El viernes de la semana anterior la Fiscalía General de la
Nación formuló acusación formal contra el exgobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero,
como presunto responsable de graves irregularidades en un contrato del Programa
de Alimentación Escolar (PAE), suscrito durante su mandato el 5 de junio de 2017.
Se conoció en fuentes del ente acusador que el contrato, con un
valor inicial de 18.983
millones de pesos, tenía como propósito suministrar complemento
alimenticio a estudiantes de colegios oficiales en los 25 municipios del departamento.
Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, el proceso contractual avanzó sin una planeación adecuada y
estuvo plagado de anomalías.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
- Ausencia
de estudios previos técnicos y serios.
- Inconsistencias
en los pliegos de condiciones de la licitación.
- Evaluaciones
sesgadas por parte del comité evaluador, que
habrían favorecido a un proponente que no cumplía con los requisitos
establecidos.
A pesar de estas fallas, el contrato
fue adjudicado y ejecutado, lo que derivó en una ampliación del plazo de ejecución, que pasó de 104 a 146 días, y un aumento sustancial del
presupuesto por conceptos como administración, personal de
apoyo e interventoría. El valor final del contrato ascendió a 27.387 millones de pesos, es decir, más de 8.400 millones por encima del monto inicial.
Además, se estableció que el contrato
fue liquidado en marzo de 2018 sin contar con las
firmas del supervisor ni del propio gobernador, lo que constituye otra
irregularidad en su ejecución.
Por estos hechos, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó
a Martínez Romero del delito de contrato sin cumplimiento de
requisitos legales.
El caso representa un nuevo capítulo
en los múltiples escándalos de corrupción que han rodeado la ejecución del PAE
en distintas regiones del país.
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