El Consejo Gremial de Bolívar, la voz
unificada del sector gremial y empresarial en la región. Reune a los
principales gremios, asociaciones y fundaciones empresariales para impulsar
el desarrollo sostenible de Cartagena y Bolívar; presentó una ponencia muy
contundente sobre la poca información y las libertades extremas que se están
dando alrededor del proyecto de acuerdo del nuevo empréstito de 150 mil millones
para la ciudad.
La ponencia conocida FRENTE A
FRENTE, dice tajantemente. ” El Concejo Distrital no debe autorizar
un crédito sin establecer un claro lineamiento sobre la destinación de estos
recursos. Y si hoy la ciudad tiene que escoger una prioridad para estos
recursos, esa prioridad es el agua.
No
venimos a oponernos al crédito. Los indicadores que presenta la propia
Secretaría de Hacienda muestran que el Distrito tiene capacidad de pago: el
indicador de solvencia alcanzaría un máximo de 24,17 % en 2028, frente a un
límite legal de 60 %, y el de sostenibilidad llegaría a 74,52 % en 2027, frente
a un límite de 100 %. La calificación AA (col) otorgada por Fitch Ratings en
mayo de este año respalda la solidez crediticia de la ciudad. La pregunta,
entonces, no es si Cartagena puede tomar este crédito, sino qué va a financiar
con él.”
Señalan cinco
puntos salvadores o mediadores para tener en cuenta en el Concejo Distrital,
totalmente arrodillado al alcalde Dukmek:
·
Los gremios unidos como ANDI Bolívar y Fenalco
Bolívar
·
Camacol Bolívar y Cotelco Cartagena y Bolívar
·
Acopi Bolívar y la Lonja de Cartagena y Bolívar
·
Asonáutica y Fendipetróleo
·
Fundación Grupo Argos y la Fundación Santo Domingo
1. Una autorización
sin destino no es la mejor forma de cuidar las finanzas de la ciudad
El
artículo primero del proyecto autoriza contratar hasta $150.000 millones para
financiar “cualquier proyecto o macroproyecto” del Plan de Desarrollo Cartagena
Ciudad de Derechos 2024–2027. La exposición de motivos analiza con detalle la
capacidad de pago, pero no identifica una sola obra a financiar. El Concejo
estaría autorizando una deuda que pagarán las próximas administraciones —con un
plazo de hasta quince años y con la pignoración del predial, el ICA y los
dividendos de Aguas de Cartagena, entre otras rentas— sin saber en qué se va a
invertir. Pedimos que el acuerdo defina en su articulado la destinación de los
recursos.
2. El margen fiscal
existe, pero se estrecha
Este
no es el primer crédito del cuatrienio. Sobre el cupo de $1,5 billones
autorizado por los Acuerdos 147 y 160 de 2024 se proyectan desembolsos de
$803.384 millones en 2026 y de $589.154 millones en 2027. Con el nuevo cupo,
los intereses de la deuda pasarían de $93.829 millones en 2026 a $287.202
millones en 2027 y a $358.052 millones en 2028, y la relación entre superávit
primario e intereses tendría su margen más estrecho en 2027, con 109 %. Todo
está dentro de la ley. Pero cada peso adicional de deuda tiene que ir a lo
indispensable, a aquello de lo que depende todo lo demás.
3. El agua es la
condición de todo lo demás
Aguas
de Cartagena ha informado que sus plantas operan al máximo de su capacidad de
producción y que pueden presentarse intermitencias y bajas presiones. El pasado
1 de octubre, una avería en una conducción de agua cruda dejó sin servicio al
40 % de los usuarios. No afirmamos que una planta más grande hubiera evitado
esa avería; afirmamos que una ciudad sin margen operativo convierte cada
incidente, cada sequía y cada aumento de la demanda en una crisis. Cartagena
necesita más capacidad, más redundancia y más resiliencia, junto con
mantenimiento, redes seguras y reducción de pérdidas. La falta de capacidad
también se refleja en las factibilidades. Según la información compilada por
CAMACOL Bolívar, hay 67 solicitudes de factibilidad negadas, equivalentes a
29.134 viviendas, y otras 125 condicionadas a obras, asociadas a 106.155
viviendas equivalentes. Esas cifras miden demanda potencial, no viviendas
listas para construirse; pero muestran un cuello de botella en el que hoy están
represados empleo, vivienda, inversión y también ingresos futuros para el
propio Distrito. Además, ampliar la producción de agua protege a los hogares
que ya tienen el servicio, a los hospitales y colegios, al comercio, al turismo,
al puerto y a la industria.
4. Nuestra propuesta:
priorizar la ampliación de la PTAP El Cerro, sin sacrificar a Barú
El
señor Alcalde ha dicho que llevar agua potable a Barú es innegociable, y lo
respaldamos. Proponemos conservar íntegros los $45.000 millones previstos para
esa obra y destinar los $105.000 millones restantes del cupo a las dos obras
inmediatas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Cerro:
•
Segundo
módulo de tratamiento, con 52.000 m³/día de capacidad nominal adicional: $74.658
millones.
•
Refuerzo
de la aducción de agua cruda EBAC Piedrecitas–El Cerro: $30.050 millones.
Las
dos obras suman $104.708 millones y deben ir juntas: no sirve tratar más agua
si no hay cómo llevar el agua cruda hasta la planta. Sumadas a Barú, la distribución
sería de $149.708 millones, dentro del cupo solicitado. En efecto, ampliar El
Cerro no compite con el acueducto de Barú: lo hace posible. Sin suficiente agua
tratada, presión y conducción, la inversión en Barú corre el riesgo de no
rendir lo que promete y de aumentar la presión sobre el servicio del resto de
la ciudad.
En
el entre tanto, en agosto, la Alcaldía anunció un programa de $120.000 millones
con el Banco Interamericano de Desarrollo que incluiría las obras de agua para
Barú. Si esa obra ya cuenta con financiación propia, debe aclararse para no
contar dos veces la misma fuente, y los recursos liberados deberían dirigirse a
la conducción Tenaris–Puente Turbaco, estimada en $42.000 millones. En
cualquiera de los dos escenarios la producción de agua potable debe tener una
participación expresa, significativa y verificable en este crédito.
5. Que la
autorización venga con reglas de ejecución
El
cupo debe contratarse a más tardar el 31 de diciembre de 2027, es decir, dentro
de esta administración. Para que los recursos se traduzcan en metros cúbicos y
no solo en desembolsos, para ellos proponemos que el acuerdo exija:
•
Proyectos
formulados y viabilizados, con cronograma, entidad ejecutora y mecanismo de
transferencia de recursos definidos antes de cada desembolso.
•
Interventoría
independiente de las obras.
•
Un
informe trimestral al Concejo y a la ciudadanía sobre desembolsos, contratación
y avance físico de cada obra.
Pero ese es el
gran problema. El Emperador Dumek I no acepta cuestionamientos, como tampoco
como buen dictador no entrega cuentas a nadie ni da explicaciones sobre la forma
como se invierten, gastan y malversan los fondos del fisco. El Emperador Dumek
I y su presunto ejército de 200 abogados aproximadamente, frenan todo, archivan
todo, e imponen la censura judicial a los derechos de petición y solicitudes colectivas. Esperareos ahora la exigencia de retractación que siempre envian sus abogados encabezados por su jefe juridico Milton José Pereira, y la oficina satelite de Grupo Area
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