Una reforma en ciernes que
incluiría traslados y relevos de fiscales de amplia experiencia representa hoy
el riesgo de que el Estado colombiano pierda el control de cerca de 1.500
bienes por $3,5 billones intervenidos a las antiguas autodefensas y a otros
grupos armados ilegales.
Funcionarios de la antigua
Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y otras fuentes próximas a la Dirección
de Justicia Transicional de la misma entidad explicaron, pidiendo expresamente
no ser citados por sus nombres, que la idea de la Fiscal general, Adriana
Camargo, sería trasladar a por lo menos cinco de los nueve fiscales
especializados en el tema, con lo cual los que se quedan quedarían
sobrecargados.
El traslado sería un punto
de avanzada para que en el futuro cercano los procesos queden a cargo de otra
Unidad, pese a que ya estaban a punto de ser llevados a la fase de audiencias
ante los tribunales a la Unidad de Extinción de Bienes.
“El cambio representaría un grave error porque una nueva
unidad tendría que empezar de cero a partir de la revisión de los expedientes y
se perdería gran parte de los avances alcanzados hasta hoy”, le
dijo a Las2Orillas una de las fuentes consultadas.
Entre
ellos hay algunos conocidos por la opinión pública por el efecto mediático que
ha tenido su intervención. Figuran, por ejemplo, seis predios rurales situados
en Rionegro y El Retiro, en Antioquia, que figuraban a nombre del exgobernador
Luis Pérez Gutiérrez pero que, a juicio de la Fiscalía, fueron obtenidos
ilícitamente por el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil. Su valor actual
supera los 100 mil millones de pesos.
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