Opinión - LA CRÍSIS FISCAL

 

Por AMYLKAR ACOSTA MEDINA- www.amylkaracosta.net-Miembro Número ACCE

 

Napoleón solía decir que cuando se sube se puede detener la marcha, pero cuando se baja se torna difícil detenerse y este es el caso cuando se observan los registros del balance fiscal de la Nación que muestra un déficit crónico, sin que se avizore una reversión de dicha tendencia. Y así arribamos al año 2020, en el que la economía y las finanzas del Estado se vieron seriamente afectadas por la crisis pandémica.

 

Los mayores gastos que demandó de parte del Estado para paliar y contrarrestar sus devastadores efectos, entre ellos la recesión económica, que se tradujo en un decrecimiento del PIB del - 6.8% con respecto al año anterior, la mayor caída desde que se llevan registros, la cual trajo consigo, como contrapartida, un menor recaudo de impuestos, menguó los ingresos, impactando por partida doble a la caja registradora de la Nación. De allí que este año cerrara con un déficit fiscal, también histórico, de – 7.8% del PIB!

 

En los años subsiguientes, 2021, 2022, 2023 y 2024, el déficit fiscal, este registró en estos años sucesivos -7.1%, -6.2%, -4.2%, disparándose en el 2024 hasta alcanzar un déficit de - 6.8%, el más alto en 20 años, excepción hecha de los años 2020 y 2021, lastrados por la pandemia. Indudablemente, uno de los datos más preocupantes tiene que ver con el bajonazo de los ingresos tributarios en 2024, al ubicarse el recaudo en $18.5 billones, muy por debajo del registrado en 2023 y $13.9 billones inferiores a la cifra estimada por el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

 

Llama poderosamente la atención este comportamiento del recaudo, no obstante que el Congreso de la República, por iniciativa del ejecutivo había aprobado una primera reforma tributaria en 2021 (Ley 21 55 de 2021) y posteriormente aprobó en 2022 la reforma tributaria más ambiciosa en muchos años (Ley 2277 de 2022), las cuales, sumadas, según ANIF le representarían al fisco mayores recaudos del orden de los $50 billones. No obstante, advierte que “gran parte de esos ingresos se destinaron a subsidios a los combustibles, específicamente al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). 

 

 

En otras palabras, el recaudo adicional no se tradujo en un aumento significativo de los recursos disponibles para el gobierno debido a estos gastos”. 

 

Desafortunadamente las expectativas de mayores ingresos gracias a estas dos reformas no se cumplieron, sobre todo debido a que puntos clave de la última de ellas como la no deducibilidad de las regalías que pagan las empresas extractivas, la cual fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional. Entre las razones del bajo recaudo se destaca también el incumplimiento de la meta de la DIAN de un mayor recaudo por valor de $15 billones por resolución de litigios, sin sustento para ello

Según el Centro de estudios económicos ANIF, “los impuestos sobre la renta, uno de los pilares del ingreso corriente del Estado, cayeron -15% en 2024, luego de haber crecido a tasas elevadas en los dos años anteriores (29.4% en 2022 y 46.4% en 2023)”. Lo más grave es que “esta contracción en la tributación contrasta con el crecimiento sostenido del gasto, que se expandió un 42.5% en 2024”.

 

El desbordamiento del gasto en funcionamiento es ostensible, según el profesor de la Universidad Javeriana Henry Amorocho “el gasto en funcionamiento creció 14% en términos reales, superando por más de 8 veces. El económico, del 1.7%, registrado el año pasado”, en contraste con el incremento en los ingresos del Estado de 2.33% nominal.

 

Según FEDESARROLLO, “la burocracia crecerá este año 28%, equivalente a $10 billones adicionales de gasto, algo que no tiene ninguna justificación en el contexto de la gravedad de la situación fiscal”. Como afirma ANIF, “llama especialmente la atención el crecimiento del gasto primario y en particular el aumento de 30% en el gasto de personal, equivalente a medio punto del PIB, en un contexto de rigidez presupuestal (del cual tanto se queja), baja eficiencia del gasto y limitaciones fiscales crecientes”.

 

Pululan en el alto gobierno las órdenes de prestación de servicio (OPS), que no son más que contratos de empleos temporales, los que tanto dice abominar y se proscriben en la recién aprobada reforma laboral. 86% del total de 14.987 contratos firmados, con un costo aproximado cada uno de ellos de $112 millones, en los ministerios y en el DAPRE en el primer semestre de este año, son OPS.

 

Y, como era de esperarse, para sostener este tren de gasto por parte del Gobierno se recurrió al endeudamiento, de allí que el nivel del endeudamiento pasó del 57.6 en 2022, al 61.3% en 2024. Según el Superintendente financiero Cesar Ferrari, aumenta también “por la deuda, que creció significativamente desde 2020. El pago de intereses pasó de 2.8% del PIB en 2020 a 4.7% en 2025. Así el pago de intereses  pasó de $53 billones en 2020 a $112 billones en 2025”.

 

Tanto el Comité independiente de la Regla fiscal como Fedesarrollo coincidieron en que el recorte presupuestal en 2024 y el que se preveía por parte del Gobierno para el año 2025 eran insuficientes para cumplir con la Regla fiscal. A su juicio “los ajustes para que los montos cuadren” deberán ser mayores, hasta alcanzar la cifra de $511 billones. En concepto del economista jefe de investigaciones de Corficolombiana, Julio Romero, “si no se hace el recorte de aproximadamente $35 billones, el déficit fiscal de 2025 sería de 6,5% del PIB, superior al 4,9% permitido por la regla fiscal. Porque los ingresos fiscales que estimamos para 2025 son menores”. Y concluye diciendo que “la desfinanciación del Presupuesto de 2025 no se debe solo a que no pasó la ley de financiamiento, sino también a que los ingresos tributarios que espera el Gobierno para financiar ese presupuesto, que no son acordes a la realidad fiscal y económica”.

 

En un esfuerzo desesperado para tener caja el Gobierno expidió el Decreto 0572 del 28 de mayo y entró en vigor a partir del 1 de junio, el cual amplía y anticipa el pago de la retención en la fuente por concepto del impuesto de renta. Como bien lo dijo el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, esta es “una reforma tributaria encubierta, que adelanta ingresos del 2026 al 2025 a costa del flujo de caja de las empresas. Exprime su liquidez, las obliga a endeudarse y pone en riesgo el empleo”.