EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD EN CARTAGENA

 

Por HUMBERTO MERCADO MEZA – Abogado Penalista

 

Cartagena atraviesa una crisis de seguridad que no admite eufemismos ni excusas. Los homicidios por encargo se multiplican en barrios y sectores diversos, mientras las autoridades parecen resignadas a la impotencia.

 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, establece que es deber esencial del Estado proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Cuando esa obligación se incumple de manera sistemática, no estamos frente a simples fallas administrativas: estamos ante una vulneración grave de los derechos fundamentales.

 

El comandante de la Mecar, el Secretario del Interior y el director de Distriseguridad tienen responsabilidades jurídicas y políticas ineludibles, y tienen que dar la cara frente a la ciudadanía.

 

La Ley 62 de 1993, que regula la Policía Nacional, señala que la seguridad ciudadana es un servicio público esencial. Si quienes dirigen las instituciones encargadas de garantizarla no logran cumplir con su misión, la consecuencia lógica y ética es la renuncia.

 

No se trata de un capricho, sino de un principio de responsabilidad política y administrativa: quien no protege, debe dar paso a quien sí pueda hacerlo.

 

La impunidad con la que actúan los sicarios no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que configura un escenario de violación masiva de derechos humanos.

 

Cartagena y los Cartageneros no pueden normalizar la muerte como parte de su cotidianidad. El silencio institucional y las justificaciones vacías son inadmisibles. La ciudad necesita respuestas, pero sobre todo necesita dignidad en el ejercicio del poder.

 

Exigir renuncias no es un gesto de rabia, resentimiento o ataques a una administración por demás paquidérmica, sino un acto de justicia. Es reclamar que la seguridad deje de ser un discurso y se convierta en una realidad recordando que la vida de cada cartagenero tiene valor jurídico y constitucional

 

Es advertir que la paciencia social tiene límites y cuando el Estado en cabeza y representación de la administración falla, la ciudadanía tiene el derecho y el deber moral de exigir cambios inmediatos.

 

¡NO MÁS! Cartagena merece autoridades que estén a la altura de su gente, no burócratas que pretendan protagonismo mediático y que se escudan en excusas.