Una interesante crónica, publicó en las últimas
horas el Portal de Noticias corrupcionaldia.com, donde detallan
el último gran saqueo de la mal recordada empresa de energía
Electricaribe, por valor de medio billón, o sea 500 mil millones de pesos. Los colombianos conocimos a Electricaribe por
sus apagones interminables, sus facturas abusivas y su desprecio olímpico hacia
los usuarios del Caribe. Lo que no sabíamos es que la empresa había
perfeccionado un arte aún más refinado: saquear las arcas públicas mientras
fingía agonizar.
Un informe demoledor de la Contraloría General
acaba de revelar que Electricaribe le debe al Estado la módica
suma de $593.737 millones por tres contratos de mutuo que
nunca pagó, nunca actualizó y sobre los cuales nunca pagó intereses moratorios.
Y lo más indignante: la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios)
sabía perfectamente de esta deuda y no movió un dedo para cobrarla; mas bien
fue pasiva y complaciente.
El mecanismo fue tan elegante como cínico. Entre
2019 y 2020, mientras Electricaribe montaba su teatro de «empresa en crisis«, el gobierno
de Iván Duque le prestó recursos millonarios a través
del Fondo Empresarial de la Superservicios. Los contratos de mutuo
números 134, 141 y 146 establecían claramente las condiciones: plazos
definidos, actualizaciones con base en el IPC y intereses moratorios en caso de
incumplimiento.
¿Qué hizo Electricaribe con esas condiciones? Exactamente lo que había hecho durante décadas con
el servicio de energía: ignorarlas completamente.
La empresa no pagó en los plazos pactados, no actualizó las
sumas según el IPC y, por supuesto, no reconoció intereses moratorios. Y cuando
todo esto pasaba, ¿dónde estaba la Superservicios? Según la Contraloría,
«no ejecutó los procedimientos correspondientes ni adoptó medidas para
garantizar el recaudo oportuno».
El contexto que hace todo más indignante
Estos $593.737 millones de deuda
impaga no fueron un «accidente» aislado. Formaron parte de una operación de
rescate mucho más amplia que el gobierno Duque implementó para mantener
artificialmente viva a Electricaribe antes de entregarla «saneada» a nuevos
operadores.
Las cifras son escandalosas:
·
Enero 2020: $380.000 millones
·
Febrero 2020: $779.207 millones
·
Marzo 2020: $422.918 millones
·
Los contratos
auditados: $593.737 millones
Total: más de $2.1 billones de pesos que el Estado le prestó a una empresa
que todos sabían estaba destinada a desaparecer.
Mientras Electricaribe recibía
este río de dinero público, seguía cobrando religiosamente las facturas a
millones de usuarios caribeños que protestaban diariamente por el pésimo
servicio. Era el negocio perfecto: socializar las pérdidas con recursos
públicos y privatizar las ganancias con el cobro a usuarios cautivos. Agrega corrupciónaldia.com
SUPERSERVICIOS: CÓMPLICE O INCOMPETENTE
El informe de la Contraloría no deja bien parada a la Superintendencia
de Servicios Públicos. No solo no cobró las deudas, sino que mostró «deficiencias críticas en los controles
contables, contractuales y de seguimiento» del Fondo
Empresarial.
La auditoría encontró:
·
Fallas en conciliaciones bancarias
·
Ausencia de soportes en pagos
·
Falta de garantías suficientes para
respaldar obligaciones
·
Aumento del riesgo de impago
·
Debilitamiento estructural del
control interno calificado «con deficiencias»
·
¿Casualidad? Difícilmente. Cuando una
superintendencia falla tan sistemáticamente en proteger recursos públicos
millonarios, la línea entre incompetencia y complicidad se vuelve muy difusa.
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