Los últimos acontecimientos
ocurridos al interior de la alcaldía de Cartagena en el área de contratación
dejan ver que a nadie le importa ni verifica la documentación aportada por los
contratistas para ganarse millones de pesos en contratos, dando la impresión
que hay alguien más detrás del entramado delictivo.
El caso más reciente que se
conoce es el de Tatiana
Cecilia Torres Tatis, quien ha celebrado seis OPS desde 2024:
tres con la Secretaría de Participación y Desarrollo Social (SPDS), dos con
Distriseguridad y una con la Gobernación de Bolívar, a un costo total de los
mismos que sumam $137.900.000 millones.
En la
hoja de vida que usó para dichos contratos, Torres Tatis adjuntó un
diploma de fecha 06/11/2015 donde se certifica que tiene título de
Administradora de Servicios de Salud, egresada de la Universidad de Cartagena;
sin embargo, la
Alma Mater local confirmó oficialmente que no existen registros de grado con
ese nombre ni fecha, lo que dio origen a una denuncia penal en curso por
parte de veedores cívicos ante los organismos de control.
El
actuar tanto de la contratista como de los funcionarios posiblemente
involucrados en su contratación configuraría varias conductas disciplinables y
punibles, que deberán ser investigadas por la Procuraduría, la Fiscalía y la
Contraloría. De acuerdo con la plataforma SECOP, los ordenadores del
gasto y supervisores de los contratos de Tatiana son: , Jaime Hernández Amín, Álvaro Gómez Poveda, Ana Milena Jiménez Tuñón, Jennifer Acevedo Lafaurie y Richard Pérez Madrid.
Los
hechos descritos podrían encuadrar en conductas tipificadas en el Código Penal Colombiano, tales
como falsedad en documento público,
fraude procesal, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos
legales, interés indebido en la contratación, peculado y prevaricato con
penas que van desde cárcel hasta multas e inhabilidad del ejercicio de derechos
y funciones públicas.
Las
denuncias que reposan en los entes de control no señalan hechos aislados. Por
el contrario, podría configurarse un patrón sistemático de opacidad en los
procesos de contratación durante la actual administración, lo que enviaría un
mensaje no solo desmoralizador, sino también equivocado a todos aquellos que se
esfuerzan por educarse: que el fin justifica los medios; y todo indica que se
trata de justificar el cumplimiento de cuotas y favores políticos.
En la
información suministrada, el veedor Álvaro González, afirma que “en los despachos judiciales reposan hoy al menos diez denuncias penales relacionadas
con contratos distritales. Varias mencionan a contratistas y funcionarios de la actual
administración, cuyos nombres ya han aparecido en columnas
anteriores de este mismo espacio. Nada de esto debería sorprendernos, pero sí
movernos a la indignación: cada nueva denuncia parece confirmar que la
corrupción en Cartagena no es un accidente, sino una práctica enquistada que se
repite con impunidad y descaro”.
Y
agrega: “La gran pregunta —que sigue sin
respuesta— es por qué la justicia
avanza tan lentamente cuando los indicios están sobre la
mesa y los documentos son públicos. Mientras tanto, la ciudad continúa hundida
entre el desencanto y la resignación, viendo cómo los recursos que deberían
servir al desarrollo terminan alimentando los mismos círculos de poder”.
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