En respuesta a la solicitud de la Fiscalía
General de la Nación, la juez Novena Laboral del Circuito de Barranquilla
(Atlántico) levantó la medida provisional de suspender las pruebas escritas del
Concurso de Méritos FGN 2024, por lo cual serán aplicadas el próximo domingo 24
de agosto a 98.687 personas que aspiran a ocupar 4000 cargos de carrera en la
entidad.
Para la Fiscalía, la orden
judicial derogada, emitida en principio de manera oficiosa por la juez al dar
trámite a la acción de tutela de un aspirante inadmitido por falta del
requisito pleno de la experiencia profesional, resultaba desproporcionada y
comprometía la validez técnica, logística y financiera del proceso.
Al acoger los argumentos y
pruebas expuestos por la entidad, el juzgado admitió que aportaron “elementos
de juicio de gran calado que deben ser sopesados, entre ellos la alternativa de
permitir el examen del accionante en igualdad de condiciones que los demás
participantes con miras a evitarse el perjuicio irremediable”, cuya validez
estará supeditada a la decisión definitiva de la acción de tutela.
En efecto, la Fiscalía pidió
al juzgado modular la medida inicial de suspensión provisional para que
autorizara la continuidad de la aplicación de las pruebas escritas del
concurso, garantizando la participación del accionante, pero dejando claro que
los efectos de su resultado quedaran sujetos a lo que disponga el fallo de
fondo.
“Como alternativa menos
lesiva, se solicita autorizar la citación preventiva de todos los aspirantes,
incluido el accionante, para la fecha prevista, evitando así́ los sobrecostos
desproporcionados, el riesgo de filtración de materiales y la afectación de un
proceso colectivo de trascendencia nacional”, sostuvo la entidad al oponerse a
la tutela.
Para la Fiscalía, la
modulación concedida ofrece un punto de equilibrio entre la garantía del
derecho individual del accionante y la necesidad de preservar los principios de
mérito, igualdad y economía que orientan los concursos públicos.
De esta forma, se evitó que la
tutela, en lugar de proteger, generara efectos desproporcionados que afectaban
a los miles de aspirantes a ocupar los cargos de carrera en la Fiscalía General
de la Nación, se preservó la validez técnica de la prueba y se impidieron
perjuicios económicos y logísticos de gran magnitud al Estado.
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