LA INJUSTICIA VIRTUAL EN COLOMBIA

Hace más de dos años finalizó aparentemente la vacancia judicial, pero continua la “injusticia virtual en Colombia”, es así como lo catalogan muchos abogados litigantes, usuario e incluso trabajadores de la rama judicial a la actual manera de operar de la justicia en Colombia.

Hay opiniones de prestigiosos juristas litigantes como Alcides Arrieta Meza, quienes sostienen que la justicia está en “crisis” y para nadie es un secreto que en Colombia las medidas transitorias que se adoptaron para afrontar contingencias, se tornan en permanentes, aun después de superadas las situaciones de calamidad.

El gobierno nacional, improvisó una serie de medidas y decretos para cumplir con el requisito de administrar justicia en medio de la emergencia económica, social y ecológica generada por la pandemia del COVID 19 y contra viento y marea de manera improvisada y si contar con una logística eficaz, colocaron en marcha el decreto legislativo 806 del 2020, a través del cual se adelantaron muchos “procesos express” de los cuales surgieron un sin número de quejas por parte de usuarios y abogados litigantes en Colombia.

Quienes critican la virtualidad en las actuaciones judiciales hoy, reprochan que los procesos, no se encuentran debidamente digitalizados, y que, los abogados en muchos casos deben litigar sin poder tener acceso a los expedientes, que es difícil obtener información efectiva e integral de las actuaciones a través de la página judicial, que los juzgados no envían los autos que profieren a los correos de las partes o de sus apoderados judiciales, que los autos que se notifican en muchos casos no se pueden conocer virtualmente, que no hay garantías para las personas que se encuentran en zonas aisladas sin cobertura de internet para asistir a las audiencias virtuales, que la página de la rama judicial permanece caída; En resumen, se puso en marcha la virtualidad, sin estar preparados tecnológica, ni logísticamente, para afrontar tales cambios, lo cual después de dos años hoy ha generado una crisis en la justicia.

Estos aspectos negativos, de los cuales muchos se quejan, pero casi nadie vocifera, han deshumanizado y convertido la justicia Colombiana en una verdadera “injusticia virtual”, que llego para atender una pandemia y se quedó innecesariamente y sin evolucionar, ni mejorar a través de la Ley 2213 de 2022 el 13 de junio de 2022, como legislación permanente e implementando el uso de las tecnologías y comunicaciones en las actuaciones judiciales, sin estar verdaderamente preparados para asumir el drástico cambio en medio de tan subdesarrollada infraestructura de la rama judicial colombiana;

 

Es por tales motivos entre otros, que hoy la gran mayoría de abogados litigantes reclaman la atención presencial en los despachos judiciales, para poder ejercer dignamente la profesión y garantizar el eficaz desarrollo de los mandatos que les son conferidos.

Los usuarios de la justicia en Colombia, hoy reclaman una implementación de una justicia que convine la tecnología y la atención personalizada en condiciones dignas y humanas, que permitan las garantías del acceso a la justicia y la prevalencia del debido proceso con apego a las garantías procesales, donde no prevalezca el excesivo ritualismo procesal y se propenda por la publicidad y la comunicación de las actuaciones judiciales a los sujetos procesales a través de los canales virtuales, aspectos de los cuales, actualmente carece el sistema implantado a través de la Ley 2213 de 2022 el 13 de junio de 2022.