Opínión - CUANDO LA SOSPECHA EXIGE UNA INVESTIGACIÓN PENAL INTEGRAL

 

Los magnicidios de Álvaro Gómez Hurtado y monseñor Duarte

 

Por RAUL BUSTAMANTE DE LA VEGA – Abogado Penalista Litigante - raulbusta@gmail.com

 

Aunque la autoría material se atribuye a actores armados, las lagunas en la investigación piden una auditoría independiente a la justicia especial para la paz (JEP).

 

En la historia reciente de Colombia hay dos heridas que no han cicatrizado: el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y el asesinato de monseñor Duarte. Ambas muertes, ocurridas en un país donde la política, el narcotráfico y la violencia armada se entrelazaron durante décadas, siguen alimentando preguntas que la justicia y la memoria publica aún no han respondido por completo. Mi propósito aquí no es dictar sentencias; es presentar con rigor una hipótesis que, a mi juicio, merece una investigación exhaustiva: las FARC habrían ejecutado materialmente ambos crímenes, pero la orden o el encargo podrían haber sido transmitidos desde actores del poder político —incluido el entorno de Ernesto Samper— a través de intermediarios del Cartel de Cali hacia la cúpula guerrillera.

 

Esta hipótesis combina tres elementos distintos y verificables: autoría material (la capacidad operativa de las FÁRC en zonas urbanas), motivación política (intereses de actores estatales o paraestatales por neutralizar voces incomodas) y mediación criminal (la capacidad del Cartel de Cali para servir de puente entre poder político y violencia armada). Cada uno de esos elementos existe por separado en el archivo histórico colombiano; la pregunta es si, en algún caso, se concatenaron hasta producir asesinatos selectivos.

 

Por qué esta hipótesis no es una conspiración gratuita

 

Los años noventa fueron un tiempo en que las fronteras entre lo público y lo clandestino se volvieron permeables. El escándalo del Proceso 8.000 dejo constancia de vínculos entre campañas políticas y dineros del narcotráfico; el DÁS operaba entonces como un aparato de inteligencia con amplias facultades y, en ocasiones, con prácticas opacas; las FÁRC mantenían redes urbanas capaces de ejecutar operaciones precisas. En ese contexto, la idea de que un encargo político pudiera ser externalizado a través de intermediarios criminales y materializado por un actor armado no es, en abstracto, inverosímil: es una hipótesis que exige pruebas, no una afirmación que deba descartarse por principio.

 

Además, la propia dinámica de la impunidad alimenta la sospecha. Cuando las investigaciones muestran dilaciones, perdidas de pruebas o decisiones procesales que no se explican por la lógica de la investigación criminal, la sociedad tiene derecho a preguntar si hubo omisiones deliberadas o encubrimientos. La familia de Álvaro Gómez y otros actores han señalado, con persistencia, vacíos y tropiezos en la pesquisa que merecen ser auditados.

Á favor de la hipótesis están tres hechos convergentes: primero, la capacidad operativa de las FÁRC y su historial de atentados selectivos; segundo, la existencia de vínculos documentados entre ciertos políticos y el Cartel de Cali en la de cada de 1990; tercero, la posibilidad práctica de que un cartel con recursos y contactos sirviera de intermediario entre un encargo político y una organización armada. Leí dos en conjunto, esos elementos configuran una línea de investigación penal plausible.

 

Las confesiones y versiones de exmiembros de las FÁRC que atribuyen la ejecución material a estructuras guerrilleras urbanas constituyen evidencia procesal importante; pero no contienen, en lo público, una cadena documental que demuestre que la transmisión del encargo no proviene de actores estatales a la cúpula guerrilla a través de su socio principal en ese entonces el Cartel de Cali.

 

Hay ecos en el tiempo y en las investigaciones de personas que deseaban explicar la coparticipación criminal mas allá de las FÁRC, pero entorpecieron las pruebas, todavía hay miembros vivos del cartel que estarían dispuesto a explicar ambos magnicidios y ni que decir de los archivos del DÁS y de la inteligencia norteamericana de ese entonces, que tocaron el tema en interrogatorios a muchos extraditados. Procesalmente debe la JEP, que ha perdido credibilidad de imparcialidad, realizar urgentemente por el principio de celeridad procesal, ruptura de la unidad procesal por razón de fuero, y el acto se materializa en un auto de separación de la investigación y remisión por competencia, a la fiscalía general de la nación.

Qué pruebas harían creíble esta tesis

 

Para que la hipótesis deje de ser una conjetura razonable y pase a ser una afirmación sustentada, se requieren pruebas concretas y verificables: comunicaciones o documentos que evidencien instrucciones o acuerdos; rastros financieros que muestren pagos o triangulaciones entre actores polí ticos y mediadores; testimonios de intermediarios del Cartel de Cali que confirmen haber recibido órdenes de actores estatales; y registros de inteligencia del DÁS que documenten contactos o instrucciones que no fueron puestos en conocimiento de la justicia ordinaria. Sin esos elementos, la hipo tesis seguirá siendo una línea de investigación legítima pero no probada.

 

El costo de la verdad a medias

Aceptar una versión sin someterla a escrutinio riguroso es tan peligroso como negar sistemáticamente toda sospecha. La impunidad no solo priva a las víctimas de justicia; corroe la confianza en las instituciones y alimenta narrativas que polarizan y envenenan la vida pública. Si hubo omisiones deliberadas en la investigación, deben ser investigadas; si hubo acuerdos entre criminales y políticos, deben ser documentados y juzgados.

 

Un llamado a la investigación independiente

Por eso propongo un camino claro y exigente: una investigación independiente, con acceso irrestricto a archivos del Estado, auditoría de la cadena de custodia de pruebas, rastreo financiero internacional y protección efectiva para testigos. Esa investigación debe ser capaz de seguir el dinero, reconstruir comunicaciones y confrontar versiones. Debe incluir peritos forenses, contables y expertos en inteligencia que no tengan conflicto de interés con los actores implicados. Y debe culminar en decisiones judiciales o administrativas que, en su caso, permitan sancionar responsabilidades y reparar a las víctimas.

Exigir que se investigue no es sembrar sospechas: es pedir que la verdad, cuando exista, sea construida con pruebas.

Colombia merece una respuesta que no dependa de la memoria fragmentada ni de la conveniencia polí tica. Merece instituciones que no teman mirar hacia adentro y que permitan que la verdad, por incomoda que sea, salga a la luz. Solo así la memoria de Álvaro Gómez, de monseñor Duarte y de todas las víctimas de aquella época podrán encontrar, finalmente, un cierre que sea a la vez judicial y moral.

Mientras tanto a veces veo deambular en el paseo peatonal de Cartagena en Bocagrande al señor ERNESTO SÁMPER, caminando lento y pesado, como si en vez de ir en un plano está subiendo una montan a cuestas, al parecer ya el elefante no está a sus espaldas, si no sobre el mismo.