Con contundencia y categórico, fundamentado en derecho el magistrado de la Corte Constitucional
Vladimir Fernández solicitó suspender provisionalmente el proceso que adelanta
el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial del
presidente Gustavo Petro. La medida busca evitar decisiones de fondo mientras
se estudia una tutela interpuesta por el mandatario, en la que cuestiona la
competencia del CNE para investigarlo por presuntas irregularidades en la
financiación de su campaña.
La tutela fue
seleccionada el 28 de febrero por la Sala de Selección 02 de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Cristina Pardo y el propio
Vladimir Fernández. En ella, Petro pide anular una decisión del Consejo de
Estado que avaló al CNE como la autoridad competente para investigar los
hechos, desconociendo —según la defensa del presidente— el fuero constitucional
que lo cobija y la competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes.
La Corte ya
empezó a practicar pruebas. Ordenó al CNE y a la Comisión de Acusaciones
remitir copias íntegras de los expedientes que cursan contra Petro, junto a
informes detallados de cada actuación. También comisionó a la magistrada
auxiliar Diana Millán para hacer una inspección judicial sobre antecedentes en
investigaciones a expresidentes, lo cual busca establecer si ha habido un
tratamiento desigual frente a otros casos.
El proceso en el
CNE ya está en etapa de juicio, con ponencias de los magistrados Álvaro Hernán
Prada y Benjamín Ortiz que formularon cargos por supuesta financiación
irregular. La mayoría en esa corporación se inclina por sancionar. La
suspensión solicitada por Fernández podría congelar ese trámite mientras la
Corte decide si la actuación del CNE violó el debido proceso del presidente.
Esta
movida jurídica fortalece la estrategia de la defensa de Petro, que alega que
se le vulneró el derecho al juez natural. Si la Corte acoge los argumentos del
mandatario, no solo se caería el proceso del CNE, sino que quedaría claro que
solo la Comisión de Acusaciones puede investigar a un presidente en ejercicio.
Un precedente que podría cambiar el rumbo de futuros casos similares.
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