Entre los escenarios más delicados aparece El Carmen de Bolívar,
municipio que ha sido históricamente influenciado políticamente por
Carrasquilla y que fue uno de los epicentros de los contratos investigados por
su presunta adjudicación irregular.
El
nombre del Representante a la Cámara por el departamento de Bolívar SILVIO JOSÉ CARRASQUILLA retumba
con fuerza en medio del torbellino político que desató el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD). Su inclusión en la lista de 28 legisladores
mencionados en una declaración clave que hará la exasesora del Ministerio de
Hacienda, María Alejandra Benavides Soto,
ha encendido las alarmas en los pasillos del poder.
SILVIO
CARRASQUILLA, oriundo del municipio de Turbaco y quien
ahora vive en la zona norte de Cartagena en la exclusiva Urbanización Barcelona
de Indias en una casa avaluada en un millón de dólares; aparece involucrado en
varios escándalos por corrupción, uno por la UNHGRD y otro por INVIAS, por lo
cual este próximo 22
de julio, la Fiscalía
General de la Nación formalizará ante un juez el principio de oportunidad pactado
con Benavides, quien se comprometió a colaborar con la justicia y a entregar
información sobre supuestos manejos irregulares que habrían beneficiado a
congresistas y altos funcionarios.
El
listado de miembros del Congreso de la República mencionados en la
investigación abarca representantes a la Cámara y senadores de diferentes
partidos. Entre los implicados, la Fiscalía señala a Silvio José
Carrasquilla liberal, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián
Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, Juan Diego Echavarría (Liberal),
Efraín Cepeda (Conservador), Juan Carlos Garcés (Partido de la U), José Alfredo
Gnecco (Partido de la U), Liliana Bitar (Conservador) y Karina Espinosa
(Liberal así como a otros congresistas cuyos nombres figuran en documentos
remitidos a la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de febrero.
Entre
las nuevas revelaciones se destaca además que Benavides habría seguido
instrucciones directas del exministro Bonilla para recibir y tramitar proyectos
de inversión regional respaldados por congresistas, procedimientos que debían
realizarse a través de la UNGRD. De acuerdo con el ente acusador, algunas de
las regiones beneficiadas por estos contratos incluyen los municipios de Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar.
La información recabada desde
el 28 de febrero mediante compulsas de copias ante la Corte Suprema de Justicia
obedece a actuaciones impulsadas por la fiscal novena delegada ante esa
corporación, María Cristina Patiño, en relación con este capítulo de corrupción
que afecta también al Instituto Nacional de Vías.
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