El recorte en enero es
del 64%. Bolívar el tercero más afectado
Un informe revelado por el economista y especialista y
magister en finanzas públicas Edward Torres Ruidiaz, el gobierno
nacional entregó como regalo de año nuevo a las alcaldías y gobernaciones un
fuerte golpe por la reducción en el giro del Sistema General de
Participaciones – SGP del mes de enero. Es el principal ingreso para la
mayoría de estas entidades, siendo para algunas más del 90% de sus ingresos
totales que ascendería a 1.8 billones de pesos.
El primer impacto es para las tesorerías que verán recortado
el 64% de lo que esperaban recibir en enero. Por ejemplo, la alcaldía de El
Banco que esperaba en enero $319 millones para pagar su nómina, apenas recibió
$114 millones, es decir $204 millones menos.
QUIENES PERDIERON MÁS. Por departamentos, las alcaldías y
Gobernaciones que más perdieron fueron Bogotá, Bolívar, Antioquia y Valle del
Cauca, por tener la mayor población, principal criterio de distribución del SGP
La Gobernación del
Bolívar perdió -$4.637 millones en SGP agua potable, salud oferta y salud
pública (ver tabla
por municipios).
Para las alcaldías de Bolívar el recorte fue de $103.554
millones siendo los
más afectados Cartagena con -$31.086 millones, Magangué con -$5.634 millones y
El Carmen de Bolívar con -$3.646 millones
(ver tabla por municipios).
Por sectores en Bolívar el más afectado fue salud-régimen
subsidiado que corresponde al 52% del recorte, seguido de propósito general
(gasto de funcionamiento, vías, población vulnerable, entre otros) con el 27% y
agua potable con el 12% (ver tabla por municipios).
Un recorte grande que sin duda también afectará el pago de
subsidios a empresas de servicios públicos y al sector salud, entre otros. Una
cadena de repercusiones fiscales y sociales, y más si consideramos el reciente
aumento en el gasto de Concejos y Personerías y que también pagarán los
alcaldes.
EL TAMAÑO DEL RECORTE FUE 64%. Aunque según el DNP el monto
del recorte fue del “49% respecto al valor recibido en enero de 2025”, el
parámetro de comparación correcto sería el último giro de diciembre de 2025,
respecto al cual la caída fue del 64%. En total el valor dejado de percibir por
alcaldías y gobernaciones sería de $1.8 billones, faltando aún el recorte sobre
el SGP-educación 2026 (DNP.2025). Respecto al valor total planificado para
2025, la caída fue del 5.6%.
Las alcaldías fueron las más afectadas con un recorte de $1.7
billones, el 93% del recorte total, las gobernaciones perdieron $104 mil
millones y los resguardos indígenas $22 mil millones.
LA CAUSA, UN ERROR DEL GOBIERNO. En un aislado párrafo del
documento SGP-104-2025, el DNP anota como causa “el ajuste negativo por -$4.449
mil millones correspondiente a la diferencia entre el recaudo efectivo y el
aforo presupuestal de los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2024”
(sic). Es decir, la causa fue la mala planeación financiera del gobierno
nacional que en 2025 no recaudó los ingresos que había presupuestado y le cargó
a alcaldías y gobernaciones $1,8 billones, el 40% de su déficit de -$4.4
billones.
CRÓNICA DE UN RECORTE ANUNCIADO. Y aunque en 2025 el rezago
de los ingresos nacionales fue un tema recurrente, ¿por qué el DNP no informó
anticipadamente a alcaldías y gobernaciones para aplicar medidas de
aplazamiento de gastos o reducción de presupuesto del 2026? De hecho, los
balances contables cierran el año reportando el valor recortado como una irreal
renta por cobrar.
¿UN RECORTE ILEGAL? Por un caso similar de caída de ingresos
en 1999, se creó la ley 715/01, tasando una base fija para evitar que los
menores recaudos afectasen nuevamente a alcaldías y gobernaciones. Por ello
cabe dudar de la validez legal del recorte hecho por el DNP aunque no hay
liderazgo de alcaldes y gobernadores para reclamar en estos temas, como ocurrió
con la doceava perdida de enero de 2001 o los injustos recortes del 2021, y el
tradicional silencio cómplice de la Federación de Municipios.
¿QUÉ HACER? El recorte de enero es irreversible y debe
reducirse su valor en el presupuesto del 2026 para evitar iliquidez. Podrían
esperarse los nuevos valores que aplican a partir de febrero de 2026,
adicionando o reduciendo el excedente sobre lo proyectado en el presupuesto.
Pero será un simple ejercicio pues el daño del recorte ya está causado. De
resto, rezar para que el gobierno nacional no vuelva a equivocarse en las
proyecciones.
Otro recorte pendiente es el de SGP-Educación que se comunica
en marzo de 2026 y en el cual también los colegios e instituciones educativas
serán afectados. El recorte sería del 5,6% de lo obtenido en 2025.
Sin duda, en la presente campaña política debiese ser
obligatorio que los actuales aspirantes al Congreso y Presidencia manejen estos
temas y problemas que, precisamente se causan en el Congreso y la Presidencia
pero que sufrimos todos. De hecho, muchos de ellos aprobaron o dejaron pasar el
problema La pregunta es: ¿los candidatos lo manejan? ¿se lo exigimos al momento
de elegirlos?


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