El Juzgado Diecisiete Civil
Municipal de Cartagena de Indias concedió una acción de tutela a favor del
medio digital Red Caribe Noticias, tras determinar que la Alcaldía
Distrital de Cartagena y la empresa EDURBE S.A. vulneraron el derecho
fundamental de petición al no entregar información completa sobre contratos y
pagos realizados entre 2024 y 2025.
Desde el 20 de agosto de 2025,
Red Caribe Noticias solicitó documentación detallada sobre convenios
interadministrativos, contratos con terceros y proyectos relacionados con el
sistema de canales y drenajes pluviales. Aunque EDURBE alegó haber respondido,
quedó demostrado que los recibos, facturas y pagos a terceros no fueron
entregados, pese a ser información clave para conocer en manos de qué empresas
están yendo los recursos públicos.
El fallo cobra aún mayor
relevancia porque, entre 2024 y 2025 la Alcaldía de Cartagena, bajo la
administración del intocable Dumek
Turbay ha contratado de manera directa más de 70 mil millones de pesos con
EDURBE, una entidad históricamente cuestionada por la ejecución de convenios y
contratos interadministrativos, y una forma de evadir las licitaciones y
adjudicar a dedo.
El despacho judicial concluyó
que la respuesta de la entidad fue incompleta y carente de fondo, configurando
una vulneración al derecho fundamental de petición. En consecuencia, ordenó a
EDURBE que, en un plazo máximo de 48 horas, entregue una respuesta clara,
completa y detallada, incluyendo todos los documentos solicitados: contratos,
anexos, actas de inicio y liquidación, informes de supervisión, comprobantes de
pago y demás soportes.
La decisión no solo respalda
el ejercicio periodístico en la defensa del acceso a la información pública,
sino que también obliga a la Alcaldía de Cartagena y a EDURBE a rendir cuentas
sobre multimillonarios contratos directos, abriendo la puerta para que la
ciudadanía conozca el verdadero destino de los recursos. El estilo en la alcaldia y en todas sus dependencias es dilatar o no contestar los derechos de petición, para que nadie destape las ollas podridas que allí existen.
El caso será remitido a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, lo que podría sentar un nuevo
precedente en materia de transparencia administrativa y derecho a la
información en Colombia.
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