MINTRANSPORTE INICIÓ CONTROL LEGAL A LAS FOTOMULTAS

 

El Ministerio de Transporte anunció que adelantará, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, una revisión integral del funcionamiento de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones en todo el país. La medida responde a una instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella, quien pidió actuar con firmeza frente a posibles irregularidades en la instalación y operación de estos equipos. 

La decisión busca garantizar que los sistemas de detección electrónica cumplan su propósito original: prevenir siniestros viales. La instrucción presidencial responde a la posibilidad de que existan "irregularidades, abusos o sistemas cuya instalación u operación no se encuentre debidamente sustentada en criterios técnicos de seguridad vial". Con este mandato, las autoridades competentes iniciarán de manera inmediata la verificación de cada mecanismo instalado en las vías del territorio nacional, sin distinción de región o entidad operadora, ya que, en el caso del norte de Bolívar, se convirtieron en un lucrativo negocio en Turbaco y en Arjona, donde ni siquiera notifican a los supuestos infractores ni otorgar el derecho al debido proceso, mientras inescrupulosos empresarios se llenan los bolsillos.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, fue enfática al justificar el alcance de la medida. "La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos", afirmó la funcionaria, quien agregó que, allí donde se detecten fallas, "actuaremos con la contundencia que corresponde". 

¿Qué evaluarán las autoridades en cada sistema de fotodetección?

 

El trabajo de verificación no se limitará a constatar si las cámaras están autorizadas. Cada entidad, dentro de sus competencias, examinará el sustento técnico y legal de los equipos, considerando variables como la siniestralidad registrada en el corredor, los límites de velocidad establecidos, la señalización existente y las condiciones particulares de la vía donde opera cada sistema. Ese cruce de datos definirá si un mecanismo responde efectivamente a una necesidad de seguridad vial o si su instalación carece de justificación técnica suficiente.

Este componente de la revisión resulta central porque traslada el debate desde lo puramente sancionatorio hacia lo técnico. El Ministerio no solo busca confirmar la legalidad administrativa de las cámaras, sino determinar si cada una está ubicada y calibrada en función de un riesgo real y demostrable. La siniestralidad del corredor se perfila así como el criterio que podría inclinar la balanza entre mantener, ajustar o retirar un sistema de detección.