Con mucho regocijo y beneplácito fue recibido por los estamentos
universitarios de la ciudad, el anuncio hecho el pasado fin de semana por el
Rector de la Universidad de Cartagena WILLIAN MALKÚN CASTILLEJO, sobre
una noticia de gran importancia para la comunidad universitaria del Alma Mater,
luego que el Consejo de Estado declarara como cosa juzgada la demanda que
ordenaba el pago de más de 50 mil millones de pesos a la empresa
Ecopetrol, como devolución de impuestos cobrados indebidamente.
Desde diciembre de 2024, el funcionario había anunciado a la comunidad
universitaria y a la opinión pública en general que la Corte Constitucional,
mediante una sentencia de unificación, habían resuelto de fondo la controversia
entre la Universidad de Cartagena y Ecopetrol, y ordenó al Consejo de Estado la
expedición de un fallo de reemplazo atendiendo la existencia de la cosa
juzgada.
Este 16 de junio, la Universidad recibió la notificación de la sentencia
del Consejo de Estado como máximo órgano de la justicia contenciosa
administrativa declarado mediante un acto judicial la existencia de la cosa juzgada y pone fin de
manera definitiva a esta controversia jurídica.
Para el Rector, se cierra un capítulo que acompañó a nuestra institución
durante casi dos décadas y que generó incertidumbre sobre su futuro. Este
cierre significa que la Universidad de Cartagena puede mirar hacia adelante con
tranquilidad; además demuestra que la actuación de la universidad ha sido
ajustada a la ley.
Puntualizó Malkún Castillejo, “nuestro compromiso sigue siendo la defensa de la
Universidad como patrimonio público de la Nación; por ello concentramos todos
los esfuerzos en lo que verdaderamente importa: fortalecer la educación
pública, ampliar oportunidades para nuestros estudiantes y seguir construyendo
la universidad que merece Cartagena, Bolívar y el Caribe colombiano”.
El hecho se inició en junio de 2023, cuando el Consejo de
Estado ordenó a la Universidad de Cartagena devolver este dinero, pagado
por Ecopetrol, por concepto de la estampilla, por cobro indebido.
Todo porque la Universidad había demandado a la petrolera por no pagar
esos recursos, que finalmente hizo, por su actividad exportadora de petróleo
desde el Puerto de Cartagena, y de la que finalmente se definió que no estaba
sujeta al pago del impuesto.





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