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AL DIA.COM, asociado a ONA (ONE LINE ASOCIATION) e Investigative Reportes & Editor IRE, realizó graves denuncias
contra las Corporaciones Autónomas Regionales en Colombia, las cuales según el
medio han sido vendidas como guardianes
del medio ambiente. Sin embargo, en la práctica, muchas de ellas se han
transformado en fortines políticos y cajas menores para los clanes de la
corrupción. Cardique, la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique, es un ejemplo vivo de cómo los intereses oscuros se entretejen con
la gestión de los recursos públicos, desviándolos de su propósito original:
proteger el entorno natural. Su última movida en la licitación para la
recuperación del Laguito en Cartagena es un caso de manual de cómo se
manipula la normatividad ambiental para favorecer a contratistas con conexiones
políticas; señala corrupcionaldia.com.
Licencias
ambientales a la medida del mejor postor
El Decreto 2820 de 2010 establece con claridad que cualquier proyecto de
impacto ambiental debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el
cual es requisito indispensable para la obtención de una licencia ambiental. A
pesar de esto, Cardique desestimó la experiencia de un proponente que había
participado en la obtención de licencias ambientales, alegando que dicha
experiencia no era válida. ¿El resultado? La adjudicación de la licitación a
una empresa antioqueña con vínculos poco claros, dejando fuera a una empresa
que contaba con la trayectoria técnica requerida.
Enfatiza corrupcionaldia.com que
este acto no es un error aislado ni una simple omisión. Es una estrategia
calculada para direccionar contratos hacia empresas afines a ciertos intereses
políticos y económicos. Cardique no está actuando como garante de la normativa
ambiental, sino como facilitador de un juego sucio donde el dinero importa más
que la legalidad y la transparencia.
Cardique:
Entre el negocio y el desastre ambiental
La pregunta que queda flotando es: ¿A quién sirve realmente Cardique?
Porque está claro que no es ni a la naturaleza ni a las comunidades. La falta
de transparencia en sus procesos licitatorios y su interpretación arbitraria de
la ley demuestran que esta corporación es, ante todo, un nido de clientelismo.
La gestión ambiental ha pasado a segundo plano, mientras que las conexiones
políticas y la repartición de contratos se han convertido en la prioridad real.
Advierte este grupo de investigaciones periodísticas de profundidad, que
mientras tanto, la comunidad y los ecosistemas siguen siendo las víctimas
silenciosas. La recuperación del Laguito, una necesidad ambiental urgente, se
convierte en otra oportunidad para que los corruptos desangren los fondos
públicos, asegurándose de que el dinero pase de la caja estatal a sus bolsillos
privados sin que la obra se haga o se haga a medias.
Conclusión:
¿Hasta cuándo el saqueo ambiental?
Cardique y muchas otras CAR del país han demostrado que no están
diseñadas para la protección ambiental, sino para la expansión de redes de
corrupción. El caso de la licitación del Laguito es solo una muesca más en el
cinturón de desfalcos que, disfrazados de gestión ambiental, continúan
devastando no solo los ecosistemas, sino también la confianza de la ciudadanía
en las instituciones.

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Y mientras tanto los organismo de control, bien y ud que tal?
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