Crece la inquietud en el país por la nueva
ley, aprobada ya por el Senado y la Cámara, la cual pasó a la sanción
presidencial, y que busca poner fuertes controles a las firmas encuestadoras en
Colombia.
“Tanto va el cántaro al pozo hasta que se
rompe”, por fin de acaban los abusos y direccionamientos tendenciosos de
algunas firmas encuestadoras, que dirigen al elector y a la opinión publica por
caminos errados, para favorecer a determinados candidatos.
La iniciativa -radicada en
octubre de 2024 y respaldada por senadoras como Angélica Lozano (Alianza
Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López (Pacto
Histórico)- establece cambios sustanciales en las reglas
del juego para la realización y publicación de sondeos de opinión política.
Entre los puntos más
controvertidos se encuentra la restricción de medir la intención de voto
presidencial. De sancionarse la ley en los próximos días, quedará prohibido
publicar encuestas presidenciales desde la última semana de octubre, dado que
la norma fija como límite tres meses antes del inicio de inscripción de
candidaturas, que será el 31 de diciembre de 2026.
Empresas dedicadas a estos estudios
afirman que no fueron consultadas durante el trámite legislativo. Además, señalan que la ley contiene conceptos ambiguos,
desconocimientos técnicos y disposiciones que vulneran principios básicos de
libre competencia y manejo de datos personales.
De hecho, Andrés Perdomo, gerente de
nuevos negocios del Centro Nacional de Consultoría, advirtió: “Esta ley es
absolutamente negativa. Hay una evidente contravención
a principios básicos de intervención estatal indebida en sectores económicos,
hay temas de la ley de tratamiento de datos que se vulneran, exige
que las encuestadoras entreguen al CNE las bases de datos y números de teléfono
en los casos de encuestas telefónicas. Les faltó poco para que pidieran los
puntos GPS o ubicación de las viviendas cuando las mediciones se hacen cara a
cara”.
Por su parte, Carlos Lemonine, Presidente de la junta directiva del Centro
Nacional de Consultoría, relató que meses atrás los senadores le habían
expresado que el proyecto al parecer estaba “embolatado”. Hoy,
sin embargo, el texto paso todos los debates y está listo para su sanción presidencial.
La nueva normativa también ordena que cada
vez que se publiquen resultados de encuestas, las firmas deben remitir al
Consejo Nacional Electoral (CNE) todos los soportes, estadísticas, grabaciones
telefónicas, preguntas y respuestas. Además, tendrán que adoptar sistemas
avanzados de ciberseguridad para proteger la
información recolectada.
Otro punto llamativo de la propuesta
presentada por las congresistas es que, de manera obligatoria, los
estudios de opinión deberán incluir muestras en todos los municipios con más de
800.000 habitantes, según datos del DANE, eliminando así la
posibilidad de focalizar mediciones en ciudades específicas.
Con esta ley, el CNE se
convertirá en el único órgano encargado de regular, auditar, sancionar y
custodiar la información de las encuestas. No habrá espacio
para apelar sus decisiones, lo que ha encendido las alarmas en el sector.
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