Luego de afirmar el 1 de
junio pasado en el Concejo, que los denominados planes de estabilización de
Aguas de Cartagena eran unos racionamientos disfrazados por la ineptitud del
operador VEOLIA, el alcalde Dumek Turbay, arremetió de nuevo contra la empresa
cuyo 50 por ciento es propiedad del distrito, y mediante una acción popular ante
el Tribunal Administrativo de Bolívar, se le ordenó a Aguas de Cartagena
suspender el racionamiento de agua en la ciudad y activar de inmediato un plan
de contingencia.
Tras la recurrencia en
fallos en el servicio de agua potable en Cartagena de Indias, el Tribunal
Administrativo de Bolívar dictó medidas cautelares de urgencia de cumplimiento
inmediato contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cartagena (ACUACAR
S.A. E.S.P.). La providencia frena en seco los racionamientos sectorizados de
agua potable que venían golpeando a miles de ciudadanos y exige la
reestructuración completa de los planes operativos de la entidad de manera
articulada con la comunidad.
OTRO DAÑO EN UN TUBO
Aguas de Cartagena informo
ayer a las 3:43 de la tarde mediante un comunicado oficial a la comunidad que se
había presentado un nuevo daño en la tubería de conducción de agua cruda de 45
pulgadas que transporta el líquido entre las estaciones de bombeo Piedrecitas y
Albornoz; lo cual dejó sin agua potable a mas de 200 barrios de la ciudad desde
las 10 de la mañana de ayer.
Al cierre de esta edición
de noticias FRENTE A FRENTE, pudo constatar, que mas de 100 barrios o
sectores de la ciudad permanecían sin el servicio de acueducto no por
racionamiento, si no por el daño de siempre.
Respeto al fallo del
Tribunal contra Aguas de Cartagena, el emperador Turbay hizo saber por medio de
sus portales aliados lo siguiente: “Lo dijimos no para amagar, sino para demostrar que
estamos del lado de la gente. Con esta demanda demostramos que la ruptura es
total y que vamos hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de
los cartageneros ante eventuales atropellos a las comunidades más vulnerables.
Y frente a ello, como alcalde, como Distrito, nadie puede seguir arrodillado”.
Y subrayó: “Lo
que anunciamos el 1 de junio en el Concejo sigue igual. Divorcio total y
seguimos con el plan de presentar un proyecto de acuerdo para crear una empresa
pública para manejar el agua en Cartagena. No podemos seguir tolerando y
aguantando más abusos”.
En días pasados, el mandatario
distrital anunció acciones judiciales para acabar todo tipo de vínculo legal
con la empresa, a quien acusó de presuntos racionamientos intencionales para
presionar al Distrito a inyectarle recursos y financiar una nueva planta de
tratamiento, pero al mismo tiempo se habla que a la sombra se encuentra ya
preparado un nuevo operador para el sistema de acueducto y alcantarillado
Cartagena, con socios de aquí y que tienen a un gerente español que salió de
Acuacar en 2022, cuando las acciones de Aguas de Barcelona fueron adquiridas
por VEOLIA.
De acuerdo con el
expediente judicial, la infraestructura de acueducto de Cartagena ha venido
experimentando un deterioro progresivo en su operatividad. La demanda detalla
que desde el año 2023 se registraron fallas recurrentes en la continuidad del
suministro, caracterizadas por cortes intempestivos, bajas presiones alarmantes
y deficiencias en las redes de distribución.
La crisis alcanzó su punto
crítico este año, cuando Acuacar, empresa que opera la infraestructura local
bajo un otro sí hasta 2034, instauró paradas técnicas obligatorias y un esquema
de racionamiento sectorizado que privó del servicio a cerca del 15% de la
población cartagenera. Peor aún, los reportes técnicos de la misma empresa
estimaban que estas drásticas restricciones al suministro podrían prolongarse
de forma indefinida durante varios meses más.
LO QUE ORDENA EL TRIBUNAL
el Tribunal Administrativo
de Bolívar ordenó a ACUACAR S.A. E.S.P. cumplir con la *suspensión inmediata
de los racionamientos*: esta prohibición se mantendrá vigente hasta que el
despacho judicial apruebe formalmente un Plan de Contingencia robusto que
garantice el acceso continuo al agua potable. Asimismo, Acuacar está obligado a
socializar previamente cualquier interrupción técnica, detallando con precisión
los tiempos exactos del corte, las condiciones y la funcionalidad del proceso.
Además, el Tribunal le
concedió a Acuacar un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, a partir de la
notificación, para ejecutar acciones urgentes dirigidas a mitigar el impacto de
las microalgas en las fuentes de agua. La empresa concesionaria debe establecer
metas claras, responsables institucionales, cronogramas específicos, limpiezas
anticipadas y sistemas alternativos de monitoreo. De igual modo, dentro de las
mismas setenta y dos (72) horas, deberá radicar ante el Tribunal un Plan de
Acción Verificable Judicialmente. Este instrumento técnico tiene que
estabilizar y asegurar provisionalmente el acceso, disponibilidad y continuidad
del agua potable para toda la población cartagenera mientras se estructuran
soluciones definitivas.
Otra decisión que ordenó
el Tribunal fue la del abastecimiento alterno de emergencia con carrotanques:
en aquellos sectores de la ciudad donde se presenten interrupciones imprevistas
superiores a doce (12) horas continuas, Acuacar estará obligada a activar
inmediatamente el suministro alterno de agua potable mediante carrotanques o
puntos fijos de distribución gratuita, y publicar diariamente los sectores
afectados, horarios reales de restablecimiento, presiones de agua esperadas,
rutas de carrotanques y canales de atención habilitados.
VIGILANCIA DE
SUPERSERVICIOS
La providencia del
Tribunal Administrativo de Bolívar no se limitó únicamente a sancionar a la
empresa mixta concesionaria. La providencia también vinculó de manera directa a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario