Cuando un paciente muere esperando atención médica, cuando un hospital
cierra sus puertas por falta de recursos, o cuando un médico rural trabaja sin
los insumos básicos, pocos piensan en las cifras que la Contraloría
General acaba de confirmar: $11 billones de pesos del
sistema de salud colombiano están «embolatados» —por usar un
eufemismo—. En realidad, han sido sistemáticamente saqueados mientras millones
de colombianos siguen esperando por una atención digna. Así lo afirma en un
informe especial CORRUPCIÓN AL DIA.COM.
La magnitud del desfalco resulta abrumadora: 522 procesos
abiertos, 111 imputaciones por daños al patrimonio público
y 41 fallos de responsabilidad fiscal por $542 mil
millones de pesos contra varias Empresas Promotoras de Salud
(EPS). Traducido al lenguaje cotidiano: dinero que debía comprar
medicamentos, pagar médicos y salvar vidas, terminó en los bolsillos de quienes
juraron administrar con transparencia los recursos de la salud.
LA ANATOMÍA DE UN DESFALCO PLANIFICADO
«Los recursos deberían estar obligatoriamente
resguardados bajo las reservas técnicas; sin embargo, solo hay 6 billones en 4
o 5 EPS, el resto lo han desaparecido«, señala Vicente Calvo, uno de los expertos que lleva años
advirtiendo sobre este colapso anunciado. No estamos ante un simple error
administrativo o una mala gestión financiera: enfrentamos un esquema
deliberado que ha carcomido los cimientos del sistema.
La Contraloría ha logrado recuperar apenas $185.080
millones de pesos, menos del 18% del presunto desfalco. Para dimensionar la
tragedia, piense en esto: los hospitales públicos de varias regiones podrían
haber sido completamente renovados, miles de especialistas contratados y
millones de tratamientos garantizados con esos recursos que ahora son apenas un
asiento contable en expedientes judiciales.
EL MITO DE LA UPC INSUFICIENTE
Las EPS han construido durante años una narrativa
conveniente: «El Gobierno no nos da suficiente dinero para
operar». La Unidad de Pago por Capitación (UPC),
ese valor que reciben por cada afiliado, supuestamente no alcanza para cubrir
los servicios. Sin embargo, la Contraloría acaba de desnudar
esta falacia: muchas EPS entraron al sistema «sin el músculo financiero suficiente, ni las
reservas técnicas con que debe contar cualquier entidad que se dedique al
aseguramiento«.
Más
grave aún: aproximadamente $6
billones de pesos de la UPC, que debían
destinarse a reservas técnicas para garantizar la prestación de servicios,
fueron desviados para pagar deudas antiguas, algunas con más de 13 años de
antigüedad. Mientras tanto, otros $5
billones se pagaron a IPS FANTASMAS «sin facturas
ni soportes«.
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