NUEVOS ACTOS DE CORRUPCION EN ALCALDIA Y CONCEJO

 

La Fundación para la Gestión, Innovación, Liderazgo, Desarrollo, Emprendimiento y Deporte (GILDED), anteriormente FUNDACOMUN es una contratista de vieja data de la Alcaldía de Cartagena. Así lo revela en un informe investigativo PLURALIDAD Z, un medio de comunicación dedicado a investigar y denunciarlos acos de corrupción de la administración pública.

En 2024 fue protagonista de un escándalo, tras una alerta de la Fundación Cívica por Cartagena (FUNCICAR), por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por $1.000 millones de pesos, para el desarrollo de eventos y torneos deportivos en la localidad de la Virgen y Turística.

Por este hecho, la Procuraduría Provincial de Cartagena abrió indagación preliminar contra el alcalde local, Alexis Valerio, quien meses después presentó su renuncia al cargo

La cuestionada FUNDACOMUN ahora con el nombre de Fundación GILDED es representada legalmente por Irma Esther Marzan Teherán.

La Unidad Investigativa constató que la entidad sin ánimo de lucro siguió suscribiendo contratos cuantiosos con la Alcaldía de Cartagena y el Concejo Distrital.

En 2025, el Distrito de Cartagena le adjudicó un contrato a la fundación, por $592 millones de pesos, cuyo objeto fue la prestación de los servicios logísticos, para la organización de los encuentros barriales en el marco del proyecto de estrategias de participación ciudadana y gobernanza en la población de pobreza extrema.

Este periodista de PLURALIDAD Z radicó derecho de petición, el 17 de septiembre de 2025 ante el Distrito de Cartagena, para solicitar información relacionada con la ejecución de las actividades contempladas en el mencionado contrato.

Pero solo fue hasta el 29 de diciembre de 2025, es decir, tres meses después que el director del PES, Jorge Redondo, quien fungió como supervisor del proceso me respondió a través de un oficio allegado a mi correo electrónico.

Es evidente que Redondo contestó extemporáneamente incumpliendo con el plazo de 15 días, que establece la Ley 1755 de 2015, para atender peticiones respetuosas.

A pesar de los ardides, este medio publicó dos notas tituladas: «Alcaldía de Cartagena gasta $402 millones en logística para encuentros barriales» y «Dudas en torno al contrato de encuentros barriales».

Luego de comprobar que, el entonces presidente del Concejo Distrital, Rafael Meza Pérez firmó un contrato con la Fundación GILDED, por $366 millones, para la adquisición de 184 bonos redimibles en almacenes Éxito, se presentó una solicitud de información -el 2 de diciembre de 2025- ante la corporación, para verificar el cumplimiento del alcance contractual.

Sin embargo, fue hasta el viernes, 10 de abril –4 meses después-, que la Oficina Jurídica del Concejo dirigida por Pedro Fuentes Lorduy contestó la petición, tras múltiples insistencias de este periodista.

Con la respuesta se corroboró que, en total fueron 184 bonos comprados por $1.423.500 pesos cada uno, lo que arroja una suma de $261.924.000.

Si el contrato comprometió fondos por $366.659.864 queda un saldo de $104.735.864. Entonces, se plantean las preguntas incómodas: ¿Quién se quedó con esa tajada? ¿Esa fue la ganancia de la entidad sin ánimo de lucro? ¿Cuánto fue la utilidad de la Fundación GILDED por operar este contrato? ¿Por qué el Concejo de Cartagena no contrató directamente con el Grupo Éxito sin necesidad de intermediarios? ¿Quiénes se beneficiaron realmente con esta adjudicación?

Adicional a esto, la fundación obsequió siete bonos adicionales como parte de su propuesta, sin ninguna contraprestación, los cuales fueron entregados a los presidentes de las organizaciones sindicales, según consta en un acta con fecha del 28 de noviembre de 2025.

Pero lo más sospechoso es que en la planilla de la seguridad social se registra el pago de un solo empleado de la fundación, quien es su misma representante legal, Irma Esther Marzan Teherán.

Lo anterior, resulta alarmante debido a que se trata del manejo de millonarios recursos estatales, lo que permite formular los siguientes cuestionamientos: ¿En qué invierte esta Fundación las ganancias obtenidas de contratos con instituciones públicas, dado que no son convenios de asociación de los que trata el artículo 355 de la Constitución Política? ¿O estamos frente a una oenegé de papel creada únicamente, para contratar con el Estado y de esta manera acceder a millonarias sumas del erario? ¿O se trata de una entidad sin ánimo de lucro de todito? ¿La Fundación GILDED es una ESAL de reconocida idoneidad? ¿Cuál es su trabajo social y comunitario en la sociedad cartagenera y a quiénes ha impactado? ¿La opinión pública desconoce sus antecedentes?