Por RAÚL BUSTAMANTE DE LA VEGA
En
Colombia, la corrupción dejó de ser una sombra para convertirse en un monstruo
que se sienta a la mesa de nuestros niños. La Contraloría General ha revelado
que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), diseñado para garantizar
el derecho básico a la nutrición de millones de estudiantes, ha sido saqueado
por operadores, funcionarios y contratistas sin escrúpulos.
Hay
cifras que duelen en el alma y desgarran la piel, más de 813 hallazgos fiscales
entre 2020 y 2025, $8.000 millones en daño patrimonial por sobrecostos y pagos
sin soporte. Un déficit de $1,3 billones amenazan con dejar sin comida a 1,6
millones de estudiantes en 2026.
En la
Costa Caribe, el gasto por estudiante llega a ser 8 veces el promedio nacional,
siendo la Gobernación de Bolívar en cabeza del Yamilito, el epicentro del
desangre en el departamento de Bolívar, la contratación del PAE está en manos
de la Gobernación, a través de su Secretaría de Educación. Allí, múltiples
operadores se reparten el botín: Fundaciones con nombres rimbombantes, pero sin
experiencia real, contratos fragmentados que dificultan el control, Supervisiones
débiles y alimentos servidos en servilletas, sin condiciones mínimas de
salubridad.
Cada
peso robado del PAE es un plato vacío. Es un niño que va a clase con hambre. Es
una traición al pacto ético de la nación. Mientras algunos se enriquecen,
millones de estudiantes enfrentan jornadas escolares sin energía, sin
concentración, sin dignidad.
Que
sea este articulo motivo para que los fiscales delegados anticorrupción ante la corte suprema de justicia y más las declaraciones públicas del señor contralor general de la república
sean motivo suficiente para que se
investiguen y sancionen penalmente a los funcionarios, desde las aulas, desde
los barrios, en las redes hay que organizar veedurías ciudadanas atentas a este
caso por los niños pobres del Departamento de Bolívar, porque el control no
puede ser solo institucional, pues, los jefes de los títeres se mueven en los
órganos de control y el límite son los ciudadanos.
No
podemos seguir normalizando el robo del pan de los niños. No podemos permitir
que el Estado se convierta en cómplice por omisión. Es hora de transformar la
indignación en acción. Porque cada ración robada es una herida abierta en el alma
de Colombia.
¡Que
se escuche en cada rincón del país: ¡el hambre no se negocia, se combate!
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