La iniciativa permite una
articulación técnica y social de las ESP y las autoridades.
El acuerdo promueve el contacto con la comunidad
y la promoción de mejores hábitos en el uso de los servicios y la
confiabilidad.
Las empresas de servicios públicos Surtigas,
Afinia y Aguas de Cartagena, en compañía de las autoridades firmaron un acuerdo
interinstitucional con el objetivo de minimizar los fraudes en los servicios
públicos, y promover la cultura de la legalidad, para que los usuarios tengan
servicios públicos de más calidad,
La alianza contó con la presencia de los tres
gerentes de la compañía, quienes desde hace 6 meses lideran esta iniciativa a
la que vincularon a la fiscalía general de la Nación y la Policía Nacional,
para trabajar en conjunto y combatir delitos que impactan negativamente la
confiabilidad del servicio y ponen en riesgo la seguridad de la comunidad.
La jornada incluyó la firma del documento
oficial que sella este compromiso interinstitucional que estará acompañado de
acciones operativas y de relacionamiento con los grupos de interés y las
comunidades, para movilizar mensajes y acciones también relacionados con el uso
eficiente de los servicios públicos esenciales para la vida de los ciudadanos y
las personas que visitan la región.
Contar con servicios públicos de calidad tiene
un alto impacto en la competitividad de las ciudades, genera confianza y da una
imagen de progreso y seguridad por eso es tan importante que esta alianza se
nutra paulatinamente con el apoyo de las administraciones y los líderes del
territorio como validadores de esta iniciativa en la que el uso legal de la
energía, el gas y el agua es un cambio positivo para Cartagena y Bolívar, afirmaron
los anfitriones del evento.
INDICADORES
Y ACCIONES
El gerente general de Acuacar, JOHN MONTOYA CAÑAS, aseguró que, en las
plantas de tratamiento de Aguas de Cartagena, se producen cerca de 8 millones
200,000 m³ para atender la demanda de toda la ciudad con 310,000 usuarios. “Sin
embargo, de esa producción el 40% representa pérdidas técnicas y comerciales y,
teniendo en cuenta el costo de referencia, el impacto sería del orden de los
5.000 millones de pesos mensuales", sostuvo.
Recalcó que ese porcentaje de agua no
contabilizada mencionado, no se factura debido a los fraudes y a las
organizaciones criminales que se encargan de promover que los usuarios realicen
conexiones fraudulentas y manipulaciones a los medidores. "Este es el trabajo arduo
que tenemos que hacer nosotros", precisó.
Para el caso de energía, JHON JAIRO GRANADA GIRALDO, gerente de Afinia, explicó que a
finales de 2024 y enero de 2025, se reportaron 31 incidentes de hurto,
incluyendo 14 casos de robo de cable, 16 incidentes dentro de instalaciones y
un caso de hurto de infraestructura. En total, más de 10.230 metros de cable
han sido sustraídos, afectando la estabilidad del servicio de energía
eléctrica.
En cuanto a la defraudación de energía, se
estima que en 2024 las pérdidas ascendieron a 414 mil millones de pesos en el
área de cobertura de Afinia, con el departamento de Bolívar registrando el
indicador más alto (28,5%), y el sur del departamento con 48,39% de pérdidas.
Estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y
judicialización, concluyó Granada
Compromiso con la legalidad
Las empresas participantes reafirmaron su
compromiso con esta alianza, que permitirá una mejor coordinación con las
autoridades, promoviendo acciones de seguridad, judicialización de delitos y
sensibilización en la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el
acceso a los servicios.
NORMATIVIDAD
VIGENTE
El artículo 256 del Código Penal Colombiano
establece sanciones severas para quienes incurran en la defraudación de
fluidos, con penas de hasta 72 meses de prisión y multas de hasta 150 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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