Por FRANCISCO JAVIER MARRUGO ZAMBRANO
Asumir
la conducción de una economía de mercado parece ser una de las grandes batallas
que una parte de la izquierda latinoamericana todavía se resiste a ganar.
Después de décadas de luchas sociales, conquistas democráticas y avances en
materia de derechos, persiste una contradicción difícil de justificar: mientras
reclama para sí la defensa de los trabajadores, la igualdad de oportunidades y
el bienestar colectivo, con frecuencia observa con desconfianza la empresa
privada, la acumulación de riqueza y el emprendimiento como instrumentos
legítimos para alcanzar esos mismos objetivos.
El
problema no consiste en reconocer que el mercado tiene limitaciones, sino en
suponer que esas limitaciones obligan a renunciar a sus posibilidades. Las
economías de mercado pueden generar concentración de la riqueza, monopolios,
desigualdades, precariedad laboral y exclusión. Pero ninguna de estas
realidades debe conducirnos a concluir que la única alternativa consiste en
sustituir el mercado por una economía dominada integralmente por el Estado. La
verdadera discusión está en cómo construir instituciones democráticas capaces
de regular el poder económico, garantizar derechos sociales, promover la
competencia y distribuir de manera más equitativa los beneficios del crecimiento.
La
cuestión de fondo es si la izquierda latinoamericana está dispuesta a demostrar
que puede conducir una economía de mercado mejor que sus adversarios, capaz de
convertir el crecimiento económico en prosperidad compartida, movilidad social
y bienestar para las mayorías.
EL
RIESGO DE REGALAR EL LIDERAZGO ECONÓMICO.
Cuando
las fuerzas progresistas dejan de lado la discusión sobre la productividad, la
inversión y la creación empresarial, pueden terminar cediendo a sus adversarios
una parte decisiva de la conducción económica. Esa cesión no ocurre
necesariamente porque la derecha tenga respuestas superiores para todos los
problemas económicos, sino porque puede ocupar el espacio que dejan quienes
renuncian a presentar una alternativa sobre cómo generar riqueza, aumentar la
competitividad y mejorar los ingresos de la población.
De
ese modo, el debate público corre el riesgo de reducirse a una falsa elección:
o se acepta sin reservas la agenda económica de la derecha, o se desconfía de
los mercados y se limita la iniciativa privada. Esta perspectiva permitiría que
el progresismo participe en la discusión económica con propuestas propias, en
lugar de limitarse a reaccionar ante las iniciativas de sus adversarios.
La
pregunta no debería ser si el Estado o el mercado deben tener toda la razón,
sino cómo organizar ambos para elevar la productividad, reducir las
desigualdades, ampliar la libertad y garantizar que el crecimiento beneficie al
conjunto de la sociedad.
Una
agenda de desarrollo incluyente debe abrir oportunidades para que las
comunidades históricamente excluidas sean propietarias de empresas, participen
en proyectos industriales, desarrollen capacidades tecnológicas y accedan a los
espacios de decisión económica.
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