Las elecciones legislativas terminaron.
Cerca de las diez de la noche, y gracias al preconteo, Colombia ya conocía un
mapa general de cómo quedaron conformadas las bancadas tanto del Senado como de
la Cámara de Representantes. Sin embargo, allí, en algunos escaños, quedaron
sentados varios políticos con serios cuestionamientos: algunos judiciales,
otros sociales y de presunto uso de maquinarias políticas. Así lo reveló el
periódico El Colombiano en un informe especial.
DAVID RACERO: El 6 de marzo, solo dos días
antes de las elecciones, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia citó a David Racero a indagatoria para responder por el
presunto delito de concusión. De hecho, justo hoy, 9 de marzo, tendrá
lugar aquella conversación. A pesar de eso, Racero tiene asegurado un puesto en
el Senado para el periodo 2026-2030.
El proceso judicial que adelanta la Corte busca esclarecer
si el congresista habría utilizado de manera irregular a integrantes de su
Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para asuntos relacionados con ese negocio
particular, así como si existieron presiones para que colaboradores realizaran
consignaciones de dinero a sus cuentas.
WILMER CARRILLO: Encabeza
dos titulares en este último mes: los más recientes celebran que el Norte de
Santander mantuvo representantes en el Congreso para 2026-2030; los de hace
tres semanas recuerdan que en su contra aún hay abierto un proceso en la Corte
Suprema de Justicia por presunta responsabilidad en delitos como:
tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de
contratos y peculado por apropiación.
DIDIER LOBO: Congresista de Cambio Radical,
también está sobre los escritorios de la Corte Suprema de Justicia. Su caso se
remonta hacia el periodo de 2011-2014, cuando fue alcalde de La Jagua de
Ibirico, Cesar. Durante ese tiempo, según la indagación preliminar, se registró
un supuesto incremento patrimonial injustificado del congresista y
su núcleo familiar.
El proceso se abrió en 2024, cuando llegó la denuncia. Y
es que, según los documentos del caso, el aumento en los bienes y activos de
Lobo y su familia no sería acorde con sus ingresos legítimos. El Alto Tribunal
indaga si el excedente de dinero provino de ingresos relacionados con
actividades ilícitas, puesto que Jagua de Ibirico es un municipio que obtiene
millonarios ingresos por explotación de carbón.
El congresista WADITH MANZUR ( con fuertes nexos en
Bolívar), actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia en el
marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), llegará al Senado tras obtener más de 125.000
votos.
Al político cordobés se le indaga por presuntamente actuar
como “vocero” para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de favores
legislativos para el Gobierno. Es investigado por los delitos de
cohecho impropio e interés indebido en celebración de contratos.
La Corte analiza distintas pruebas, incluidos chats
extraídos del celular de Benavides, que sugerirían intentos de comprar votos de
miembros de la Comisión de Crédito Público del Congreso, instancia en la que
Manzur tendría una influencia determinante.
MARTHA PERALTA: Logró salir elegida para el
Senado en representación de la Circunscripción Nacional Indígena. Sin embargo,
su celebración se vio opacada por ciudadanos e internautas que no olvidan la
mención de su nombre en los testimonios clave del entramado de corrupción de la
UNGRD.
La audiencia de imputación de cargos contra los
eximinstros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando
Velasco, dejó al descubierto la presunta participación de la senadora
Martha Peralta (Pacto Histórico) en la repartija de contratos en el Congreso
para la aprobación de reformas del Gobierno del presidente Gustavo
Petro.
Este lunes la Fiscalía les imputó a los exministros por
los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en
celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Lo que ambos comparten en
común, además del proceso, es que en varios de sus testimonios han mencionado a
Peralta.
ÁLEX FLÓREZ: Senador que es objeto de una
investigación penal en la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos
relacionados con presunto lavado de activos, concusión y posibles
irregularidades en documentos. El expediente está bajo la
responsabilidad de la magistrada Cristina Lombana desde el 2024, y será ella
quien deberá adelantar la etapa de indagación previa a una eventual indagatoria
del congresista.
Flórez llegó al Senado por primera vez en 2022 dentro de
la lista cerrada del movimiento político liderado por Gustavo Petro y ha sido
cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Ahora, en 2026, se prepara
para otros 4 años legislativos, pero lo persiguen varios señalamientos.
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