REVUELO POR DENUNCIAS SOBRE CONGRESISTAS INVASORES DE TIERRAS

 

El Senador bolivarense Lidio García Turbay estaría en el entramado de poder que permite la apropiación de tierras públicas por parte de quienes crean las leyes.

 

En un país donde la tierra ha sido históricamente fuente de poder, riqueza y conflicto, la reciente revelación del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, sobre congresistas investigados por ocupación de predios baldíos, destapa una vez más las entrañas de un sistema que opera en las sombras. No estamos ante un simple caso de irregularidades administrativas; presenciamos la manifestación de un entramado de poder que ha permitido, durante décadas, que quienes crean las leyes sean precisamente quienes las evaden para beneficio propio.

Según lo reveló en las últimas horas el Portal de Noticias CORRUPCIÓN AL DIA La investigación, que ya había sido adelantada según revelaciones del periódico El Espectador, no es un hecho aislado. Representa la punta del iceberg de un mecanismo invisible que ha permitido la concentración de tierras en Colombia, uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la propiedad rural en América Latina. Los predios baldíos, que por ley deberían destinarse a campesinos sin tierra, han terminado en manos de poderosos, incluyendo a quienes tienen la responsabilidad de legislar para evitar precisamente este tipo de apropiaciones.

El anuncio realizado durante el consejo de ministros no solo pone en evidencia a los legisladores involucrados, sino que expone las grietas de un sistema diseñado para perpetuar privilegios. La promesa de «todas las garantías procesales» para que los congresistas expliquen la procedencia de sus tierras suena a una formalidad necesaria, pero insuficiente ante la magnitud del problema estructural que representa.

CONGRESISTAS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADOS:

·         Senador Marcos Daniel Pineda García, del Partido Conservador, con predio baldío en Cereté (Córdoba).

·         Senadora Liliana Esther Bitar, del Partido Conservador, con tres predios baldíos en Ciénaga de Oro y San Carlos (Córdoba).

·         Senador del Partido Liberal, Lidio García Turbay, con dos predios baldíos en San Juan Nepomuceno (Bolívar).

·         Representante a la Cámara, Ana Paola García Soto, del Partido de La U, con dos predios baldíos en Buenavista (Córdoba).

·         Representante a la Cámara, Carlos Cuenca Chaux, del Partido Cambio Radical, con predios baldíos en Puerto Carreño (Vichada).

·         Familiares de Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, con predio baldío en Vichada y Tolima.

·         Senador Juan Samy Merheg, del Partido Conservador, con predio baldío en Vichada y Valle del Cauca.

·         Representante a la Cámara, Luis Eduardo Díaz Mateus, del Partido Conservador, con predio baldío en Cerrito (Santander).

 

“Estos son los que ya están abiertos con identificación predial específica y con expediente. Evidentemente, estos congresistas tienen las garantías procesales para explicar de dónde es la procedencia de esa tierra”, agregó Harman.

Detrás de la sonrisa calculada y el discurso pulido de Marcos Daniel Pineda se esconde un maestro de la manipulación política y la apropiación indebida. Este senador conservador, quien fuera alcalde de Montería, ha perfeccionado el arte de la doble moral: mientras en público se presenta como defensor del orden y las tradiciones, en privado teje una red de intereses que le ha permitido acumular poder y riqueza a costa del patrimonio público. Afirma Corrupción al Dia.

 

Aunque el anuncio de la ANT ha generado expectativa sobre los nombres de los congresistas investigados, lo verdaderamente importante no son las identidades individuales, sino el sistema que han representado y del que se han beneficiado. La verdad oculta detrás de este caso va mucho más allá de quiénes son los investigados; lo fundamental es comprender cómo opera el mecanismo que les ha permitido apropiarse de tierras públicas.

El mecanismo es sofisticado pero efectivo: primero, se ocupan tierras en zonas remotas, aprovechando la débil presencia estatal; luego, se legalizan mediante diversos artificios jurídicos, desde la falsificación de títulos hasta la creación de empresas fachada; finalmente, se consolida la propiedad mediante influencias políticas que garantizan la impunidad. Todo esto mientras se legisla, paradójicamente, para evitar estas mismas prácticas.