Por AMYLKAR ACOSTA MEDINA - www.amylkaracosta.net
Ante la crisis actual de
la agroindustria del etanol, en este momento en grave predicamento, me veo
precisado a salir en su defensa. Empecemos por definir a los biocombustibles
como el componente renovable en
la mezcla de un porcentaje de etanol con la gasolina y un porcentaje de biodiésel con el diésel, en la actualidad ambos al 10%,
contribuyendo a la seguridad energética del país, a mejorar el medioambiente e
impulsar al sector agrícola, al punto que representan el 0.4% del PIB nacional y el 5.6% del PIB agrícola!
Las leyes 693 de 2001, de mi autoría y la Ley 939 de 2004 dispusieron
la obligación de dichas mezclas en todo el territorio nacional, en el primer
caso a partir de 2005 y en el segundo a partir de 2008. 21 años después de contribuir con la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 3,9 millones de toneladas de gases de
efecto invernadero en el 2025 y 950 toneladas de material particulado,
causantes del Cambio climático y nocivas para la salud, especialmente
en los grandes centros urbanos, la cadena productiva de etanol está amenazada
por la miopía, la ambigüedad y la falta de coherencia de la política pública
del actual gobierno, poniendo en riesgo el avance de la Transición
energética justa que tanto pregona.
Veamos. El detonante de
esta crisis del etanol está en la avalancha del etanol importado, que ha venido
ganando cada vez mayor participación en el mercado doméstico. Hasta el año
2016, la producción nacional daba abasto para satisfacer la demanda interna y
sólo a partir del año siguiente empieza a abrirse paso el etanol importado
desde los EEUU, escalando en los siguientes años hasta alcanzar el 40% en 2023
y más recientemente, entre los años 2024 y 2025, superando el 50% del mercado.
Cabe preguntarse cómo se
explica este cambio tan dramático en tan corto tiempo. Una primera aproximación
a la respuesta nos lleva a constatar un viraje desde la entrada en vigencia de
la Resolución 90454, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que entró
en vigencia en abril de 2014, limitando la importación a los volúmenes
necesarios y suficientes para cubrir el déficit y asegurar el cumplimiento del
porcentaje del 10% de la mezcla (E-10), que luego fue derogada por la
Resolución 41053 de mayo de 2017, liberando las importaciones. La reacción no
se hizo esperar, las importaciones pasaron desde los 68 millones de litros en
2026 a 269 millones de litros en 2019, hasta alcanzar el récord de los 437 millones de litros en 2025,
favorecidas por la diferencia entre el precio del etanol regulado producido en
el país y el precio de paridad importación, altamente subsidiado.
Y las consecuencias
están a la vista: la inundación del mercado interno con las importaciones de
etanol y no “la sobreproducción” de la que habla el Presidente Gustavo Petro,
atribuyéndola a un supuesto “exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero
y a un uso ineficiente de la tierra”, ha dado lugar a que los inventarios estén
al tope, superando los 54 millones de litros, amenazando a toda una cadena con
sus 286 mil empleos formales en más de 50 municipios del país, con
preponderancia en sus áreas rurales. De allí el S.O.S lanzado por el vocero del
Sindicato de trabajadores agropecuarios Jhonson Torres, al demandar del
Gobierno Nacional “se firme la Resolución de estabilización de precios”, la
cual pasa por tomar como referencia los costos en que incurren los productores
de etanol y no el precio del azúcar en Londres, que viene causando distorsiones
en desmedro de la industria nacional.
Hay dos aspectos que no
se han tenido en cuenta a la hora de liberar las importaciones y desproteger la
producción nacional de etanol. El primero de ellos tiene que ver con el dumping
del etanol importado, el cual es objeto de múltiples subsidios en su país de
origen, desde las siembras de maíz, que es su materia prima hasta las plantas
refinadoras, entre el 22% y el 32%, amén de su protección con altos aranceles.
El otro aspecto a
considerar es que hay una diferencia abismal en la reducción de las emisiones
de GEI del etanol producido a partir de la caña de azúcar como materia prima,
que está alrededor del 73% y el producido con el insumo del maíz fluctúa entre
el 20% y el 40%. En este aspecto no hay punto de comparación. Y no hay que
perder de vista que Colombia, como signataria del Acuerdo de París adquirió el
compromiso de reducir sus emisiones de GEI en un 51% hacia el 2030 y que por lo
tanto el etanol producido en el país contribuye mucho más a alcanzar dicha
meta que el etanol importado!
Queremos llamar la
atención sobre el error del Presidente Petro al pedirle al Ministro de Minas y
Energía Edwin Palma a “quitar el subsidio al etanol y al biodiesel”,
confundiendo la excepción de la que es objeto de los gravámenes aplicables a
los combustibles de origen fósil, que es sólo un incentivo para sustituir a
estos por aquellos, que contribuyen a la reducción de las emisiones de GEI. Su
política de favorecer las importaciones de etanol en detrimento de la
producción nacional va a contrapelo de lo dispuesto en el Plan de desarrollo de
su gobierno, el cual propende por la diversificación de la economía, la
reindustrialización y el impulso del sector agrícola.
En lugar de frenar esta
industria se debería apalancar incrementando el porcentaje de la mezcla. De
esta manera, además, se incrementa aún más la sustitución de las importaciones
de combustibles al país, las cuales superan el 40% en tratándose de la gasolina
y el 15% del diésel. Ello es tanto más conducente y pertinente si nos atenemos
al pronunciamiento de la Agencia Internacional de Energía (AIE), a la que acaba
de ser admitida Colombia, en el sentido de que “los biocombustibles son una
pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”, en
particular el sector automotor. Incurre el Gobierno, entonces, en una gran
contradicción, que es menester corregir y así evitar males mayores. ¡Más coherencia,
por favor!
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