Un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, reveló por
razones de interés general que ese ente investigador imputó cargos a la
magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, CATALINA DEL CARMEN RAMÍREZ
VILLANUEVA, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en
favor de terceros agravado por la cuantía, en un proceso que
pone bajo escrutinio decisiones judiciales que habrían ocasionado un millonario
detrimento al Estado.
De acuerdo con la investigación adelantada por un Fiscal
Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, los hechos se remontan a hace 13
años el 10
de julio de 2013, cuando Ramírez Villanueva se desempeñaba como
juez laboral del circuito de Barranquilla. En esa condición, habría librado un
mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos a favor de un
pensionado, pese a que existían pruebas documentales y normas claras que
acreditaban que las mesadas pensionales ya habían sido canceladas de manera completa y
oportuna.
La Fiscalía sostiene que la decisión fue manifiestamente contraria a la
ley, al desconocer deliberadamente el material probatorio y
permitir un incremento injustificado de la obligación inicial. En un auto
previo, fechado el 24 de mayo de 2010, la propia funcionaria había
liquidado el crédito en 571 millones de pesos, reconociendo pagos
previamente realizados por el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS). No
obstante, posteriormente adicionó intereses moratorios e indexación, elevando
de forma sustancial el monto a pagar. Este proceder se habría dado,
además, en
abierta contradicción con lo advertido por el Tribunal
Superior de Barranquilla, que señaló expresamente que el crédito debía fijarse
en cero
pesos, dado que las obligaciones pensionales se encontraban
totalmente cubiertas.
Para el ente acusador, la magistrada habría favorecido indebidamente al
accionante, permitiendo la apropiación de recursos públicos
correspondientes a mesadas ya pagadas, lo que derivó en un grave perjuicio patrimonial
para el Estado.
La imputación de
cargos marca un nuevo capítulo en este proceso judicial, que reviste especial
relevancia por involucrar a una alta funcionaria de la Rama Judicial y por el
impacto fiscal de las decisiones cuestionadas.
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