Una tormenta
institucional se desató en el seno de la Corte Suprema de Justicia ayer tarde tras la decisión de ordenar la captura de
los congresistas IVÁN NAME Y ANDRÉS CALLE, ambos expresidentes del
Senado y la Cámara, respectivamente.
El controvertido
fallo fue aprobado por mayoría en la Sala de Instrucción, pero los
magistrados HÉCTOR JAVIER ALARCÓN Y CRISTINA LOMBANA alzaron la voz para
denunciar irregularidades de fondo y forma en el proceso, que podrían minar
la legitimidad de la medida.
El 7 de mayo, el
alto tribunal determinó, con una votación ajustada de cuatro votos a favor y
dos en contra, que era procedente dictar medida de aseguramiento en contra de NAME
Y CALLE por su presunta participación en el entramado de corrupción en la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.
La investigación
se centra en el supuesto trueque de apoyos legislativos a cambio de dinero por
parte de altos funcionarios del Congreso, en beneficio del Gobierno.
Uno de los puntos más graves
revelados en las últimas horas tiene que ver con una denuncia del magistrado
Héctor Javier Alarcón, que alertó sobre modificaciones sustanciales
realizadas al texto final de la ponencia, sin que estas fueran socializadas ni
sometidas nuevamente a votación, como lo exige el protocolo judicial.
“Se eliminaron y
añadieron apartes cruciales que impactaron directamente mis objeciones
expuestas durante la discusión”, manifestó Alarcón en su salvamento de voto, conocido por medios
nacionales. Según explicó, los cambios se produjeron entre el 6 y 7 de
mayo, luego de las sesiones extraordinarias en las que se discutió la ponencia
original.
Además, criticó
que el delito imputado, cohecho impropio, no se ajusta con rigor a los hechos
investigados. A su juicio, el comportamiento de los congresistas podría
encajar mejor en la figura de cohecho propio, dado que habrían actuado
directamente en contra de sus deberes funcionales al comprometer la
actividad legislativa por beneficios personales.
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