Mientras
una puerta del Senado se cierra para un investigado por corrupción, otra se
abre de par en par para un segundo acusado; Como en una coreografía
perfectamente ensayada, la curul que deja IVÁN NAME tras su detención por los
actos de corrupción de la UNGRD, esta será ocupada nuevamente por CIRO RAMÍREZ, recién
liberado de La Picota ante lo cual el Senado colombiano no pierde ni un solo
corrupto en el proceso. Así lo precisa y lo denuncia el portal CORRUPCIÓN AL
DIA.
«Por medio de la presente respetuosamente quiero
solicitarle mi reintegro al cargo de Senador,» escribió Ramírez al actual presidente del Senado, Efraín
Cepeda, en una carta que parece redactada con la tranquilidad de quien sabe
que el sistema está diseñado para protegerlo.
Y tiene razón para estar tranquilo, ya que el pasado viernes 2 de mayo, la Corte
Suprema de Justicia ordenó su libertad inmediata tras concluir
que ya no era necesario mantenerlo preso. ¿La razón? El vencimiento de
términos: «El término de 12 meses se cumplió el pasado 18
de abril de 2025«. Una tecnicidad jurídica que no implica
inocencia, pero sí libertad y, por lo visto, regreso al poder.
El caso de Ramírez, quien habría intervenido
irregularmente en «al menos 15 contratos en
los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca», no es un
incidente aislado sino parte de lo que los expertos llaman «captura del
Estado«.
Mientras tanto, la justicia colombiana avanza con la parsimonia de quien
no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Ramírez fue
detenido en diciembre de 2023 por concierto para delinquir agravado,
cohecho y celebración indebida de contratos. Un año y medio después, sin
sentencia, regresa al recinto donde se elaboran las leyes que luego él mismo fue
acusado de violar.
«Donde no se habla, hay más que decir«,
reza uno de los principios anticorrupción. Y sobre este caso, el silencio es
ensordecedor. Mientras la opinión pública reacciona ante la captura de Name, pocos notan la
peligrosa normalización que implica el regreso de Ramírez al Senado.
De
acuerdo con los expertos en corrupción política, «la forma más efectiva de robar hoy es mediante normas
ambiguas o vacíos legales». Ramírez se
beneficia precisamente de uno de ellos: el vencimiento de términos en un
sistema judicial que colapsa ante su propia ineficiencia.






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