EXTORSIÓN Y ABUSO DESDE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR

 

Graves revelaciones conoció este informativo, con base a denuncias de varios ciudadanos que vienen siendo extorsionados y amenazados por dos OPS contratistas de la Secretaría del Interior de Cartagena, para obligarlos a rendir declaraciones y testimonios falsos a su favor.

 

Según ha podido comprobar uno de nuestros periodistas, los dos contratistas OPS de la Secretaría del Interior, uno abogado y la otra de profesión desconocida, pero quien ha usurpado funciones de alto poder, obligaron a tres trabajadores del establecimiento TERRAZA BAR Y ESTANCO FIESTA en el sector Villa Sandra, a rendir falsas declaraciones extra juicio en una notaría del sector, de algo que no habían visto ni presenciado.

 

La criminal actuación de estos dos OPS CONTRATISTAS, llegó incluso a exigirles a la brava un video de vigilancia para ser utilizado fraudulentamente en una falsa denuncia contra indeterminadas personas, pero como el administrador del negocio se negaba a la entrega de dicho video, se aparecieron con la Policía, un inspector y “cerraron el chuzo”, como dijo textualmente en una grabación la contratista abusadora, quien a pesar de estar “Sub júdice" en varios procesos caso, asunto o cuestión está pendiente de resolución judicial y, por tanto, aún no tiene una sentencia definitiva, cuenta con todo el apoyo del titular de ese despacho Bruno Hernández, de lo cual se ufana en público mostrando y publicando fotos abrazada con este funcionario.

 

Los tres trabajadores del establecimiento comercial, han demostrado mucho temor y la protección de sus nombres, debido a las amenazas reiteradas de los dos CONTRATISTAS OPS de la Secretaría del Interior, de causarles daño y cerrarles de nuevo EL CHUZO. Confirmamos que de todo lo anterior, existe la trazabilidad de audios, videos y documentos probatorios.

 

 Estos tres trabajadores habrían sido inducidos bajo amenazas declarar falsamente ante una autoridad judicial, lo cual es conocido como falso testimonio, es un delito grave contra la administración de justicia que consiste en faltar a la verdad, callar hechos o afirmar falsedades bajo juramento en un proceso. Las penas incluyen prisión (ej. 6-12 años en Colombia) y multas, configurándose al engañar a un juez. Lo cual también se conoce en el ámbito judicial como perjurio.

Consecuencias: Además de la prisión, la retractación oportuna puede influir en la pena o eximir de ella según la legislación. Si la mentira busca inducir a error para obtener un provecho ilícito, puede configurarse también el delito de fraude procesal.