La Fiscalía
General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco
integrantes y nueve exintegrantes del Ejército Nacional que estarían implicados
en una contratación irregular que se realizó en el dispensario de las fuerzas
militares en Bucaramanga (Santander).
Estas
personas, en ejercicio de las diferentes funciones que desempeñaron en el
establecimiento médico entre 2017 y 2022, habrían permitido la celebración de
seis contratos con Daisy Carolina Sosa Hernández, por valor de 345.181.200
pesos, con el objeto de que prestara servicios como anestesióloga y atendiera
las necesidades en las salas de cirugía.
Los elementos
materiales probatorios indican que la citada profesional no era especialista en
el área para la cual fue contratada y presuntamente presentó documentación
falsa para acreditar la idoneidad exigida. Adicionalmente, se constató que no
figuraba en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS);
sin embargo, su contratación avanzó en contravía de los principios contractuales.
En ese
sentido, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Santander imputó a
los señalados involucrados, de acuerdo con su eventual responsabilidad, los
delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin
cumplimiento de requisitos legales y uso de documento falso. Los cargos no
fueron aceptados.
Los investigados son: los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Claudia
Carolina Ramírez Murillo, el mayor Belisario Zea Quintero, los sargentos
Julieth Pauline Aza Rojas y Carlos Javier García; los exintegrantes del
Ejército Nacional Eddy Piedad González, Jenny Paola Figueroa, Wilson Lenny
Pinto Morales, Francisco Javier Castaño, Óscar Humberto Silva, Carlos Iván
Ceballos, Édgar Alfredo Martínez y Jaime Alberto López; y la contratista Daisy
Carolina Sosa Hernández.
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