El exfuncionario judicial concedió de manera indebida 40 tutelas
que derivaron en el embargo y secuestro de dineros públicos pertenecientes al
Carmen de Bolívar
La
Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de ocho años y tres meses de
prisión contra un exjuez hallado responsable de los delitos de prevaricato por
acción y peculado por apropiación, tras comprobar que utilizó de forma
irregular la acción de tutela para permitir la apropiación de cerca de $1.779
millones de recursos estatales.
De
acuerdo con el expediente, el exfuncionario concedió de manera indebida 40
tutelas que derivaron en el embargo y secuestro de dineros públicos
pertenecientes a un municipio, que según reportes de medios locales
correspondería a El Carmen de Bolívar. Estas decisiones fueron
calificadas como manifiestamente contrarias a derecho y se constituyeron en el
mecanismo que permitió la salida de los recursos hacia particulares.
La
Corte Suprema señaló que el condenado desconoció principios fundamentales de la
administración de justicia al emplear la acción de tutela en escenarios para
los cuales no estaba prevista. En su análisis, el alto tribunal indicó
que una de las irregularidades consistió en vulnerar el principio de
inembargabilidad de los recursos públicos, el cual protege los dineros estatales
para garantizar su destinación a fines constitucionales.
Asimismo,
se estableció que el exjuez ignoró el carácter subsidiario de la tutela, al
utilizarla para resolver controversias que debían ser tramitadas ante la
jurisdicción contencioso-administrativa. En este caso, las obligaciones que
dieron origen a los reclamos estaban sustentadas en contratos y actos
administrativos, lo que exigía un proceso ejecutivo especializado.
En
ese sentido, la Corte determinó "existió una relación de
instrumentalidad clara: el prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la
ley) fue el medio utilizado para alcanzar el objetivo final, que era el
peculado (la apropiación de los fondos)”.
La
investigación permitió establecer que el exfuncionario actuó de manera
reiterada, aprovechando su investidura para ordenar medidas que facilitaron la
disposición irregular de dineros públicos. Según la Corte, las
decisiones adoptadas siguieron un mismo patrón que permitió la ejecución
efectiva de los embargos y la posterior entrega de los recursos.
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