26 AÑOS DESPUES LOS MUERTOS DEL ARO Y LA GRANJA TOCAN LA PUERTA A URIBE

 

La Fiscalía abrió investigación formal contra el expresidente ALVARO URIBE VÉLEZ, por los crímenes de El Aro, La Granja y el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle. Tres expedientes. Diecisiete muertos en un corregimiento incendiado. Cinco campesinos torturados en otra vereda. Un abogado que denunciaba lo que nadie quería ver, ejecutado en su propio despacho. Y un gobernador que, según la evidencia, lo sabía todo.

 

Los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, Antioquia, no aparecen en los mapas turísticos de Colombia. Aparecen en los expedientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las declaraciones de paramilitares desmovilizados y, desde el 17 de junio de 2026, en una resolución de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que vincula a Álvaro Uribe Vélez, mediante indagatoria, con tres de los crímenes más atroces del conflicto armado colombiano.

La resolución 11001609925220000004954 no es un accidente jurídico. Es el resultado de 26 años de investigación previa que comenzó en mayo del año 2000, cuando la misma Fiscalía ordenó la apertura del expediente por los hechos de 1996 y 1997. Veintiséis años en los que las víctimas envejecieron esperando, en los que Uribe gobernó el país durante dos periodos presidenciales, acumuló poder, erigió un movimiento político y se convirtió en el senador más votado de la historia reciente de Colombia. Mientras tanto, los 17 muertos de El Aro seguían muertos. Y los campesinos desplazados de La Granja seguían desplazados.

Eso es lo que hace el poder cuando opera sin contrapesos: convierte la impunidad en una forma de vida tan naturalizada que termina pareciendo normal.

La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996. Treinta paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, bajo el mando de Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero‘, y con la coordinación de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, ingresaron al corregimiento y asesinaron a cinco personas, entre ellas William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Jairo de Jesús Sepúlveda y Héctor Hernán Correa García. Campesinos. Sin nexos con la subversión, según la investigación judicial.

La Fiscalía concluye hoy que el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez «sabía del riesgo que corría la población civil«, dado que era «evidente e incuestionable» la presencia paramilitar en la zona. Y pese a ese conocimiento, no adoptó ninguna medida de protección. La figura jurídica que usa la Fiscalía es precisa: comisión por omisión. Es decir, la masacre no solo se comete con quien aprieta el gatillo. También se comete con quien, teniendo la obligación y el poder de evitarla, mira hacia otro lado.

Dieciséis meses después, entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, unos 150 paramilitares de las mismas Autodefensas ingresaron al corregimiento de El Aro. Quemaron 42 de las 60 casas del pueblo. Robaron 1.200 cabezas de ganado. Desplazaron a 1.472 personas. Y asesinaron a 17 campesinos. Según Salvatore Mancuso en sus propias confesiones ante la justicia, aquella incursión fue ejecutada «por pedido expreso de Pedro Juan Moreno, quien actuaba a nombre de Álvaro Uribe«.

LOS ACTORES Y SUS ROLES: NADIE ACTÚA SOLO

Este caso no se entiende sin la cartografía completa del poder que lo hizo posible.

Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia entre enero de 1995 y diciembre de 1997, el periodo exacto en que ocurrieron ambas masacres. Según la Fiscalía, habría tenido conocimiento de las operaciones paramilitares en Ituango y, presuntamente, habría facilitado su ejecución a través de su Secretario de Gobierno.

Pedro Juan Moreno Villa, secretario de Gobierno de la gobernación, señalado por la propia Fiscalía como el intermediario entre el despacho gubernamental y los líderes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Según el ente investigador, Moreno «pudo haber solicitado a los líderes paramilitares que, en asocio con altos mandos militares, planearan y coordinaran la incursión» a El Aro.

Carlos Castaño Gil, jefe máximo de las AUC, cuya estructura fue la ejecutora material de los crímenes. Asesinado en 2004 por sus propios aliados.

Salvatore Mancuso, comandante paramilitar que confesó en múltiples escenarios judiciales, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que Uribe «siempre tuvo conocimiento» de las operaciones. Mancuso hoy está bajo custodia del Estado colombiano después de extradición y regreso desde Estados Unidos.

Y luego está Jesús María Valle Jaramillo: abogado, fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, nacido precisamente en Ituango. Desde 1996 denunciaba públicamente, con nombre y apellido, las masacres paramilitares en su municipio natal y la complicidad de la fuerza pública. Denunciaba lo que nadie en el poder quería que se supiera. El 27 de febrero de 1998, en su propio despacho en Medellín, un comando paramilitar lo ejecutó. Tenía 55 años.