vuelo privado presuntamente huyendo a la acción de la justicia desde que se
destapo el escándalo, y habría sido visto disfrutando de sus millones en un
balneario de Ibiza famosa
isla española en el mar Mediterráneo, conocida tanto por su animada vida
nocturna como por sus hermosas playas, exóticas mujeres y su casco histórico
amurallado.
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