Por AMYLKAR ACOSTA MEDINA - www.amylkaracosta.net
Después de la
tempestad viene la calma. Luego del fragor de la contienda electoral para
elegir democráticamente al sucesor del Presidente Gustavo Petro Urrego, desde
el 7 de agosto asumió la conducción de los destinos nacionales, el Presidente
Abelardo De la Espriella, con sus propuestas y propósitos disruptivos con
respecto a los de su antecesor. Ello significará un giro de 180 grados en la
política pública, así se infiere de su programa de gobierno, el cual, muy
seguramente, con la coadyuvancia del nuevo Congreso de la República, se
plasmarán en el Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030.
¡Hacemos votos
por el buen suceso de su administración, porque si le va bien a él le ira bien
al país y a todos los colombianos!
Entre el
expresidente Gustavo Petro Urrego y el presidente de la República Abelardo De
la Espriella hay profundas diferencias, uno y otro tienen talantes y estilos
diferentes, dos visiones, son polos opuestos, pero por encima de sus
diferencias tiene que prevalecer la institucionalidad, que no se puede
confundir con el statu quo. El relevo en la Presidencia de la República marca
algo más que un cambio de gobernante.
Representa el
tránsito entre dos estilos de ejercer el poder, dos visiones de la política y
dos extremos ideológicos que han protagonizado buena parte de la intensa
polarización que ha vivido Colombia en los últimos años.
De un lado,
una concepción del poder sustentada en la confrontación, en la movilización
social como instrumento de gobierno y en una visión de cambio estructural que,
en no pocas ocasiones, terminó tensionando la relación entre el Ejecutivo y las
demás ramas del poder, así como con los órganos de control. Del otro, emerge
una visión distinta, que reivindica el orden, la autoridad, la iniciativa
privada y una orientación política ubicada en el extremo opuesto del espectro
ideológico.
Son, en
consecuencia, dos maneras muy diferentes de entender y abordar el ejercicio del
poder y la conducción del Estado. Pero hay algo que debe estar por encima de
ambas: el respeto por la institucionalidad. Porque la democracia no consiste
solamente en el acto de elegir a quien gobierna. Consiste, sobre todo, en que
quien resulte elegido gobierne dentro de las reglas de juego preestablecidas,
respete y haga respetar la Constitución, garantice la separación de poderes y
entienda que las instituciones están llamadas a sobrevivir a los gobiernos de
turno. El gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre
la legitimidad de origen y la legitimidad del ejercicio del poder, la cual
se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno”.
El Presidente
de la República no es el Presidente de quienes votaron por él. Es el Presidente
de todos los colombianos y de acuerdo con la Constitución Política es además el
Jefe de Estado, Jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, al tiempo
que su investidura simboliza la unidad nacional. Y esa condición obliga a
gobernar para todos, a escuchar incluso a quienes discrepan, a buscar y propiciar
consensos y a superar el antagonismo que convierte al adversario político en
enemigo.
Colombia no
necesita pasar de un extremo al otro. Necesita recuperar el centro de gravedad
de la democracia: el Estado de derecho, la separación de poderes, el respeto
por las instituciones y la búsqueda de acuerdos nacionales sobre aquello que es
fundamental para el presente y el futuro del país. En la democracia no hay
cabida para el mayoritarismo.
Los estilos de
gobierno cambian, mutan, con el relevo en el mando que tiene lugar cada cuatro
años. Las ideologías pueden alternarse en el poder. Los presidentes llegan y
pasan. Las instituciones, en cambio, permanecen. Y esa es, finalmente, la gran
prueba de fuego del relevo presidencial: que el cambio de gobierno no
signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de
que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la
alternancia y saber procesar las diferencias.
El verdadero
triunfo de la democracia no es que gane una ideología sobre otra,
avasallándola. Es que, cualquiera que sea el gobierno de turno, prime la
institucionalidad, que el cambio de
gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la
demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para
garantizar la alternancia sin mayores traumatismos.
Y este no es
un concepto abstracto: se expresa en la independencia de la justicia, en el
respeto por el Congreso, en la libertad de prensa, en la autonomía de los
órganos de control y en la certeza de que ninguna voluntad política, por
mayoritaria que sea, está por encima de la Constitución. En tiempos de
polarización, defender las instituciones no es una postura neutral: es una
decisión democrática fundamental. Porque cuando ellas se debilitan lo que se
fortalece no es un proyecto político, sino la incertidumbre, la desconfianza y
la inestabilidad.
Por eso, más
allá de los discursos y las arengas, de las diferencias ideológicas o de los
estilos personales de gobierno, el verdadero legado de cualquier administración
debería medirse en su capacidad de fortalecer, respetar y no erosionar el
entramado institucional del país.
Solo así la
alternancia en el poder dejará de ser una fuente de incertidumbre,
inestabilidad y tensión permanentes y se convertirá en lo que debe ser en una
democracia madura: un ejercicio normal, previsible y respetuoso del orden
constitucional. En últimas, ese es el desafío de Colombia: que ningún proyecto
político, por legítimo que sea en su origen, pretenda estar por encima de las
reglas que nos unen como Nación.
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