El
robo de tierras, las construcciones piratas, las urbanizaciones clandestinas,
los despojos de campesinos y el concierto para delinquir entre funcionarios de
notarias, inspectores de policía, instrumentos públicos, grandes compradores y
hasta funcionarios de alcaldía, han encendido las alarmas en la Fiscalía
General de la Nación, ubicando su lupa en la zona norte de Cartagena, donde
esta situación es insostenible ya.
El
auge de loteos en construcciones campestres, donde ofrecen servicios públicos
inexistentes por parte de urbanizadoras de papel, ha empezado a preocupar las
autoridades competentes, porque el fenómeno va en aumento en zonas como
Turbana, Turbaco, Arjona, Clemencia, Santa Catalina, y sobre todo en
corregimientos de Cartagena como Bayunca, Pontezuela, Manzanillo del Mar, Punta
Canoa, Arroyo Grande y Arroyo de Piedra.
Lideres
defensores de campesinos y propietarios ancestrales como de tierras Enaldo
Tovar, y abogados litigantes como Héctor Pérez, directores de la SAE y ANT, han
presentado por lo menos 12 denuncias ante la Fiscalía contra Inspectores de
Policía de los corregimientos de zona norte, que en un abierto contubernio
ejercen favorecimientos a peligrosos terratenientes que han dispuesto hombres
armados para atemorizar a los habitantes de esas zonas ya mencionadas.
Lo
ocurrido en los últimos días en Barranquilla y Soledad donde fueron capturadas
17 personas entre notarios, exnotarios, abogados e inspectores de policía, ha
puesto en alerta a la Fiscalía sobre una idéntica situación en Cartagena y los
municipios de la zona norte; sobre todo el área de influencia donde se piensa
construir el nuevo aeropuerto, por lo cual no será extraño cuando en cualquier
momento se produzca una captura masiva al respecto.
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