Por AMYLKAR ACOSTA MEDINA - www.amylkaracosta.net
La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en
peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la
prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente
del riesgo inminente.
En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la
capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de
racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del
fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a
la hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé,
tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de
solo 4 meses.
Este riesgo es tanto mayor dada la circunstancia de que actualmente
tenemos un déficit del 1.8% dela Oferta de energía firme (OEF), el cual puede
superar el 3% para 2026.
En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos
factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el stress del Sistema
de transmisión nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en
firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el
crecimiento de la oferta. De allí que, según la firma XM, que administra
el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH
y la demanda en 241.89 KWH, esto es tenemos un déficit de -1.8%, el cual será
mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.
Ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes
proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango,
que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que
se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una,
hasta la fecha solo han entrado 4. Debido también a los 2.400 MW de
capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas
entre 2019 y 2021, los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira,
hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%,
equivalente al piloto Jepírache que instaló EPM de Medellín en el Cabo de la
vela hace 21 años!
El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente
es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras
de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de
la Opción tarifaria, cuyo saldo al corte de septiembre de 2025 era del orden de
los $2.5 billones, de los cuales el presidente Petro se comprometió en mayo del
año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la
misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida.
A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los
subsidios al consumo de los estratos1, 2 y 3, que las empresas ya les descontó
y el Gobierno debe reintegrarles a ellas. Al corte del mes de agosto dicha
deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las
distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP $41.700 millones.
Y lo más grave es que en el presupuesto de la actual vigencia solo se
apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este
año.
Es decir que la partida de subsidios para los tres restantes trimestres
está desfinanciada. De tal modo que el faltante en el Presupuesto de la actual
vigencia asciende a los $3.6 billones, de los cuales $2.7 billones corresponden
a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de
Presupuesto para 2026 de $8.9 billones que se van a requerir el aforo es de
sólo $7.5 billones.
Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia
de Servicios públicos de la empresa Air-e, que le presta el servicio a los
departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. La razón fue su
insolvencia, iliquidez y falta de flujo de la caja, que la llevó a acumular
deudas con sus proveedores del orden de $1.9 billones, la cual quedó en
suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya
asciende a los $1.7 billones, de los cuales $1.5 billones corresponden a la
deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han
despachado.
Entre tanto, la Superintendencia se ha cruzado de brazos, dice que el
Fondo empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para solventar
a las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede
girar a Air-e ni un peso. Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y
PGN) a pronunciarse alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero
de las empresas comercializadoras que puede dar lugar a un efecto dominó que
puede conducir a una falla sistémica, que puede llegar a comprometer la
prestación del servicio.
La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas
comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del
riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando
la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una
crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción se
ha convertido en parte del problema.
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