PROCURADURÍA CON LA LUPA EN PROYECTOS DE DUMEK TURBAY

 

Cartagena no puede improvisar con el agua: la Procuraduría pone la lupa sobre la nueva empresa que impulsa Dumek Turbay

 Acueducto de Cartagena, Aguas de Cartagena, Dumek Turbay y el futuro de los servicios públicos

 

Se sabe que también la Procuraduría Ambiental le envió un extenso requerimiento al Alcalde Dumek Turbay por su proyecto del Teleférico de la Popa.

Cartagena está frente a una discusión que va mucho más allá de la pelea de egos políticos entre el alcalde Dumek Turbay y Aguas de Cartagena (Acuacar). Lo que está en juego es mucho más serio: el futuro del acueducto y el alcantarillado de la ciudad, miles de millones de pesos en recursos públicos y, sobre todo, la continuidad y calidad de un servicio esencial para los cartageneros.

La intención de la Alcaldía de impulsar una nueva empresa pública para asumir, entre otros, los servicios de acueducto y alcantarillado puede presentarse como una alternativa ante las inconformidades existentes con el actual operador. Pero una cosa es defender el interés de los ciudadanos y otra muy distinta es avanzar en una transformación de semejante magnitud sin demostrar, con documentos, estudios técnicos y cifras claras, que la decisión es jurídicamente viable, financieramente sostenible y conveniente para Cartagena.

Y precisamente ahí está el punto que merece toda la atención.
Según la información revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, la Procuraduría General de la Nación formuló importantes advertencias al Distrito sobre el proyecto de creación de la nueva empresa. El Ministerio Público habría identificado posibles riesgos jurídicos, administrativos, financieros y hasta patrimoniales.

Esto debería ser tomado con absoluta seriedad, y no con apasionamientos.
¿Por qué crear una nueva empresa si existe un contrato vigente hasta 2034, y cuando todavía faltan 8 años pa5a concluirse y liquidarse?
Esta es quizás la pregunta más importante que debe responder la administración de Dumek Turbay.

Aguas de Cartagena tiene vigente un contrato de Gestión Integral del Servicio de Acueducto y Alcantarillado, GISAA, que se extiende hasta junio de 2034.
Si el Distrito pretende crear una nueva empresa para desarrollar funciones que actualmente ejecuta Acuacar, es indispensable explicar con absoluta claridad qué va a ocurrir con el contrato vigente, con los activos, con las inversiones realizadas, con los trabajadores, con los sistemas operativos y comerciales y, principalmente, con los usuarios.

La Procuraduría habla de una posible duplicidad funcional, Y esa expresión no puede pasar inadvertida.
Porque Cartagena no necesita dos estructuras administrativas compitiendo por el mismo servicio, dos burocracias disputándose competencias o una transición improvisada que termine pagando el ciudadano.
Cartagena necesita agua de calidad, continuidad, presión adecuada, alcantarillado eficiente y tarifas justas.
El patrimonio público también está en juego
Hay otro elemento particularmente delicado.
Según la información conocida, el Distrito de Cartagena es propietario del 50 % de Aguas de Cartagena.
Entonces aparece una contradicción que debe ser explicada públicamente.
Si la administración distrital impulsa una nueva empresa para sustituir al actual operador y, como consecuencia, Aguas de Cartagena pierde valor, ¿qué ocurre con la participación accionaria que tiene el Distrito?
La pregunta es legítima y merece respuestas técnicas, no políticas.
La Procuraduría habría advertido precisamente sobre el riesgo de una eventual afectación indirecta del patrimonio público.
Y aquí la discusión deja de ser simplemente Turbay contra Acuacar.
Se convierte en una discusión sobre el patrimonio de todos los cartageneros.
¿Dónde están los estudios jurídicos, financieros y patrimoniales que ameriten esa nueva empresa?
Este puede ser el punto más crítico de todo el debate.
De acuerdo con la información revelada, la Procuraduría considera que no estaría acreditada la existencia de un estudio demostrativo con el alcance exigido por la Ley 489 de 1998.
Si se va a crear una empresa pública de semejante importancia, Cartagena merece conocer antes de cualquier decisión:
cuánto costará crearla;
cuánto costará mantenerla;
cuántos empleados tendrá;
cuánto costará la nómina;
cómo será financiada;
qué infraestructura recibirá;
qué pasará con los activos actualmente vinculados al servicio;
cuál será el impacto fiscal;
qué ocurrirá con las tarifas;
cuánto costará la transición;
qué pasará con el contrato vigente;
y cuáles serán los beneficios concretos para los usuarios.
No basta con decir que una nueva empresa será mejor.
Hay que demostrarlo.
El agua no puede convertirse en una pelea política
El alcalde Dumek Turbay tiene todo el derecho de cuestionar la operación de Aguas de Cartagena si considera que existen fallas.
También tiene la obligación de defender los intereses de los usuarios y exigir resultados.
Pero precisamente por tratarse de un servicio esencial, cada decisión debe estar blindada jurídica y técnicamente.
No sería responsable que una disputa entre la administración distrital y el actual operador terminara convirtiéndose en una batalla institucional en la que Cartagena termine pagando las consecuencias.
Tampoco sería aceptable que detrás de una eventual transformación del modelo de prestación aparezcan intereses particulares que pretendan quedarse con un negocio multimillonario.

Las versiones sobre supuestos empresarios opacos interesados en controlar el servicio deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. No pueden convertirse en verdades por repetición, pero tampoco deberían ser ignoradas si existen elementos concretos que ameriten investigación.

El agua de Cartagena no puede tener dueño distinto al interés público.
La Procuraduría hizo una advertencia que debe escucharse
El hecho de que el Ministerio Público haya solicitado información y estudios al Distrito no significa que el proyecto sea ilegal ni que la Procuraduría haya tomado una decisión definitiva contra la administración.
Pero sí significa algo importante: el proyecto necesita mayores explicaciones y soportes.
Según la información publicada, el organismo de control dio un plazo de 10 días para que la Alcaldía entregue documentos relacionados con el estudio demostrativo, la autorización del proyecto de Acuerdo 116 de 2026, el impacto fiscal y los costos de transición y funcionamiento de la nueva empresa.
Ese requerimiento debería convertirse en una oportunidad para que la administración muestre todas las cartas sobre la mesa.
Cartagena merece conocer toda la verdad
La discusión no puede reducirse a escoger entre Dumek Turbay o Aguas de Cartagena.
La pregunta verdadera es:
¿Qué modelo garantiza el mejor servicio de agua y alcantarillado para Cartagena y cuál protege mejor los recursos públicos?
Si los estudios demuestran que una nueva empresa pública es la mejor alternativa, que se conozcan los estudios y que se avance.
Pero si los números no dan, si existen riesgos jurídicos, si se afecta el patrimonio público o si la transición resulta más costosa que los beneficios esperados, también hay que decirlo.
Cartagena no puede darse el lujo de experimentar con el agua.
Una nueva empresa pública puede ser una gran solución o puede convertirse en un enorme problema financiero y administrativo. La diferencia estará en la rigurosidad con la que se tome la decisión.
No se trata de defender a Acuacar. Tampoco de defender al alcalde. Se trata de defender a Cartagena.
Y cuando se habla del agua, la ciudad tiene derecho a exigir algo elemental: transparencia, estudios, cifras, legalidad y resultados.
La pregunta que queda sobre la mesa
Antes de crear una nueva empresa de servicios públicos, el Distrito debería responder públicamente una pregunta sencilla:
¿Cuánto le costará esta decisión a Cartagena y cuánto le ahorrará al ciudadano?
Porque si no existe una respuesta clara, sustentada en estudios y números verificables, sería muy difícil pedirle a los cartageneros que confíen en el proyecto.
El agua no puede manejarse con improvisación.
El agua es un derecho, pero también es un patrimonio público. Y Cartagena no puede permitir que una disputa política termine poniendo en riesgo ninguno de los dos.